La escena se repite con inquietante frecuencia. Funcionarios que evitan explicaciones públicas, dirigentes que rechazan responder ante la Justicia, instituciones que bloquean el acceso a la información. “No declarar”, “no hacer comentarios”, “no responder preguntas” ya no son excepciones: son parte de un patrón.
Es cierto que el derecho a no autoincriminarse es una garantía básica del Estado de derecho. Pero el problema, como plantea Román, aparece cuando esa prerrogativa legal se traslada al terreno político y ético, donde la obligación es otra: rendir cuentas. En ese desplazamiento, lo que debería ser una herramienta defensiva se convierte en una forma de opacidad.
El fenómeno atraviesa distintos niveles. En el fútbol, por ejemplo, la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por Claudio Tapia, ha optado —según el análisis citado— por una lógica de repliegue: evitar explicaciones y, en paralelo, denunciar supuestos ataques externos. Una dinámica que no es exclusiva del deporte y que encuentra ecos claros en la política.
En el plano institucional, el comportamiento es similar. La resistencia a brindar información no se limita a los grandes casos de corrupción o a las figuras más visibles. Se extiende a organismos públicos, universidades y estructuras administrativas donde, como señala el artículo, se han perfeccionado mecanismos para dificultar el acceso a datos, ya sea mediante tecnicismos, demoras o directamente el silencio.
Un episodio reciente ilustra este punto: un fallo judicial obligó a una dependencia de la Universidad Nacional de La Plata a entregar información sobre contratos que había sido negada. En esa resolución, el juez recordó un principio elemental pero cada vez más olvidado: la información pública pertenece a los ciudadanos, no al Estado.
El caso del Gobierno nacional se inscribe en esa misma lógica, aunque con matices. La reciente conferencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mostró una paradoja: se habilitó el espacio para preguntas, pero muchas de las respuestas fueron eludidas bajo el argumento de no interferir en investigaciones judiciales. Se escucharon las preguntas; las respuestas, en gran medida, quedaron pendientes.
Ese desplazamiento —de la negativa abierta a la respuesta incompleta— podría interpretarse como una evolución. Pero también como una sofisticación del mismo problema: la apariencia de transparencia sin su sustancia.
El trasfondo es cultural. Durante años, distintos gobiernos consolidaron una relación con la información basada en el control y la discrecionalidad. El kirchnerismo, recuerda Román, llevó esa lógica al extremo de convertir la comunicación en un monólogo del poder. Pero la tendencia no terminó allí: mutó, se adaptó y hoy atraviesa a múltiples actores del sistema político e institucional.
El impacto de esta dinámica es profundo. Cuando el poder deja de responder, no solo se debilita el periodismo como mecanismo de control; también se erosiona la confianza pública. Y, como advierte el artículo, se invierte la carga simbólica: quien pregunta pasa a ser sospechoso, mientras que quien calla se protege detrás de argumentos formales.
En ese contexto, la transparencia deja de ser un principio activo para convertirse en una consigna vacía. La rendición de cuentas se vuelve episódica. Y la democracia pierde uno de sus pilares más básicos: la posibilidad de interpelar al poder.
Tal vez por eso el recordatorio más potente del fallo judicial citado en el artículo sea también el más simple: la información no es una concesión, es un derecho. En una sociedad donde las preguntas encuentran cada vez menos respuestas, defender ese principio deja de ser una consigna abstracta para convertirse en una necesidad urgente.