El Gobierno busca cerrar el esquema de emergencia en discapacidad y reemplazarlo por un régimen permanente que establezca nuevas reglas para el acceso a las pensiones no contributivas, la continuidad de las prestaciones y el financiamiento del sistema.
El proyecto consiguió una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y el 4 de noviembre obtuvo dictamen en un plenario de comisiones del Senado, por lo que quedó habilitado para su tratamiento en el recinto.
La iniciativa, que el oficialismo espera convertir en ley durante la sesión prevista para el 19 de noviembre, mantiene varias de las garantías que habían quedado en discusión durante el debate del Presupuesto 2027.
El proyecto se llama «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad» y replica casi todo el esquema de la ley de emergencia 27.793, que el Congreso sancionó contra la voluntad del Gobierno, pero le quita el carácter transitorio.
El texto llega en medio de un fuerte conflicto entre el Gobierno y las organizaciones vinculadas con la discapacidad
El proyecto original que buscaba extender la emergencia fue reformulado en Diputados para establecer un marco normativo permanente. En las negociaciones, el oficialismo aceptó retirar las modificaciones fiscales que había incluido en el proyecto de Presupuesto 2027. Aquella propuesta oficial pretendía restringir el acceso a las pensiones mediante el criterio estricto de «invalidez laboral» —eliminando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa—, fijar la incompatibilidad absoluta con el empleo registrado y desregular el Nomenclador de Prestaciones Básicas.
Frente a la presión de las organizaciones del sector y los planteos de la oposición, el Gobierno aceptó buena parte de los planteos, y logró aprobar el proyecto de ley de Discapacidad que busca reemplazar el régimen de Emergencia Nacional regulado por la Ley 27.793.
En la Cámara de Diputados, la iniciativa se aprobó con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. En el Senado, el dictamen avanzó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, Unión por la Patria, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y la mayoría de los bloques provinciales, registrándose el rechazo de los diputados de Córdoba y la abstención de la izquierda.
La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal), expresó que la norma “busca dar una respuesta permanente y genera previsibilidad después de muchos desencuentros”, con el fin de evitar “una pelea permanente por este tema”. Además, resaltó la necesidad de “controles”, con “pensiones que están muy por la media de cualquier pueblo tiene”.
Los principales puntos del proyecto
Uno de los principales puntos del proyecto es la continuidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad. La prestación tendrá un valor equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y mantendrá su actualización de acuerdo con la normativa previsional vigente.
En cuanto a los requisitos, el texto establece que podrán acceder al beneficio las personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD), no tengan recursos propios suficientes y no estén amparadas por otro régimen previsional, de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación.
De esta manera, el CUD conserva un papel central como acreditación de la discapacidad para acceder a la prestación. La iniciativa no elimina el certificado ni lo reemplaza por un criterio exclusivo de incapacidad laboral, como planteaba la propuesta incluida inicialmente en el Presupuesto 2027.
El certificado, que tiene validez en todo el territorio nacional, permite acreditar la discapacidad y acceder a distintos derechos y prestaciones. La nueva iniciativa lo ratifica como una de las principales herramientas de acceso al sistema de protección social.
Otro de los puntos centrales es la posibilidad de trabajar y mantener el cobro de la pensión. El proyecto establece que las personas con CUD podrán tener un empleo formal o inscribirse en los regímenes tributarios general o simplificado, incluido el monotributo, sin perder automáticamente el beneficio.
Sin embargo, incorpora un límite de ingresos, ya que la compatibilidad se mantendrá siempre que lo percibido por el titular no supere dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Si se supera ese umbral, la pensión quedará suspendida mientras se mantenga esa situación.
La diferencia con una baja definitiva es que el beneficiario podrá solicitar la rehabilitación inmediata de la prestación cuando termine el vínculo laboral o sus ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del límite. El derecho a cobrar nuevamente regirá desde la fecha en que presente esa solicitud.
Nomenclador, prestaciones y financiamiento: qué cambia para los prestadores
Otro de los ejes de la propuesta es la continuidad del nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Se trata del esquema que establece los valores de referencia para servicios como rehabilitación, tratamientos, atención especializada y otras prestaciones contempladas en la Ley 24.901.
El proyecto ratifica el arancel unificado y obligatorio para todas las entidades que deben garantizar esas coberturas. Esto implica que las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y el Estado deberán utilizar los mismos valores para las prestaciones alcanzadas por el sistema.
También se mantiene el mecanismo de actualización vinculado al índice de movilidad de las jubilaciones, pensiones y asignaciones. A su vez, el esquema contempla estudios periódicos de costos para identificar aumentos de determinados componentes que no queden reflejados en el índice de precios.
En materia de salud, la iniciativa garantiza que los titulares de pensiones no contributivas por discapacidad e invalidez laboral tengan acceso a las prestaciones básicas a través del programa federal Incluir Salud.
El financiamiento es otro de los puntos que se incorporaron para destrabar el acuerdo parlamentario. Los gastos deberán cubrirse con partidas específicas del Ministerio de Salud y el crédito presupuestario no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior. Si los fondos resultaran insuficientes, el Poder Ejecutivo podrá realizar las readecuaciones presupuestarias necesarias y recurrir a transferencias del Tesoro.
Además, se mantienen los incentivos para empleadores que contraten trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado, mediante una reducción del 50% de determinadas contribuciones patronales durante tres años.
La propuesta también contempla la regularización de las compensaciones pendientes a los prestadores. El Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y completar la cancelación de las acreencias verificadas dentro de los 90 días, de acuerdo con los plazos informados durante el tratamiento parlamentario.
Cómo se podrán suspender las pensiones
La nueva ley no elimina las auditorías que impulsó el Gobierno durante la gestión de Javier Milei. Por el contrario, establece un sistema permanente de fiscalización para verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos de acceso y permanencia.
La Secretaría Nacional de Discapacidad tendrá a su cargo los controles, que incluirán cruces de información con la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Sin embargo, el proyecto incorpora garantías para evitar que una irregularidad administrativa derive directamente en la pérdida definitiva del beneficio. Ante un incumplimiento objetivo, la autoridad podrá disponer una suspensión preventiva, pero deberá notificar fehacientemente al titular. El procedimiento contempla un plazo de 60 días para presentar un descargo y solicitar la revisión de la situación. También se prevé la posibilidad de pedir la rehabilitación provisoria de la prestación mientras se resuelve el trámite administrativo.
La iniciativa incorpora, además, obligaciones de transparencia. El Ministerio de Salud deberá publicar periódicamente información sobre la ejecución presupuestaria de los programas, los valores vigentes del nomenclador y la cantidad y los montos de las pensiones otorgadas.
El antecedente de las auditorías y el conflicto del Gobierno con la emergencia
La nueva iniciativa llega después de casi dos años de tensiones entre el Gobierno y el sector de la discapacidad. Uno de los principales ejes de la política oficial fueron las auditorías sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral, que comenzaron con operativos territoriales en 2024 y se extendieron a nivel nacional durante 2025, en conjunto con el PAMI.
Según informó el Ministerio de Salud en el Informe 145 presentado ante la Cámara de Diputados, durante 2024 y 2025 fueron convocados 1.044.501 pensionados para realizar las auditorías. Esa cifra representaba el 91,47% de un padrón de 1.141.880 beneficiarios.
El Gobierno informó 112.136 suspensiones desde diciembre de 2023 y 111.995 rehabilitaciones. Además, registró 101.215 bajas definitivas, aunque aclaró que estas últimas correspondieron a fallecimientos de titulares y renuncias voluntarias, no a sanciones derivadas de las auditorías.
El propio Ministerio reconoció que las medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal suspendieron el proceso y que, por ese motivo, no era posible contar con resultados definitivos ni consolidar cifras concluyentes sobre el universo auditado.
El conflicto también llegó al Congreso. En 2025, el Poder Legislativo sancionó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, que estableció un conjunto de medidas para garantizar la continuidad de las prestaciones, actualizar los aranceles y fortalecer el sistema de pensiones. Milei vetó la iniciativa, pero Diputados y el Senado insistieron con su aprobación por dos tercios de los votos.
El Ejecutivo terminó promulgándola el 22 de septiembre de 2025 mediante el Decreto 681/2025, aunque suspendió su ejecución hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. En diciembre de ese año, un fallo del Juzgado Federal de Campana ordenó su aplicación inmediata. Posteriormente, en febrero de 2026, el Gobierno reglamentó la emergencia mediante el Decreto 84/2026.
La discusión volvió a escalar con el proyecto de Presupuesto 2027, enviado al Congreso en septiembre de este año. Sus artículos vinculados con discapacidad proponían cambios en los requisitos de acceso a las pensiones, restringían la compatibilidad con el empleo registrado y modificaban el esquema de prestaciones.
La propuesta generó cuestionamientos de organizaciones del sector y de bloques opositores, que reclamaron mantener el CUD como vía de acceso y evitar que una persona debiera elegir entre trabajar o cobrar una pensión. Frente a ese escenario, el oficialismo aceptó retirar las modificaciones y avanzar con un régimen permanente que conserva buena parte de las garantías del sistema anterior, aunque mantiene las auditorías y refuerza los mecanismos de control.