Columna publicada originalmente en Clarín
De todos los desafíos políticos y callejeros que Javier Milei ha debido enfrentar y enfrentará en lo inmediato en apenas cuatro meses de poder, la marcha universitaria ha sido por lejos la más trascendente. No sólo por su dimensión y las consecuencias que podría acarrear en el futuro. Además, porque se trata de un asunto, la educación pública, que atraviesa de modo transversal a la sociedad y a las ideologías. Siendo mezquinos, incumbiría incluso a buena parte de la base electoral libertaria, muy anclada en los menores de 30 años. Como remate, se estaría desnudando de nuevo falencias de gestión del Gobierno que contó con varias instancias para que el conflicto no escalara como lo terminó haciendo.
La marea humana que caminó ayer por el Centro de la Ciudad y varias provincias encerraría un valor cualitativo de las cuales carecen las protestas de la Confederación General del Trabajo (CGT) y las organizaciones sociales, que se repetirán la semana próxima. El problema del Gobierno es que observa todo lo que está fuera de su comarca con el mismo cristal. Sin un mínimo matiz. Lo sintetizó el ministro del Interior, Guillermo Francos, un hombre mucho más abierto que otros libertarios, cuando expresó que los que manifestaron en la calle serían “los que no la ven”. Tal vez, estarían viendo otra cosa.
Es cierto que el Gobierno contó con la colaboración de viejos dinosaurios de la política. Aquellos que hicieron mucho para degradar la educación en todos sus niveles. El respaldo o la participación en la marcha de Cristina Fernández, Pablo Moyano, Sergio Massa o Axel Kicillof, entre tantos, le dio argumentos al oficialismo para intentar explicar que se trataba de solo una movida opositora. “Raro”, dijo la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Los organizadores, nucleados en 70 universidades nacionales, tuvieron la inteligencia de “despartidizar” y ocupar la vanguardia de la movilización. Con docentes y alumnos con un libro en la mano como emblema. Perdieron esa prolijidad arriba del palco donde los rectores quedaron en un segundo plano ocultos detrás de personalidades que atizan el pasado reciente.
El Gobierno no habría hecho ni siquiera una introspección para tratar de comprender cabalmente la raíz del problema que está enfrentando. Muchos de sus más importantes funcionarios se formaron en la educación pública. Luis Caputo, el ministro de Economía es uno de ellos. Victoria Villarruel, la vicepresidenta, egresó de la carrera de Derecho y Ciencias Sociales de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional). Continuidad de la vieja Universidad Obrera Nacional. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, se graduó en la Universidad de San Martin. El jefe del bloque del Senado, el riojano Julio Pagotto, se recibió en la Universidad de Córdoba cuando militaba, joven, en el Partido Socialista de los Trabajadores.
Esos ejemplos –y tantos otros—podrían servir quizás para que el Presidente resulte más generoso en su construcción intelectual del pleito. No existen solo negocios turbios, como aseguró, en el ámbito universitario. Tampoco se impone un adoctrinamiento inviolable con fines totalitarios. Bullrich nació en la izquierda peronista y hoy está donde está, después de varias escalas. Pagotto supo creer en la izquierda radicalizada y ahora se abraza a las ideas de Milei.
Algunas distorsiones, sin embargo, suceden. Los 16 años de kirchnerismo empeñados en lo que llamó la “batalla cultural” que ahora pretende replicar Milei desde otro extremo ideológico, permeó en estamentos estudiantiles por la participación entonces de una juventud militante que ya envejeció. Se derramó, en especial, en carreras humanísticas y en establecimientos del conurbano. Constituiría un error práctico y político, como lo hace el mandatario, englobar todo en una única calificación. También promover insultos o acciones temerarias (retuitear la foto de una universidad bajo fuego) contra aquellos que salen en defensa genuina de la educación pública.
El fenómeno transcurre, y pareciera no observarlo, en sus propias filas. Dejemos a los bloques colaboracionistas opositores del Congreso Nacional. En la Legislatura de Buenos Aires nueve diputados libertarios emitieron un documento en respaldo a la marcha, en defensa de la educación pública y su financiamiento. Todos fueron electos en las listas de La Libertad Avanza, pero formaron un bloque aparte (Unión Renovación y Fe) cuando el mileismo resolvió un acercamiento con el PRO.
En la batalla dialéctica previa durante la cual el mileísmo prevaleció por su presencia, esos resultados parecieron no verse reflejados en la manifestación. El Gobierno consideró que la discusión sobre financiamiento estaría saldada cuando, con mucha demora, concedió otro 70% de incremento a los fondos para el funcionamiento respecto del 2023. En suma, un total del 140% cuando la inflación rozó los últimos 12 meses el 280%. Hay con evidencia un desfase que pudo haber sido sorteado si hubiera existido gestión y voluntad política.
La narrativa oficial, finalmente, pareció sucumbir frente a un postulado que lanzó días atrás Ricardo Gelpi, el rector de la UBA. “Si no hay dinero no nos va a quedar otra que cerrar”, aseguró. Esa idea caló en la mayoría de la gente, de cualquier edad, y fue el combustible que ayudo a motorizar la marcha y a incinerar, de paso, la catarata de advertencias del Gobierno. Los testimonios con dicha creencia se multiplicaron durante la movilización. Importa poco si fue una exageración. Alumnos y docentes de Universidades privadas terminaron también por adherir.
El déficit político del Gobierno quedó en evidencia en dos planos. Otra crisis se abrió en el Ministerio de Capital Humanos que dirige Sandra Pettovello. La mujer es la encargada de la relación con las universidades. Su segundo, Maximiliano Keczeli, renunció horas antes de la marcha estudiantil y docente. Pettovello tuvo pasos en falso. Anunció un acuerdo con la UBA, desmentido por la institución, cuando aumentó la partida para el funcionamiento. Hace 48 horas volvió a otorgar un incremento con la vana esperanza de diluir la manifestación. Convocó a una cumbre con los rectores para el martes que viene. Todo fuera de foco.
Otro problema estuvo en el ministerio de Seguridad. Presionada por el Presidente, Bullrich sostuvo hasta último momento la posible aplicación del protocolo anti piquetes. Quizás como estrategia disuasoria. Ni bien observó el primer flujo de gente en la Plaza de los Dos Congresos resolvió solo un operativo de custodia sin afectar el desplazamiento de los manifestantes por las calles.
Al sentido común se sumó un debate que se había abierto en las últimas horas con el gobierno de la Ciudad. Jorge Macri no quería ningún problema en un distrito en el que recién empezó a gobernar. Donde muchos de sus votantes también están entre los porteños que manifestaron. Menos lo quería cuando los libertarios, de la mano de Karina Milei, iniciaron su desembarco en ese territorio pensando en las legislativas del 2025.
Lo que le aguarda a Milei en la calle los próximos días (paro de ATE, movilización del 1 de mayo, huelga general de la CGT el 9 de mayo) difícilmente tenga comparación cualitativa y cuantitativa con la movilización de docentes y estudiantes. El secreto radica en cómo el Gobierno procesará esta novedad política. El primer timbre acaba de sonar en la Casa Rosada.
