La Cámara de Diputados volverá a ser escenario esta semana de una ofensiva opositora que amenaza con poner en aprietos al presidente Javier Milei. El miércoles próximo, bloques no oficialistas impulsarán proyectos que tocan temas de alta sensibilidad social —como el aumento a jubilados, la declaración de emergencia en discapacidad y el financiamiento de las universidades— pero que también implican un fuerte costo fiscal, lo que podría derivar en nuevos vetos presidenciales.
La discusión será una reedición de los debates de 2024, cuando Milei vetó dos leyes aprobadas con amplio respaldo opositor: una actualización de la fórmula jubilatoria con un 8,2% extra y un aumento presupuestario a las universidades. En aquella oportunidad, el mandatario logró sostener los vetos gracias al apoyo de aliados del PRO, gobernadores y un sector de la UCR, lo que dio origen a los llamados “radicales con peluca”.
Sin embargo, la coyuntura actual presenta un escenario diferente. La oposición buscará esta semana insistir con una nueva batería de medidas. En el temario se destacan la prórroga por dos años de la moratoria previsional, una suba general del 7,2% en las jubilaciones y el aumento del bono de $70.000 a más de $100.000, con actualizaciones por inflación. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, algunas de estas medidas podrían tener un impacto fiscal de hasta el 1,3% del PBI, según cálculos del Ministerio de Economía.
Desde el oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, advirtió que se trata de iniciativas que “esconden causas nobles con el fin de romper el equilibrio fiscal”. Estimó que, de aprobarse en conjunto, estas medidas podrían costar más de 12.000 millones de dólares, el equivalente al 1,8% del PBI.
Otra iniciativa clave que llegará al recinto es la declaración de emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. El proyecto propone actualizaciones automáticas por inflación, recomposición de aranceles y mayor cobertura para las pensiones no contributivas. En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un proyecto de financiamiento para las universidades públicas que busca elevar progresivamente el presupuesto hasta el 1,5% del PBI en 2031, empezando por un 1% en 2026.
La oposición —con Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y sectores del radicalismo y del peronismo federal— se prepara para intentar forzar el tratamiento del proyecto universitario a través de un emplazamiento que obligue a la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, a avanzar con el tema. El objetivo es llegar al recinto en la semana del 18 de junio.
Las tres propuestas, por su naturaleza social, tienen amplio respaldo público y podrían acorralar al oficialismo en pleno año electoral. En este contexto, la principal incógnita es si Milei logrará reunir nuevamente los 87 votos necesarios para sostener un veto, especialmente cuando algunos gobernadores —como Gustavo Sáenz en Salta, que perdió la capital provincial a manos del libertarismo— ya no se muestran tan alineados con la Casa Rosada.
La presión también recae sobre diputados del PRO, radicales y legisladores provinciales que sienten el desgaste de defender posturas impopulares. “A los cordobeses ya los putearon por no dar quórum para debatir jubilaciones”, graficó un diputado opositor.
Con el antecedente de los vetos del año pasado, la oposición parece decidida a seguir tensionando el escenario legislativo. En voz baja, un legislador dialoguista lo resumió así: “Hay que seguir intentando, nunca se sabe lo que puede pasar”. Mientras tanto, Milei prepara su pluma para volver a tachar lo que el Congreso podría aprobar.