Casación confirmó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner y sus hijos en la causa Vialidad

La medida alcanza a propiedades vinculadas a la ex presidenta, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner por un monto cercano a los $685 mil millones.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso y la ejecución de bienes vinculados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad. La resolución ratificó lo dispuesto previamente por el Tribunal Oral Federal N°2 en el marco del recupero patrimonial derivado de la condena por administración fraudulenta.

El fallo fue firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, integrantes de la Sala IV de Casación. Según la resolución, el decomiso apunta a cubrir un monto actualizado cercano a los $685 mil millones, cifra fijada en función del perjuicio económico establecido en el expediente judicial.

La medida alcanza un total de 111 bienes. Entre ellos aparecen inmuebles vinculados al empresario Lázaro Báez, propiedades adjudicadas a Cristina Kirchner y bienes registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner como herederos de la sucesión de Néstor Kirchner.

La defensa de la ex mandataria, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, cuestionó la decisión judicial y sostuvo que el decomiso sobre bienes de los hijos de Cristina Kirchner vulnera el derecho de propiedad y garantías constitucionales. También rechazó la actualización del monto del decomiso, argumentando que la cuestión todavía fue apelada ante la Corte Suprema.

Según la postura del Tribunal Oral Federal 2, parte de los activos incluidos en el decomiso fueron adquiridos durante el período investigado en la causa Vialidad, criterio que luego fue respaldado por Casación.

La causa Vialidad investigó presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. En 2022, el TOF 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, sentencia que posteriormente fue confirmada en instancias superiores.