El ministro de Desregulación quedó en el centro de las críticas internas después del conflicto con los prácticos y del fracaso del capítulo sobre tierras. Sin embargo, el problema excede a un funcionario: cuando la economía no mejora para las mayorías, las reformas sin beneficios visibles dejan de parecer audaces y comienzan a verse como caprichos.
Federico Sturzenegger se convirtió en el funcionario al que muchos integrantes del Gobierno responsabilizan, en conversaciones reservadas, por algunos de los últimos tropiezos políticos de la administración de Javier Milei.
Las críticas se multiplicaron después del conflicto con los prácticos que paralizó parte del comercio exterior y del fracaso oficialista en su intento de flexibilizar los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
El malestar habría alcanzado también a Karina Milei y a miembros de la mesa política gubernamental. El Presidente, en cambio, continúa respaldando al ministro y su programa desregulador.
Es tentador presentar a Sturzenegger como el responsable de todos los problemas recientes. También es conveniente para un gabinete que necesita encontrar un fusible. Pero el ministro no modificó sustancialmente su manera de actuar: continúa buscando regulaciones, leyes y procedimientos que considera innecesarios para eliminarlos o transformarlos.
Lo que cambió fue el contexto.
Cuando la imagen presidencial era elevada y la sociedad conservaba grandes expectativas sobre el programa económico, cada desregulación podía anunciarse como un golpe contra la burocracia. Ahora, con una recuperación desigual y un creciente malestar social, las mismas iniciativas son examinadas con menos indulgencia.
De reformador celebrado a funcionario cuestionado
Durante la primera etapa del Gobierno, Sturzenegger fue presentado como uno de los principales arquitectos intelectuales de la transformación libertaria. Su tarea consistía en revisar el funcionamiento del Estado, identificar restricciones y abrir mercados protegidos.
Cada derogación era comunicada como una pequeña victoria contra la “casta”. La cantidad de normas eliminadas funcionaba como una medida del avance reformista.
El ministro contó con el respaldo explícito de Milei incluso cuando se enfrentó con grandes grupos empresarios. Sus cruces con Techint fueron celebrados como una demostración de que el oficialismo no protegía intereses particulares y estaba dispuesto a defender la competencia.
Sin embargo, la desregulación dejó de transitar únicamente por los grandes debates económicos. Comenzó a involucrar actividades y normas cuyos efectos no siempre fueron explicados con claridad: el mercado editorial, los servicios de practicaje, los controles sobre la propiedad rural y diferentes procedimientos administrativos.
La eliminación de una regulación puede ser correcta desde el punto de vista teórico. Pero gobernar exige anticipar sus consecuencias prácticas, evaluar quiénes serán afectados y diseñar una transición que evite daños mayores que los beneficios buscados.
La desregulación no debería convertirse en un objetivo independiente de sus resultados.
El conflicto que frenó los barcos
Uno de los episodios que más irritación generó dentro del Gobierno fue la medida de fuerza de los prácticos encargados de guiar el ingreso y la salida de los buques.
El conflicto se originó después de una modificación regulatoria impulsada por Sturzenegger. La protesta paralizó movimientos portuarios y provocó una creciente concentración de embarcaciones en la desembocadura de los ríos Paraná y Uruguay.
El mapa del Río de la Plata comenzó a mostrar decenas de barcos detenidos o a la espera de poder continuar su recorrido. El impacto potencial alcanzaba exportaciones, importaciones, combustibles y diferentes cadenas logísticas.
La imagen resultaba especialmente contradictoria para un gobierno que busca reducir costos y facilitar el comercio. Una reforma destinada a liberalizar una actividad había generado, al menos transitoriamente, un cuello de botella que amenazaba con paralizarla.
La crisis obligó a intervenir a Karina Milei y a otros miembros de la conducción política para encontrar una salida.
No significa que el sistema anterior de practicaje fuera perfecto ni que no requiriera cambios. El interrogante es si la reforma fue elaborada con suficiente conocimiento operativo y si se anticipó la reacción de quienes controlan una actividad esencial para el comercio exterior.
Cambiar una norma sin comprender todo el sistema que depende de ella puede resultar más costoso que mantenerla durante el tiempo necesario para organizar una transición.
La batalla innecesaria por las tierras
El segundo tropiezo se produjo con el intento de ampliar del 15% al 25% el límite permitido para la propiedad extranjera de tierras rurales.
La modificación había sido incluida inicialmente en el Decreto 70/2023, pero ese tramo fue frenado judicialmente. El Gobierno decidió retomarla dentro del proyecto destinado a reforzar la inviolabilidad de la propiedad privada.
El argumento desregulador sostenía que las restricciones podían desalentar inversiones o impulsar a empresas extranjeras a utilizar intermediarios para adquirir campos.
Sin embargo, dentro del propio oficialismo no aparecieron pruebas claras de que existiera una demanda significativa de inversores perjudicados por el límite vigente. El cupo solo estaría alcanzado en unos pocos municipios y tampoco se presentó un proyecto productivo de gran escala que dependiera de la reforma.
Durante el gobierno de Mauricio Macri se había considerado una modificación semejante para promover inversiones forestales y papeleras en la Mesopotamia. En aquella ocasión existía al menos un objetivo sectorial concreto.
Esta vez, el Gobierno abrió una discusión sensible sobre soberanía, recursos naturales, fronteras y propiedad rural sin explicar con precisión qué problema intentaba resolver.
La reacción social y política fue inmediata. El término “extranjerización” dominó la conversación y el oficialismo debió retirar ese capítulo para preservar el resto del proyecto.
