El Gobierno nacional firmó este martes el contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal, la principal vía fluvial por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino, y dio inicio formal a una nueva etapa de gestión privada que, según destacó el Ministerio de Economía, permitirá reducir costos logísticos, modernizar la infraestructura y mejorar la competitividad de las exportaciones.
La concesión quedó en manos del consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus, que completó los requisitos administrativos exigidos para la firma del contrato. Entre ellos, la creación de la sociedad específica Vía Navegable Argentina S.A., el traspaso de activos de la administración estatal y la contratación del personal necesario para ejecutar las tareas de dragado, balizamiento y registro hidrométrico.
Reducción del valor del peaje
Con el inicio del nuevo esquema se activó automáticamente una reducción del 13,5% en el valor del peaje de la vía navegable. Además, comenzarán las obras de profundización del canal y la incorporación de nuevas tecnologías para optimizar la navegación, lo que permitirá que los buques puedan operar con mayor carga y reducir sus tiempos de navegación desde los puertos de origen.
Desde el Ejecutivo sostuvieron que esas mejoras tendrán un impacto directo sobre los costos de las exportaciones y fortalecerán la competitividad de los sectores productivos e industriales, al tiempo que marcarán el fin de la gestión estatal de la estratégica vía para dar paso a un modelo basado en la inversión privada.
Sin impugnaciones
El Ministerio de Economía afirmó que la licitación concluyó sin impugnaciones por parte de las empresas participantes y destacó que se trató de uno de los procesos más complejos desde el punto de vista técnico. Asimismo, señaló que el procedimiento se desarrolló bajo criterios de transparencia y participación.
En ese sentido, recordó que durante el proceso se realizaron mesas técnicas con usuarios privados, especialistas, productores, industriales, representantes de los sectores naviero y portuario, universidades y provincias ribereñas. Además, la licitación contó con el acompañamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que supervisó el cumplimiento de estándares internacionales.
El Gobierno y el rol de control
Aunque la operación quedará en manos privadas, el Gobierno mantendrá el rol de autoridad de control. Para ello avanzará en la conformación definitiva del Consejo de Control, integrado por representantes de las provincias ribereñas y usuarios privados, que tendrá a su cargo el seguimiento de la concesión y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Desde el Ejecutivo señalaron además que el sector privado respaldó el nuevo esquema y calificó la firma del contrato como «un hito histórico para la producción», al considerar que permitirá consolidar una infraestructura clave para el desarrollo del comercio exterior argentino.