El próximo domingo expirarán más de 50 mil contratos de empleados del Estado nacional que habían sido extendidos a finales de marzo durante la mayor ola de despidos bajo la administración de Javier Milei.
Los sindicatos estatales anticipan otra ronda significativa de terminaciones, aunque tanto ellos como el Gobierno coinciden en que las cifras serán menores comparadas con las del trimestre anterior, cuando hubo más de 15 mil cesantías.
Ahora, los recortes se centrarían principalmente en algunos ministerios y secretarías eliminadas, como la de Mujeres y Géneros, además de organismos autárquicos como el INTI.
La mayoría de los afectados son empleados temporarios sujetos a la resolución 48, cuyos contratos fueron renovados el 31 de marzo como parte de una “auditoría permanente” impulsada por el Ejecutivo.
Aunque desde Presidencia admiten que la próxima semana podrían producirse entre “7 mil y 10 mil” cancelaciones de contratos, no hay datos precisos disponibles. Ni siquiera se dispone de cifras para calcular las terminaciones desde el inicio del mandato.
En una conferencia en el Latam Economic Forum el 5 de junio, Javier Milei mencionó que “en materia de contratos, vamos a terminar echando 75 mil personas, llevamos 25 mil”. Sin embargo, semanas antes, Nicolás Posse, entonces jefe de gabinete, reconoció que “al 31/03/2024 se registra un total estimado de 14 mil bajas en la Administración Centralizada y Descentralizada”.
Desde la Jefatura de Gabinete, responsable de la secretaría de Transformación del Estado, señalaron que actualmente no disponen de cifras y que dependerá de cada organismo o empresa pública decidir qué contratos no serán renovados el 30 de junio. No será hasta julio cuando se conozca el impacto final en las plantillas de los diferentes organismos públicos.
A pesar de ello, un funcionario consultado sugirió que las reducciones serán menos drásticas, ya que “los dos cortes fuertes fueron al comienzo de la gestión y el 31 de marzo”.
En los gremios UPCN y ATE, existe preocupación ante la proximidad del fin de semana, pero estiman que las reducciones de personal serán menores en comparación con las anteriores. Sin embargo, están vigilantes ante posibles notificaciones a través de telegramas o el sistema GDE durante el próximo sábado.
Por su parte, en ATE, están organizando movilizaciones para este jueves en el Congreso para protestar contra la posible aprobación de la Ley Bases, y planean realizar una vigilia el lunes frente a los organismos donde podrían producirse despidos.
Los puestos de trabajo en riesgo corresponden a organismos disueltos como la secretaría de las Mujeres o el Inadi, así como en el ministerio de Salud, Cultura y organismos como el INTI. En el INTA también se está considerando reestructurar institutos, con la justificación gubernamental de que varias oficinas de Agricultura Familiar desempeñan funciones similares.
Los gremios estatales además sospechan que seguirá el “goteo” de despidos incluso después de renovar estos contratos por tres meses más. Están alerta ante la posibilidad de que áreas con una mayor cantidad de empleados permanentes puedan ser afectadas si se confirma la Ley Bases, creando un escenario similar al fondo de reconversión de los años 90, donde los empleados quedan en un limbo y podrían ser reubicados o desvinculados.
Las empresas que podrían privatizarse son Enarsa, Intercargo, Aysa, Belgrano Cargas, Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales. Por su parte, en las ferroviarias desde hace meses vienen informándose cesantías.
No obstante, la mayor preocupación es que en algunas reparticiones los funcionarios buscarían garantizar el nivel de “dotación óptima” que se había estipulado durante el gobierno de Mauricio Macri a través de regulaciones del entonces ministerio de Modernización, el que ahora podría volver de la mano de Federico Sturzenegger.