Una iniciativa destinada a proteger la propiedad privada terminó debilitada por incorporar una modificación que no era indispensable para su objetivo central.
Soluciones para problemas que nadie percibe
El episodio expuso una dificultad recurrente. El Gobierno dedica capital político a resolver cuestiones que no figuran entre las principales preocupaciones de la población.
Las familias están inquietas por los salarios, el empleo, la inseguridad, el costo de los servicios y la dificultad para sostener el consumo. Frente a esa agenda, discutir nuevos porcentajes de propiedad extranjera o complejas normas de practicaje puede parecer una distracción.
Esto no significa que las reformas estructurales deban limitarse a los temas populares. Un gobierno también debe ocuparse de cuestiones técnicas que la mayoría desconoce. Pero necesita establecer prioridades y explicar por qué cada cambio es necesario.
Cuando una reforma fracasa y nadie consigue identificar con claridad el beneficio que habría producido, aparece la sensación de que se buscó una solución para un problema inexistente.
La desregulación tiene sentido cuando simplifica la vida de las personas, reduce costos, mejora la competencia o elimina privilegios. Si solamente cambia normas para cumplir con una idea abstracta, corre el riesgo de transformarse en otra forma de burocracia: la burocracia de eliminar burocracia.
El contexto económico amplifica los errores
Los tropiezos políticos tienen consecuencias diferentes según el momento en el que ocurren.
Durante una etapa de crecimiento, mejora de los ingresos y optimismo social, una equivocación regulatoria puede ser tolerada. Cuando los salarios pierden poder adquisitivo y aumenta la preocupación por el trabajo, cada error adquiere una dimensión mayor.
Un estudio del Barómetro de las Religiones y las Creencias de la Universidad de Buenos Aires mostró que el 35,5% de los argentinos acudió durante el último año a instituciones religiosas buscando algún tipo de ayuda.
Aunque muchos mencionaron razones espirituales, una proporción considerable reconoció haber necesitado asistencia alimentaria, económica o laboral. Aproximadamente 16 de cada 100 consultados recurrieron a una iglesia empujados por una carencia material.
El dato refleja una realidad que ninguna discusión técnica puede ocultar. Mientras el Gobierno reduce estructuras y retira al Estado de determinadas áreas, iglesias, organizaciones comunitarias y redes solidarias reciben una demanda creciente.
La ayuda social espontánea puede ser valiosa, pero no debería confundirse con una política pública. Cuando el Estado se repliega sin construir mecanismos alternativos eficaces, el vacío no desaparece: alguien debe ocuparlo.
El problema no es solamente Sturzenegger
Culpar al ministro de Desregulación permite al resto del gabinete tomar distancia de decisiones que, en definitiva, pertenecen al Gobierno en su conjunto.
Sturzenegger propone reformas, pero esas iniciativas son aprobadas por el Presidente, firmadas por otros funcionarios y defendidas políticamente por la administración. Si existe una falla en la selección de prioridades, en la evaluación de los impactos o en la comunicación, la responsabilidad no puede limitarse a una persona.
Milei sorprendió durante su ascenso porque comprendió cambios sociales que la dirigencia tradicional no había registrado. Interpretó el rechazo a la inflación, al déficit, a los privilegios políticos y a un Estado que cobraba cada vez más sin ofrecer servicios equivalentes.
También mostró pragmatismo cuando abandonó o postergó algunas de sus propuestas más extremas.
Hoy, sin embargo, el Presidente parece menos dispuesto a revisar sus diagnósticos. La defensa cerrada de determinadas ideas puede impedirle reconocer cuándo una reforma correcta en los papeles resulta inoportuna, incompleta o impracticable.
La convicción es necesaria para gobernar. La obstinación puede convertirse en un problema.
Desregular también requiere Estado
Existe una contradicción que el Gobierno todavía no resolvió. Para abrir mercados y garantizar competencia no siempre alcanza con retirar regulaciones.
En algunos casos se necesita un Estado más competente: capaz de controlar monopolios, vigilar el cumplimiento de contratos, proteger los recursos estratégicos y evitar que la desaparición de una norma sea aprovechada por el actor con mayor poder económico.
Una buena desregulación exige información, planificación y capacidad de supervisión. También requiere conocer el funcionamiento real de cada actividad y escuchar a todos los involucrados sin quedar sometido a sus intereses.
La alternativa al intervencionismo no debería ser la improvisación.
Eliminar una regla equivocada puede liberar fuerzas productivas. Eliminarla sin prever qué sucederá después puede crear un problema nuevo.
El fusible y la instalación eléctrica
Sturzenegger quedó en el centro de los cuestionamientos porque acumuló derrotas visibles en pocos días. Pero reemplazarlo o reducir su influencia no resolvería por sí solo la dificultad central.
El Gobierno necesita revisar cómo elige sus batallas.
La prioridad debería estar en aquellas reformas capaces de generar inversiones, empleo, mejores ingresos y reducción efectiva de costos. Los cambios secundarios pueden esperar, especialmente si abren conflictos que distraen al oficialismo de sus objetivos principales.
Cuando una administración empieza a buscar culpables dentro de su propio gabinete, suele ser porque dejó de controlar completamente la agenda. El ministro puede funcionar como fusible, pero antes de cambiarlo convendría revisar toda la instalación.
La desregulación fue una de las identidades más fuertes del proyecto libertario. Para conservar legitimidad deberá demostrar que no consiste únicamente en derogar normas, sino en mejorar la vida concreta de los argentinos.
De lo contrario, aquello que comenzó como una revolución contra la burocracia puede terminar reducido a una sucesión de conflictos innecesarios.