El ministro Sergio Berni iba a encabezar hoy el despliegue de efectivos, que incluía a fuerzas especiales de la Bonaerense, en el inicio del plazo que fijó la Justicia.
El desalojo de la toma de tierras de Guernica ingresa en un limbo político. Hasta tres horas antes del inicio del cumplimiento de la orden judicial, a las 0 de hoy, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, al frente de 4.000 policías, tenía resuelto su traslado al predio con las primeras luces de este jueves pero, ante la eventual resistencia violenta de, por lo menos, dos grupos identificados, desistió de movilizar efectivos. Por lo menos, durante este jueves.
El gobierno de Axel Kicillof identificó esa rebeldía a la orden del lanzamiento judicial con el Nuevo MAS, el PTS y el Polo Obrero, además de algún grupúsculo político menor.
Pero también, la evidencia –al menos para los funcionarios- es que grupos violentos, donde habitan barras bravas de la zona sur, dedicados a la usurpación y venta ilegal de terrenos, resistirán “hasta donde puedan”. La observancia detenida de la “pinza” entre agrupaciones de la izquierda trotskista y los sectores que el ministro Andrés “Cuervo” Larroque define como representantes de “intereses económicos”, provoca la mayor atención del gobierno provincial. En alguna comprobación de terreno se estableció la presencia de armas. Los propietarios de inmuebles usurpados denunciaron ataques a tiros contra sus viviendas.
Hasta la noche del miércoles todavía era detectable cierta incertidumbre. Luego incrementada por la ralentización del trámite de desalojo.
Berni definía la situación con cierto realismo: “Hasta que no reciba la orden del juez yo no muevo un sólo policía”.
Revelaba esa incertidumbre, porque el ministro no desconoce que la orden está firmada desde hace un mes. Fue la Gobernación que pidió dos prórrogas. Ahora sí, los tiempos y las formas las resolvía la fuerza de seguridad como auxiliar de la Justicia. En tiempo de descuento, Berni definió esperar un día más.
Hasta un rato antes, tenía determinado cómo sería el esquema. El primer abordaje, una vez en el lugar, sería la proximidad con los ocupantes para consensuar el abandono pasivo. Tenía organizado un equipo de especialistas en negociación. Detrás, todo un contingente destinado a la disuasión con el Grupo Halcón por delante. También 100 integrantes de la Dirección Unidades Tácticas Operaciones Inmediatas (UTOI). El despliegue incorporaría, de acuerdo a la necesidad, un millar de policías de Infantería, además del cuerpo de motos “bitripuladas” y hasta efectivos de la Dirección Bomberos. Cuatriciclos y móviles.
Médicos completaban el staff original, ahora en revisión. No lo decían, pero la retaguardia estaba preparada para las tanquetas de la Policía.
Más de 500 familias dejaron el predio voluntariamente, informó la Provincia, y serán reubicadas. Pero quedarían otros 1.000 grupos familiares. No hay nuevas prórrogas a la orden judicial de iniciar el lanzamiento este jueves. Hay tiempo hasta fin de mes, según dispuso la Justicia.
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