La detención de Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, abrió una nueva línea de investigación sobre los movimientos del empresario desde el penal de Ezeiza. La mujer fue arrestada el lunes en el aeropuerto, luego de viajar desde Río Gallegos junto a otras dos personas. Los investigadores sospechan que el grupo podía intentar abandonar el país y solicitaron las detenciones antes de que los pasajeros completaran el traslado.
El procedimiento quedó a cargo de la Prefectura Naval Argentina, con colaboración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La intervención judicial también incluyó el secuestro de cuatro valijas grandes y se produjo después de que Aerolíneas Argentinas informara sobre los pasajes adquiridos por los tres investigados. La causa está bajo secreto de sumario y todavía no se precisó qué participación habría tenido cada uno en los hechos.
La conexión con una presunta banda narco
Una de las investigaciones busca determinar si una organización trasladaba cocaína en camiones pertenecientes a una empresa transportista. Según la hipótesis fiscal, la actividad habría comenzado al menos en diciembre de 2025 y la distribución de la droga habría quedado a cargo de dos hombres. Uno de ellos tendría relación con un lavadero, señalado como posible lugar de entrega de los estupefacientes.
Los investigadores ubican al frente de esa presunta estructura a un hombre de extrema confianza de Báez, con antecedentes en otra causa por narcotráfico y contactos en distintos puntos de la Patagonia. Esa persona sería una de las detenidas junto a Insaurralde. La Justicia busca establecer qué relación mantenía con el empresario y cuál habría sido su intervención en las operaciones bajo investigación.
Las sospechas sobre los bienes de Báez
La segunda causa surgió a partir de la pesquisa por narcotráfico y examina la posible existencia de una organización dedicada a administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito. La hipótesis judicial sostiene que Báez habría mantenido el control de esos bienes desde la cárcel, pese a los embargos y las condenas que pesan sobre él por las causas de corrupción vinculadas con la obra pública.
Las escuchas judiciales de conversaciones entre Báez y su colaborador forman parte de las pruebas que analiza la fiscalía. Los investigadores también encontraron anotaciones con referencias a presuntas operaciones, material que podría aportar información sobre los movimientos patrimoniales bajo sospecha.
La Justicia dispuso además medidas cautelares sobre bienes y el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados. El expediente está a cargo del juez federal Claudio Vázquez y del fiscal Julio Zárate, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Este jueves está prevista en Río Gallegos la audiencia para formalizar la imputación de Insaurralde y controlar su detención.