El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad en agosto de 2025, luego de varios idas y vueltas en el Congreso provocados por la «regularización» en el área pretendida por el presidente Javier Milei. En el mismo Boletín Oficial se confirmó la designación de Alejandro Vilches como secretario Nacional de Discapacidad. A pesar de que la medida aseguraba, bajo una orden judicial, el funcionamiento de prestaciones para mejorar la calidad de vida y fortalecer el financiamiento ante la crisis económica del país, no vienen cumpliendo con lo pactado y le están negando el derecho de continuar con su día a día un montón de personas.
Los flashes se fueron con la manifestación de esta tarde en el Congreso de la Nación. Sin embargo, en la avenida Hipólito Yrigoyen, más precisamente en la Plaza Mariano Moreno (Remedios de Escalada, partido de Lanús), chicos, adultos, amigos, padres y hermanos de diferentes centros de día de zona sur se reunieron frente a una sede de PAMI para reclamar un derecho. Un derecho que fue ignorado muchas veces a lo largo de varios años, pero que actualmente atraviesa una situación indignante. Esta ocasión representa una Ley de Emergencia que no se cumple.
Rocío D’Amico Guerra, una de las representantes de Cedió (centro de día en Lanús Este), explicó que los atrasos en el financiamiento tienen más de seis meses. «El colectivo de personas con discapacidad tiene vulnerado los derechos hace un montón de años. Pero esta situación actual no se vivió en la historia. Los centros de apoyo no se pueden sostener y se tienen que cerrar», sostuvo.
La Ley de Emergencia de Discapacidad fue una lucha de varios meses para el colectivo. No sólo tuvo que pasar por el proceso de diputados y senadores, sino que también logró tolerar el veto de Milei. A pesar del esfuerzo, desde Casa Rosada insisten en declinar un derecho y tomar una postura anticonstitucional. La medida tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año y aplica para todo el país.