La investigación por un presunto entramado de corrupción en la empresa estatal ARSAT tendrá este lunes un nuevo capítulo con la declaración indagatoria del expresidente del organismo, Facundo Leal, quien deberá comparecer ante el Juzgado Federal de San Isidro acusado de integrar una estructura destinada a direccionar contrataciones públicas en beneficio de una empresa privada.
La citación fue ordenada por el juez federal Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez, en una causa que investiga presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Junto a Leal también fue convocado Gerardo Boschin, exsubgerente de Compras de ARSAT y posteriormente presidente de Trenes Argentinos Operaciones, cargo al que renunció meses después de asumir. Durante la semana también deberán prestar declaración otros exintegrantes de la conducción de la empresa: Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez.
Una investigación que comenzó con un robo
La causa se inició tras un episodio ocurrido el 4 de enero de 2024, cuando se denunció el robo de equipamiento tecnológico perteneciente a ARSAT en un predio de San Fernando donde se almacenaban materiales estratégicos destinados a la Red Federal de Fibra Óptica.
Lo que inicialmente parecía un hecho delictivo aislado derivó en una investigación mucho más amplia. Según la hipótesis de la fiscalía, las contrataciones vinculadas al almacenamiento y la logística de esos equipos habrían sido direccionadas para favorecer a la firma privada Argentina Logistic Services (ALS), mediante procedimientos que habrían omitido los controles internos exigidos por la normativa vigente.
Los investigadores sostienen que los convenios fueron aprobados sin intervención del Directorio de ARSAT y sin los dictámenes técnicos correspondientes. Además, la empresa contratada no habría reunido las condiciones mínimas de seguridad para custodiar los equipos tecnológicos, circunstancia que facilitó el robo y el deterioro de bienes valuados en aproximadamente 151.000 dólares.
Contratos millonarios bajo sospecha
De acuerdo con la investigación judicial, durante ese período se emitieron al menos 14 órdenes de compra que, en conjunto, superaron los 1,9 millones de dólares y los 40 millones de pesos.
Las pericias sobre comunicaciones telefónicas y otros elementos probatorios permitieron reconstruir, según la acusación, un mecanismo coordinado entre funcionarios y empresarios destinado a garantizar la adjudicación de los contratos, limitando la competencia de otras empresas del sector.
Por esa razón, la Justicia analiza la posible existencia de una asociación destinada a beneficiar económicamente a la firma contratista mediante procedimientos administrativos irregulares.
Embargos, prohibición de salida y levantamiento del secreto bancario
Como parte del avance de la causa, el juez Mirabelli dispuso una serie de medidas cautelares contra los imputados.
Entre ellas figuran la prohibición de salida del país, el embargo preventivo de bienes y el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil para reconstruir la evolución patrimonial de cada uno de los acusados y determinar el eventual origen de los fondos investigados.
La situación procesal de Facundo Leal
La situación judicial de Facundo Leal presenta además otro frente abierto.
El exfuncionario permanece detenido con prisión preventiva en una causa distinta luego de que, durante un allanamiento realizado en su departamento del barrio porteño de Palermo, la Policía Federal encontrara ketamina, cocaína y pastillas de MDMA.
Ese expediente, actualmente radicado en los tribunales federales de Comodoro Py, investiga una presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Durante los procedimientos también fueron secuestrados aproximadamente 2,4 millones de dólares en efectivo, dinero cuyo origen continúa bajo investigación para determinar si guarda relación con el presunto cobro de sobornos.
Asimismo, los investigadores incautaron 19 dispositivos de inteligencia y espionaje, entre ellos micrófonos ocultos en anteojos y lapiceras. Sin embargo, un informe pericial elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) concluyó que esos equipos no presentan evidencias de haber sido utilizados para actividades ilícitas.
Una causa con impacto institucional
La investigación sobre ARSAT representa uno de los expedientes de corrupción administrativa de mayor repercusión en torno a una empresa pública en los últimos años. Las declaraciones indagatorias que comenzarán este lunes serán determinantes para definir la situación procesal de los exfuncionarios y el eventual avance hacia nuevas imputaciones o procesamientos.
Cabe señalar que las acusaciones forman parte de una investigación en curso y que los imputados conservan su derecho constitucional de defensa y el principio de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia judicial firme.