Teléfono clonado
La única persona que llegó a estar presa fue Gonzalo López, un joven que vive en la ciudad rionegrina de General Roca, por portar un celular similar al de Josué que poseía el mismo número de IMEI.
«Mediante un estudio se determinó que eran dos teléfonos distintos», afirmaron fuentes del caso. Los celulares se activaron al mismo tiempo en dos lugares distintos.
El dispositivo de Josué se activó en febrero después de su muerte, mientras que el teléfono de López hizo lo propio en el mismo mes.
A su vez, señalaron que el muchacho, que luego recuperó la libertad, había comprado ese celular más de un año antes por Marketplace de Facebook, pero después se le rompió y lo llevó a un técnico para que lo arregle, por lo que usó el otro teléfono. Además, era el titular de la línea, mientras que Josué usaba un celular que le prestaba su padre.
Causa frenada
El caso está en manos del fiscal Darío Provisionato, titular de la UFI N°1 descentralizada de Florencio Varela. La causa por el crimen de los chicos se encuentra caratulada como «homicidio crimis causa», un delito que consiste en matar para ocultar otro ilícito y que percibe una pena de prisión perpetua.
Sin embargo, a un año, no hay personas arrestadas por los asesinatos y los investigadores no saben a ciencia cierta qué ocurrió.
Idas y vueltas
Durante los primeros meses la atención estuvo puesta en personas en situación de calle que frecuentaban la zona del descampado donde aparecieron los cuerpos. De los registros de Desarrollo Social municipal surgieron seis nombres, algunos con antecedentes menores, como hurtos o robos de oportunidad. Pero esta línea ya fue descartada.
Otra pista que perdió fuerza fue la que involucraba a la congregación evangelista “Familias Sanas”, que funcionaba a 60 metros del lugar del hallazgo. El galpón fue allanado y se secuestró un teléfono celular para peritar. Sin embargo, el resultado del análisis fue negativo.
Además, un pastor, identificado como J.P., había levantado sospechas. Fue convocado a declarar ante la Justicia y solo relató su vínculo de amistad con los padres de la menor asesinada. No aportó datos sobre el crimen ni sobre posibles sospechosos.
La última línea de investigación se centró sobre dos vecinos mencionados en la causa, que viven a unas 15 cuadras de las casas de Paloma y Josué. “Pero es muy endeble la prueba, por no decir inexistente”, explicó un investigador. Lo único que se consiguió al respecto fue una filmación en la que se ve a uno de ellos volviendo a su domicilio sin objetos en las manos ni manchas visibles, algo con lo que no se puede sostener ninguna acusación.
Lo cierto es que a un año del doble crimen, la investigación está empantanada y las familias de los adolescentes no tienen paz.