Pilar, caso testigo
Uno de los casos que encendió la alarma en el sector es el de Pilar. Allí, “el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza 112/25 que aumenta el 100% la tasa de seguridad e higiene y establece una contribución obligatoria de 7.500 pesos mensuales por cada empleado de las pymes, categoría en la que también quedan encuadradas las escuelas privadas”.
“En el contexto actual es realmente inexplicable esta situación para nuestro sector. No se está teniendo en cuenta la realidad económica de las escuelas”, sostuvo Zurita, quien adelantó que la entidad evalúa distintas medidas para que las autoridades municipales reconsideren la decisión.
Salarios docentes y presión sobre las cuotas
“El escenario se vuelve aún más complejo por la negociación paritaria docente en la provincia”, lamenta AIEPBA. El Gobierno bonaerense ofreció un incremento salarial del 9% en tres tramos, que se sumaría a los aumentos previos otorgados a fines del año pasado. Desde el sector educativo privado aseguran que “no se cuestionan las mejoras salariales, pero se advierte que se necesita que se autorice una actualización equivalente en los aranceles para poder afrontar los pagos”.
“Las escuelas tienen que pagar los aumentos salariales, pero si no se autorizan ajustes en las cuotas se genera un problema financiero muy grave, difícil de afrontar”, explicó Martín Zurita.
En la provincia de Buenos Aires, alrededor del 70% de los colegios privados reciben aporte estatal, lo que implica que los incrementos de cuotas deben ser autorizados por el Gobierno provincial.
Cierres de escuelas y caída de matrícula
El titular de AIEPA también se refirió a los cierres de instituciones educativas privadas registrados en los últimos años, algunos de ellos en el Conurbano y también en la ciudad de La Plata.
Según indicó, se trata de un fenómeno que comenzó a notarse con mayor fuerza después de la pandemia y que responde a “una combinación de factores”. Entre ellos mencionó “la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula -con unos 300 mil alumnos menos en todo el sistema educativo en los últimos cuatro años-, el atraso en los aranceles, el aumento de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias que como consecuencia hizo aumentar los porcentajes de morosidad”.
“Hay escuelas que no cerraron pero cuya situación es crítica, están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, cerró Zurita.
