Tras un verano legislativo de avances y polémicas, el Gobierno nacional puso en pista una nueva batería de iniciativas: cerca de 50 proyectos que el Ejecutivo aspira llevar al Congreso a lo largo de 2026. La estrategia oficial busca cerrar varias discusiones pendientes durante el tramo final de las sesiones extraordinarias y abrir la agenda de sesiones ordinarias con iniciativas de alto impacto político, económico y social.
Un plan amplio y coordinado El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló recientemente que “tengo sobre la mesa cerca de 50 proyectos de ley” y que el Presidente determinará las prioridades una vez que se termine de diseñar el paquete. Parte de esas propuestas provienen del Consejo de Mayo —un espacio donde participaron referentes del Poder Ejecutivo, provincias, el Congreso, la UIA y los gremios— y ya incluyen textos como la Ley de Libertad Educativa y un proyecto de financiamiento universitario que volvió a la agenda.
Los principales ejes y proyectos
Ley de glaciares, régimen penal juvenil, modernización laboral y el acuerdo Mercosur-UE: el Gobierno confía en sancionarlos antes del cierre de extraordinarias.
Código Penal: el Ejecutivo impulsará una versión ampliada (hasta 912 artículos) que endurece penas en delitos como corrupción, terrorismo, homicidio y abuso sexual; amplía imprescriptibilidades y crea figuras nuevas (por ejemplo, tipificaciones más claras para “motochorros” y criminalidad ambiental).
Acuerdos comerciales: además del Mercosur-UE, se busca aprobar el acuerdo con Estados Unidos, lo que demandará normas de adecuación del marco legal argentino.
Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria: incluye la prohibición del déficit y la exigencia de que todo gasto no previsto en el presupuesto deba contar con partidas expresas antes de entrar en vigencia.
Protección de la propiedad privada: cambios en expropiaciones y procedimientos de desalojo para reforzar la inviolabilidad de la propiedad.
Reforma política: el Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli, promueve modificaciones a la Boleta Única en Papel (BUP) —entre ellas, un casillero para votar lista completa— endurecimiento del control de financiamiento partidario y la eliminación o suspensión de las PASO por el costo que implican.
Salud y medicamentos: el Ministerio de Salud trabaja en medidas que serán anunciadas en los próximos días; por ahora no se prevén cambios en el régimen de patentes.
Régimen de licencias médicas y reforma laboral: podrían reaparecer artículos y propuestas postergadas (incluido el controvertido artículo 44). La UIA ya propuso un esquema de pago compartido para licencias —90% del salario los primeros 10 días y 100% de un neto no remunerativo desde el día 11— que transfiere una parte del costo al Estado.
Agenda y táctica parlamentaria En la Casa Rosada la Mesa Política —integrada por Adorni, Santilli, la secretaria general Karina Milei, asesores y referentes parlamentarios— trabaja en la priorización y en la estrategia para que las iniciativas atraviesen Diputados y Senadores. El oficialismo pretende aprovechar el inicio de sesiones ordinarias en marzo para dar impulso a proyectos que requieren consenso o que despiertan resistencias sectoriales, mientras planifica mano a mano con gobernadores y actores sociales las leyes derivadas del Consejo de Mayo.
Focos de debate y resistencias Varias iniciativas generan controversia: la prohibición del déficit y las limitaciones al gasto público, cambios al sistema electoral—especialmente la supresión de las PASO— y las reformas en materia laboral y de seguridad son puntos donde se prevén intensos debates en el Congreso y en la sociedad. Asimismo, modificaciones al Código Penal que extienden imprescriptibilidades y endurecen penas suscitarán análisis de ONG, colegios de abogados y organismos de derechos humanos.
Próximos pasos El Presidente pidió a sus ministros que presenten unas diez propuestas por área en las próximas semanas; algunas ya están concluidas y otras serán afinadas con asesores y bloques aliados. El Ejecutivo confía en sumar sanciones antes del cierre de extraordinarias y en mantener la iniciativa legislativa durante 2026, aunque la concreción dependerá del diálogo con las provincias, los bloques parlamentarios y la recepción pública de cada reforma.
Una agenda ambiciosa, por tanto, abre un año legislativo con muchas discusiones por delante: desde la estabilidad fiscal hasta la modernización del sistema político, pasando por cambios penales y comerciales que podrían redefinir el mapa normativo del país.