El crimen de una niña de 7 años en La Plata durante un robo desató una fuerte reacción del Gobierno nacional, que ratificó su intención de avanzar en la baja de la edad de imputabilidad.
La medida, que ya había sido anunciada meses atrás, cobró nuevo impulso luego de que se conociera que los dos sospechosos detenidos por el asesinato de Kim Gómez son menores de edad.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al caso en su habitual conferencia de prensa y calificó el hecho como “una aberración más por parte de asesinos que no pueden seguir conviviendo en sociedad matando gente”.
La iniciativa del Gobierno de modificar el régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años fue presentada en junio del año pasado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Sin embargo, hasta ahora no había avanzado en el Congreso.
Adorni remarcó que la modificación del sistema judicial juvenil es “un tema en agenda” y que la administración de Javier Milei lo llevará adelante. “Bullrich lo dijo. Lo vamos a trabajar”, enfatizó el vocero.
Según datos oficiales, en 2023 se registraron 2.197 delitos cometidos por menores de edad. Desde el Gobierno compararon que, en países de la región como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, la edad de imputabilidad es de 14 años, mientras que en Brasil es de 12.
Los detalles del caso que conmocionó a La Plata
Kim Gómez murió el martes tras un violento robo en la localidad de Altos de San Lorenzo. Dos ladrones adolescentes robaron el auto de su madre, que estaba estacionado frente a un supermercado mayorista en las calles 72 y 24. En medio del escape, la niña intentó bajar del vehículo en movimiento y fue atropellada.
Los detenidos, de 14 y 17 años, fueron identificados por las cámaras de seguridad. El mayor de ellos había sido arrestado hace pocas semanas por otro robo automotor, pero fue liberado de inmediato debido a su condición de menor de edad. Este punto es clave en la discusión sobre la edad de imputabilidad, ya que el oficialismo considera que el actual régimen penal juvenil permite la reincidencia de jóvenes delincuentes sin consecuencias efectivas.
La baja de la edad de imputabilidad es un tema de alto impacto político y social. Organismos de derechos humanos y sectores de la oposición han manifestado su rechazo al proyecto, argumentando que criminalizar a menores no soluciona el problema de fondo. Por otro lado, el oficialismo insiste en que es una medida necesaria para frenar la delincuencia juvenil.