La Corte Suprema definió la actualización del monto de decomiso, estableciendo que Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados deben restituir $685.000 millones.
El fallo busca neutralizar los efectos patrimoniales del ilícito, cumpliendo una función de “restauración de la justicia” ante el daño social provocado por la corrupción.
El proceso de ejecución patrimonial implica la pérdida de 20 propiedades vinculadas a la expresidenta y su familia. La defensa, encabezada por Carlos Beraldi, intentó frenar el embargo alegando que “no se ha producido una sola medida” probatoria que vincule el patrimonio de Máximo y Florencia Kirchner con el delito.
La ejecución alcanza hoteles, casas en Río Gallegos y El Calafate, además de cerca de 5 millones de dólares incautados a Florencia Kirchner.
El TOF 2 ya inscribió los activos en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados, preparando el terreno para futuras subastas públicas o cesiones a entidades públicas.
Aunque la última queja de los imputados no posee efecto suspensivo, el máximo tribunal aún debe resolver planteos adicionales de los condenados y de la UIF.
Las fuentes judiciales advierten que “demandará tiempo” concretar la totalidad del proceso, dado el volumen de presentaciones legales acumuladas contra el dictamen inicial.
Como administrador final, el Poder Judicial determinará el destino de los bienes recuperados. La Corte Suprema tiene la potestad de asignar inmuebles al patrimonio propio, cederlos a organismos públicos o rematarlos.