Por orden de la cúpula de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en Buenos Aires, fueron desplazados de sus cargos Gustavo Marcelo Capdeville y Diego Guillermo González, jefes de Fiscalización en Mar del Plata.
El trasfondo de la medida fue haber investigado a proveedores apócrifos del hotel del Sindicato de Camioneros, contribuyendo a una pesquisa sobre el desvío de al menos $13.000 millones mediante el uso de facturas “truchas”.
Según fuentes del organismo, las órdenes buscaron congelar la investigación: “En Buenos Aires no quieren quilombo con Camioneros; en estos momentos, Moyano no se queja por los porcentajes de aumento en las paritarias”, indicó un informante a La Nación.
La investigación judicial, que tramita en la Justicia provincial, detectó una red de proveedores inexistentes utilizados para justificar la salida de fondos del gremio. Como consecuencia del avance de la causa, Hugo Moyano ya había desplazado a dos dirigentes de confianza imputados, