La trama de presuntas irregularidades en la AFA sumó un nuevo capítulo explosivo: una entidad financiera de Rosario decidió cerrar cuentas por más de $10.000 millones vinculadas a María Florencia Sartirana, pareja de Pablo Toviggino, y reportó las operaciones ante el Banco Central por sospechas de lavado de dinero.
Según surge de la investigación, los fondos ingresaron en un lapso breve, entre agosto y noviembre del año pasado, a través de transferencias provenientes de múltiples sociedades. Varias de esas firmas, con domicilio en Santiago del Estero, carecerían de estructura real o actividad comprobable, lo que encendió las alarmas tanto en la Justicia como en el propio sistema financiero.
El volumen de dinero y la modalidad de los depósitos —que incluyeron colocaciones en plazos fijos por cifras millonarias en pesos y dólares— resultaron determinantes para que la entidad decidiera actuar. Incluso, según trascendió, hubo registros de movimientos inusuales que reforzaron las sospechas.
En detalle, se detectaron depósitos individuales que alcanzaron cifras extraordinarias, como colocaciones por $3.000 millones, $1.184 millones y otros $221 millones en distintas cuentas. A esto se suman plazos fijos en dólares por montos de US$ 1.700.000 y US$ 300.000, lo que eleva aún más la magnitud de las operaciones bajo análisis. En total, los movimientos superan holgadamente los $10.000 millones, una cifra que no suele registrarse en operaciones de este tipo dentro de entidades de perfil cooperativo.
Además, los investigadores pusieron la lupa sobre el origen del dinero: parte de los fondos provendrían de al menos una docena de sociedades que comenzaron a operar recientemente y que, en cuestión de semanas, facturaron sumas millonarias vinculadas al fútbol argentino. El rápido crecimiento de estas firmas y su nivel de facturación generaron fuertes sospechas sobre su verdadero rol.
Desde el banco involucrado, en diálogo con Clarín. confirmaron la decisión de cerrar las cuentas y dar intervención a los organismos de control. “Con relación a las empresas Lindor y Neurus en el Banco Coinag, solo operaron durante el año 2025. Fueron reportadas y se encuentran cerradas desde diciembre 2025”, indicaron.
Además, remarcaron que “la entidad tiene estrictos procesos de evaluación técnico y patrimonial alineada con los estándares del mercado bancario y en estricto cumplimiento con las normativas establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.
En ese sentido, agregaron: “En virtud de las normativas vigentes y del análisis detallado de las operaciones de sus clientes, el Banco Coinag, como sujeto obligado, realiza un monitoreo de debida diligencia sobre los mismos. En base a ello aplica acabadamente la normativa UIF vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos /Financiamiento del Terrorismo”.
La causa judicial avanza en paralelo y tiene como eje determinar el origen de los fondos y el rol de las empresas que participaron de las maniobras. En ese marco, el fiscal federal Pedro Simón solicitó la detención de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero, lo que elevó aún más la tensión alrededor de la conducción del fútbol argentino.
Mientras tanto, parte del dinero que estaba depositado en la entidad rosarina habría sido transferido a otras cuentas, lo que abre nuevos interrogantes sobre el destino final de los fondos.
El caso no solo golpea a la AFA, sino que también expone posibles conexiones entre el manejo del fútbol, estructuras empresariales opacas y circuitos financieros bajo sospecha. La investigación sigue su curso y podría derivar en nuevas medidas en los próximos días.