Hugo Alconada Mon
La resolución judicial que sobreseyó a todos los investigados deja sin responder preguntas relevantes sobre los hermanos Milei y otros protagonistas del expediente.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a los otros nueve investigados en el caso $LIBRA, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, sin antes haberlos indagado ni agotado toda la pesquisa. Así, la resolución deja sin responder siete preguntas relevantes sobre documentos comerciales, comunicaciones y movimientos de millones de dólares.
El sobreseimiento plantea una serie de interrogantes: qué sabía el Presidente antes de difundir $LIBRA; qué alcance tuvieron los acuerdos o propuestas comerciales vinculados con sus promotores; si existieron compromisos económicos relacionados con la promoción presidencial; dónde terminaron los fondos movilizados; qué información compartieron los protagonistas y si la intervención del mandatario pudo comprometer su función pública.
La primera incógnita es cómo llegó a manos de Milei el código alfanumérico que difundió en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025. Según análisis informáticos oficiales, ese código no estaba disponible públicamente en Internet cuando el Presidente lo publicó. Milei sostuvo que había compartido una iniciativa que consideraba interesante. Pero la secuencia plantea una pregunta concreta: quién le proporcionó la información y qué sabía sobre el proyecto y sus promotores.
La segunda pregunta apunta al acuerdo confidencial que, según documentación que revelaron LA NACION y Clarín, Milei habría firmado con Davis en la Casa Rosada. El documento presentaba al estadounidense como su asesor ad honorem en áreas vinculadas con blockchain, contratos inteligentes, digitalización de documentos públicos e inteligencia artificial. Pero la Secretaría General de la Presidencia le informó a la Justicia que no conservaba registros ni documentación sobre ese acuerdo, según trascendió.
En esa línea, entre los archivos recuperados del teléfono de Novelli, la resolución de Martínez de Giorgi identifica una oferta irrevocable de acuerdo de Kelsier Group, fechada el 21 de noviembre de 2024 y dirigida a Novelli, Terrones Godoy y Morales.
El documento proponía posicionar a un grupo empresario local como referente de Web3, blockchain e inteligencia artificial en la Argentina y mencionaba la intención de establecer una asociación indirecta con el Gobierno argentino. También contenía referencias al Tech Forum y a Javier y Karina Milei.
El juez destacó que la oferta no estaba firmada y sostuvo que ese elemento carecía de valor documental para demostrar que se hubiera pactado remunerar a Karina Milei por facilitar reuniones con el Presidente. La existencia del archivo, sin embargo, permite formular preguntas verificables: quién lo elaboró, qué circulación tuvo y si fue aceptado.
En esa línea, en el mismo teléfono se encontró una nota de Apple Notes con la leyenda “hi guys, this is the final agreement as discussed with H.” –en español, “hola muchachos, este es el acuerdo final según lo discutido con H”-. Según los informes técnicos reseñados en el fallo, la nota había existido y el usuario había interactuado con ella. No pudo acreditarse que hubiera sido enviada a terceros ni que el acuerdo al que aludía se hubiera celebrado.
Destino del dinero
La tercera incógnita es dónde terminaron los fondos movilizados en los días previos y posteriores al lanzamiento, que incluyen transferencias vinculadas a Davis por US$5 millones hacia cuentas relacionadas con una financiera en la que operaba Novelli. La coincidencia temporal con los preparativos del proyecto obliga a reconstruir el recorrido del dinero, identificar a los titulares y beneficiarios finales y establecer si esas operaciones guardaban relación con los acuerdos comerciales o respondían a otros negocios.
También se informaron movimientos de billeteras vinculadas con Davis el 30 de enero de 2025, el mismo día de su reunión con Milei. Entre ellos, una transferencia por US$499.000 poco antes del encuentro y otra por US$507.500 después de la publicación presidencial en X. Esas operaciones deben analizarse a partir de sus direcciones de origen y destino, sus titulares y el contexto de cada transacción. La coincidencia temporal no demuestra por sí sola que se tratara de pagos al Presidente o a integrantes de su entorno.
El Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal reconstruyó movimientos desde algunas billeteras hacia otras direcciones y plataformas de intercambio. Como consecuencia, se solicitaron informes a distintas empresas y se dispusieron medidas cautelares, incluido el bloqueo de determinadas billeteras.
Pero las respuestas de las empresas fueron parciales y algunas ampliaciones de los estudios de trazabilidad no pudieron completarse por falta de herramientas técnicas bajo licencia. En otras palabras, que el Ministerio Público Fiscal no quiso desembolsar dinero para pagar la licencia de un programa informático que permitiera continuar la pesquisa.
La cuarta pregunta es si hubo coordinación entre los promotores y el entorno presidencial antes y después del derrumbe. La resolución de Martínez de Giorgi consigna que del teléfono de Novelli surgieron dos conversaciones eliminadas con un contacto identificado como “Karina Milei RRPP” y registros de llamadas entre Novelli y Javier Milei cuyo contenido no pudo determinarse. También señala que, en el dispositivo de Sergio Morales, se advirtió la ausencia de historial previo de WhatsApp. Es decir, que Morales o un colaborador suyo eliminó evidencias.
¿Maniobras digitadas?
La quinta incógnita es si el lanzamiento pudo formar parte de una maniobra destinada a impulsar la demanda mientras algunos tenedores vendían sus posiciones o retiraban liquidez. La hipótesis de un pump and dump exige reconstruir las operaciones, identificar a los titulares efectivos de las principales billeteras y determinar qué sabían los participantes, si actuaron coordinadamente y si existió un engaño penalmente relevante.
La resolución reseña que unas pocas billeteras habrían retirado alrededor de US$100 millones y que más de 40.000 personas que compraron $LIBRA sufrieron pérdidas de valor en sus tenencias. El juez no consideró que esas ganancias y pérdidas, por sí solas, bastaran para demostrar una estafa.
La investigación también debía determinar si los documentos comerciales, los movimientos de dinero y las comunicaciones podían conectarse en una secuencia probatoria que permitiera establecer responsabilidades individuales. No alcanza con que los protagonistas se hayan conocido, que existan propuestas comerciales o que se registren transferencias relevantes: es necesario acreditar qué hizo cada uno, con qué conocimiento y con qué finalidad.
La sexta pregunta excede, en tanto, las pérdidas de los inversores: ¿la intervención de Milei en un proyecto privado pudo configurar un delito vinculado con el ejercicio de la función pública? La cuestión es si existió un interés particular, un compromiso económico o una contraprestación vinculada con la promoción presidencial, pero Martínez de Giorgi descartó esa hipótesis. Estimó que el posteo de Milei en X había sido un acto individual o privado, no institucional.
El magistrado también cuestionó el valor probatorio de los informes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Citó irregularidades detectadas en su elaboración y un sumario administrativo que tuvo por probado el acceso indebido de una empleada a documentación reservada del caso, parte de la cual luego trascendió a la prensa. Según el fallo, esas circunstancias afectaron de alguna manera la cadena de custodia y resintieron el valor probatorio de los informes.
El juez no declaró nulos esos documentos ni sostuvo que todos sus hallazgos fueran falsos: concluyó que, junto con las restantes medidas de prueba, no alcanzaban para corroborar la hipótesis delictiva.
+Así las cosas, Martínez de Giorgi hizo lugar al pedido de Taiano -el mismo fiscal que años atrás no apeló el sobreseimiento express del matrimonio Kirchner en la causa por presunto enriquecimiento ilícito- y sobreseyó a los hermanos Milei y otros nueve investigados porque consideró que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal.
La resolución no niega que hubiera pérdidas millonarias, movimientos de criptoactivos, documentos comerciales o comunicaciones entre algunos protagonistas. Sostiene que esos elementos, valorados en conjunto, no alcanzan para acreditar los delitos atribuidos.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar