El Gobierno nacional reconoció oficialmente la delicada situación económica que atraviesa el PAMI y avanzó con una millonaria asistencia financiera para evitar mayores complicaciones en el sistema de atención para jubilados y pensionados.
A través de una resolución conjunta publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía autorizó la emisión de Letras del Tesoro por más de $580.000 millones destinadas al organismo, con el objetivo de regularizar deudas acumuladas con prestadores, proveedores y garantizar la continuidad de las prestaciones médicas y sociales en todo el país.
La decisión fue oficializada por las secretarías de Hacienda y Finanzas y contempla un aporte financiero reintegrable de $580.270 millones. Esto significa que el PAMI deberá devolver esos fondos dentro del mismo ejercicio fiscal, tal como establece la Ley de Presupuesto 2026.
En los fundamentos de la medida, el Gobierno admitió expresamente “la crítica situación financiera” que enfrenta el organismo conducido por Esteban Leguizamo. Según el texto oficial, la asistencia busca cubrir “obligaciones asumidas con prestadores y proveedores” y asegurar el funcionamiento normal del sistema.
La medida llega luego de fuertes reclamos de clínicas, laboratorios y prestadores médicos por demoras en los pagos, una situación que había comenzado a generar tensión en distintas provincias y preocupación entre los afiliados.
Además, la asistencia financiera se produce después de que la Justicia ordenara al Estado nacional regularizar las deudas pendientes y garantizar la continuidad de los servicios para los beneficiarios del instituto.
El esquema diseñado por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, contempla la emisión de tres Letras del Tesoro con vencimientos escalonados entre julio y septiembre.
Según detalló la resolución, una parte de los fondos vencerá el 31 de julio, otra el 31 de agosto y el tramo restante el 30 de septiembre. Las Letras serán entregadas a la institución a valor técnico calculado al 18 de mayo.
En paralelo, especialistas económicos señalaron que el Gobierno eligió este mecanismo para asistir al organismo sin impactar directamente sobre el gasto primario del mes. Desde distintas consultoras explicaron que la operación probablemente sea contabilizada como una aplicación financiera “por debajo de la línea”, una estrategia ya utilizada anteriormente para afrontar deudas acumuladas en otras áreas del Estado.
El deterioro financiero del PAMI se profundizó durante el primer cuatrimestre del año. Según distintos informes privados, las transferencias corrientes destinadas al organismo registraron una caída real superior al 10%, lo que derivó en una creciente deuda flotante y mayores dificultades para sostener pagos regulares.
La situación encendió alarmas dentro del sistema sanitario, especialmente por el volumen de prestaciones que administra el instituto. El instituto brinda cobertura médica, medicamentos y servicios sociales a millones de jubilados y pensionados en todo el país, por lo que cualquier retraso financiero impacta de forma directa en clínicas, hospitales, farmacias y centros de atención.
Mientras tanto, desde el Gobierno aseguran que la asistencia permitirá normalizar pagos y evitar interrupciones en las prestaciones. Sin embargo, el reconocimiento oficial de la crisis financiera del organismo volvió a abrir interrogantes sobre la sustentabilidad del sistema y el futuro del financiamiento de la obra social más grande de la Argentina.