Escrito por Claudio Jacquelin
Cuando las curvas de popularidad de unos y otros se cruzan es el momento en que se produce el comienzo del cambio de ciclo político.
En este escenario, Patricia Bullrich disfruta de su rol (tan esperado) de ser el Terminator parlamentario del peronismo y blande la espada de la reforma laboral para darle un golpe letal en el menor tiempo posible y mientras los seguidores de Juan Perón y Cristina Kirchner (que a veces coinciden) no lograr recuperarse de la derrota, la confusión, la fragmentación y los enfrentamientos internos.
Eso explica el objetivo de que el ambicioso proyecto se apruebe en Senado antes de fin de año. La exministra pretende dar en menos dos semanas ese paso que intentaron y no lograron superar los tres gobiernos no peronistas que precedieron al de Javier Milei, al cual ahora sirve. No es un hecho menor que a cargo de esta misión esté alguien que ya fue parte de dos de las frustradas tentativas anteriores y que en su trayectoria de más de medio siglo haya pasado de una punta a la otra del espectro político, sin contradecirse, aunque sus creencias, compañías, metodologías y objetivos mutaran radicalmente. Experiencia no le falta. Determinación, menos. Es la hora de los resultados.
En la profundidad y amplitud de la reforma que el Gobierno presentó esta semana se encierra el principal desafío que tiene Bullrich. Por eso, ella no repara demasiado en la capacidad de resistencia que pueda oponerle el peronismo en esta instancia. Eso ya lo tiene contabilizado. Conoce tanto el número de los que se no se moverán del rechazo como el de los que ya están o al final terminarán estando del lado de los que entregarán quizá el último cimiento del edificio del poder y la transformación socioeconómica de la Argentina que construyó hace 80 años Perón.
“Yo quiero y creo que puedo lograr que el Senado apruebe la ley antes de fin de año y para eso tengo algunas fichas para intercambiar y terminar de sumar los 37 senadores necesarios para dar quorum y para conseguir la media sanción. Pero hay que tener por los menos un par de votos más asegurados porque siempre se puede caer alguno, más durante el debate”, le dijo la exministra de Seguridad durante la semana pasada a varios interlocutores de las bancadas oficialista y aliados así como a algunos representantes del sector empresario que apoyan y esperan con ansiedad que concrete su meta.
En la mira de la preocupación de Bullrich el lugar más prominente lo ocupan los diez senadores del radicalismo. El hiperatomizado partido es tanto un campo fértil para las pretensiones del Gobierno como un incierto rompecabezas. El olfato político de la líder del oficialismo en el Senado parece funcionar afinadamente y contar con buena información.
Con diferencia de pocos minutos, las prevenciones expresadas por Bullrich sucedían a la advertencia hecha por uno de los más destacados miembros del bloque de senadores de la UCR.
“No creo que consigan el número antes de fin de año, es demasiado ambicioso y amplio el texto de la reforma. No solo termina con muchas normas del derecho que afectan demasiados intereses sino que también tiene un capítulo fiscal de muy amplio espectro y afectación. Eso puede acercar a actores que están y han estado históricamente en espacios divergentes”, advirtió el experimentado legislador, que suele cultivar el perfil bajo, tanto como evitar corsets partidarios, lo cual le permite interactuar con todos las tribus de su bloque.
Esa posible convergencia de diferentes actores e intereses, que el politólogo Ernesto Laclau conceptualizó como “cadena de equivalencias”, es lo que, precisamente, intenta obturar el oficialismo con Bullrich como ejecutora. De allí el vértigo impreso a la medida. Prima la idea de que toda dilación juega en contra de la consecución, así como de la integridad, del objetivo. La foto de hoy no necesariamente puede ser la película de mañana, más cuando subsisten demasiadas fragilidades que pueden afectar el clima imperante. Aun cuando hasta en el kirchnerismo dan por hecho que una reforma terminará aprobándose. Pero los matices cuentan.
Los cuestionamientos más o menos férreos de sindicalistas, dirigentes peronistas y de izquierda, jueces del fuero laboral, abogados laboralistas hasta las observaciones de la pequeña y mediana empresa componen el variopinto colectivo que quiere discutir varias de las premisas y normativas que, en cambio, el Gobierno y los grandes grupos empresarios desean ver a aprobadas sin mayores discusiones, cambios ni demoras.
La duda que empieza a instalarse es si las fichas intercambiables que tiene en su poder Bullrich, otorgadas por el Presidente y hasta con la anuencia del maximalista ministro Federico Sturzenegger serán suficientes, sobre todo para sumar esos cuatro o cinco senadores que necesitan para llegar al quorum y la media sanción, y que todavía no están asegurados.
Los colaboradores de Bullrich afirman que solo le falta un par de legisladores para conseguir que la reforma se apruebe antes de fin de año. En principio, cuentan a los 21 senadores que integran el interbloque oficialista y los tres de Pro, a los que aspiran a sumar la mayoría de los diez radicales, la tucumana Beatriz Ávila, los dos que responden al gobernador catamarqueño Raúl Jalil, los dos tucumanos de Osvaldo Jaldo, y al correntino Carlos “Camau” Espínola, que navega la ola de presiones, como buen windsurfista, y dilata definiciones. Los nombres de quienes Bullrich considera tener asegurados de todos ellos se tratan de conservar a resguardo de infidentes y de tentaciones. Lo mismo que las “fichas de recambio” de las que habla la senadora.
Peronismo a la deriva
En este escenario, los tiempos del mileísmo refulgente son muy distintos que los del peronismo decadente, aunque coinciden en sus urgencias. Uno por consolidarse y el otro por tratar de ponerle un freno al tobogán en el que se desliza que no sea el arenero. En uno y otro lado están de acuerdo sobre el momento crucial que atraviesan.
El peronismo, pero sobre todo el kirchnerismo, advierte y asume que si el proyecto oficialista se termina sancionando sin mayores cambios ni tropiezos el fin de la mayor fuerza política de los últimos 80 años y el espacio dominante de las primeras dos décadas del siglo XXI podría estar más cerca que nunca. “Si esto pasa, en el certificado de defunción del peronismo figurará entre varias causales del deceso la reforma laboral mileísta, aunque está claro que ya venía con demasiadas comorbilidades por daños autoinfligidos”, dice con ironía forense un ácido observador.
Por eso, de apuro, el kirchnerismo intenta elaborar un proyecto alternativo con más destino de estrategia de marketing político que capacidad y eficacia para ser objeto de debate parlamentario. Casi una iniciativa testimonial. A eso se reduce en este instante lo que fue la fuerza hegemónica del principio del siglo XXI.
Demasiado se demoró el peronismo en general y obturó el kirchnerismo en particular en ofrecer alguna renovación eficiente al corpus legal que regula las relaciones laborales nacionales, entre otras muchas distracciones respecto de una realidad que se negaba a ver.
No escapa a nadie que la legislación del trabajo vigente tiene muchos aspectos extremadamente obsoletos y que ha sido incapaz de evitar los efectos nocivos que las crisis y transformaciones económicas, tecnológicas y sociales han tenido para los trabajadores. Y, en algunos casos, ha sido propiciador, por defecto y rigidez, de muchas de las inequidades que tiene hoy un sistema en el que la mitad de los trabajadores está en la informalidad y buena parte no consigue empleo.
Fuente: La Nación