El Gobierno de Javier Milei avanzará desde el 9 de abril con la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de $78.000 mensuales para reemplazarlos por un sistema de vouchers de capacitación laboral. La iniciativa que apunta a reemplazar las transferencias monetarias por formación profesional, generó críticas de gremios y organizaciones sociales.
Cambios en los planes sociales
En abril de 2024, el Gobierno dio a conocer los lineamientos del Programa Volver al Trabajo, que reemplazaron a Potenciar Trabajo, y el Programa de Acompañamiento Social, con el objetivo, entre otros, de quitar el proceso de asistencia a los intermediarios, como los movimientos sociales y municipios.
Tras la reconversión del Potenciar Trabajo, el universo de beneficiarios quedó dividido en dos grandes grupos: unos 900 mil dentro del programa Volver al Trabajo y otros cerca de 300 mil bajo un esquema de asistencia social más permanente, destinado a personas con mayores dificultades para insertarse laboralmente. Estos últimos no serían alcanzados por la baja.
El VAT estaba orientado a la población de 18 a 49 años y apuntaba a fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad, con el fin de incorporar a estos individuos al mercado de trabajo formal. No obstante, en junio de 2025 (última información disponible) el programa había permitido la inserción laboral de 1.500 personas (el 0,17% del total), según el informe Nº 143 de la Jefatura de Gabinete al Congreso de la Nación. En tanto, 55 mil (el 6,1% del total) realizaron actividades de formación profesional.
El nuevo sistema incorpora, además, condiciones más exigentes para los beneficiarios, ya que deberán cumplir con requisitos de asistencia y permanencia en los cursos. Si abandonan, perderán el beneficio y no podrán volver a acceder.
Frente a esto, un informe del Instituto de Estudio y Formación de la CTA destacó que «la eliminación del programa se inscribe en un proceso de ajuste estructural que afecta de manera transversal a las políticas de cuidado e ingresos sociales, con un claro sesgo de género». Y agregó que con esta decisión “se termina de desarticular una política de sostenimiento de ingresos destinada a aquellas personas que están insertas en el mercado laboral por fuera de los canales formales tradicionales”.