Un artículo de La Nación, firmado por Pablo Fernández Blanco, expone con precisión esa tensión. El caso de la empresa estatal Enarsa es ilustrativo: pese a los planes iniciales de desregulación del mercado energético, el Gobierno evalúa que sea esta compañía —creada durante la gestión de Néstor Kirchner— la que realice compras de gas importado en el corto plazo, ante la reticencia del sector privado y el impacto de precios internacionales elevados.
El fenómeno no es aislado. En el corazón del gasto público persisten mecanismos que remiten directamente al modelo anterior. La administradora del mercado eléctrico, Cammesa, fue la principal receptora de fondos del Tesoro, seguida por empresas estatales como el Correo Argentino, los ferrocarriles y Yacimientos Río Turbio. Incluso las primeras firmas privadas en la lista —las petroleras— reciben subsidios a través del Plan Gas, una política de estímulo heredada.
Lejos de un reemplazo inmediato, el esquema actual se parece más a una superposición de sistemas: el viejo modelo no desaparece, y el nuevo aún no logra consolidarse plenamente.
En ese marco, también surgen situaciones inesperadas. La histórica Casa de Moneda, cuya liquidación fue anunciada —y luego relativizada— por el vocero Manuel Adorni, podría reconvertirse en proveedora internacional. La firma británica De La Rue, responsable de imprimir la libra esterlina, exploró la posibilidad de utilizar su capacidad ociosa para producir hasta 50 millones de billetes, en medio de complicaciones logísticas tras la transición monárquica en el Reino Unido.
Sin embargo, el objetivo oficial sigue siendo privatizar la empresa, aunque para ello sería necesario un marco legal específico. Y ahí aparece otro límite: la capacidad política. El Gobierno empieza a administrar cuidadosamente sus batallas en el Congreso, priorizando aquellas con mayor impacto inmediato. Proyectos como la privatización de Aerolíneas Argentinas quedaron relegados ante urgencias macroeconómicas.
En paralelo, el equipo económico encabezado por Luis Caputo logró avances relevantes: equilibrio fiscal, desaceleración inflacionaria hacia niveles comparables con etapas previas y cierta normalización del mercado cambiario. No obstante, persisten variables que no responden como se esperaba. El riesgo país se mantiene elevado, lo que impide el regreso al financiamiento internacional y obliga a maniobras financieras más complejas.
Las explicaciones son múltiples. Algunas apuntan a factores estructurales —como la dificultad para acumular reservas— y otras a la dinámica política interna, marcada por tensiones entre Karina Milei y Santiago Caputo. Pero también aparece un elemento más profundo: la reputación histórica del país.
El artículo traza una comparación elocuente con Uruguay, que tras la crisis de principios de los 2000 optó por una reestructuración de deuda sin quitas de capital, en contraste con el default argentino. Esa diferencia sigue pesando en la percepción de los inversores, que demandan más tiempo para validar un cambio de rumbo sostenible.
En el plano político, el oficialismo reconoce que parte central de su programa —como una reducción significativa de impuestos— difícilmente pueda implementarse sin mayor control territorial. La estrategia, sintetizada internamente como “pintar de violeta el 80% del PBI”, implica ganar influencia en distritos clave como la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Un objetivo que excede el actual mandato.
Mientras tanto, el Gobierno ya tomó medidas concretas: eliminó el Impuesto PAIS, redujo retenciones, bajó aranceles e introdujo alivios en Bienes Personales y Ganancias. Ese esfuerzo tuvo un costo fiscal visible: la recaudación cayó 7,5% en términos reales en el primer trimestre de 2026, acumulando ocho meses de retroceso.
Aun así, en la Casa Rosada perciben que ese alivio no llega con claridad a la sociedad. Señalan que gobernadores e intendentes compensan con subas de tributos locales, diluyendo el impacto de las políticas nacionales.
El cuadro general es el de una transición sin plazos definidos. El Estado que se busca reducir sigue siendo, en muchos casos, imprescindible para sostener el funcionamiento económico. Y el mercado que debería reemplazarlo no termina de desplegarse.
El cambio existe, pero no logra imponerse del todo. La incógnita —como plantea el análisis de La Nación— es si ese equilibrio inestable es una etapa pasajera o el nuevo estado permanente de la Argentina.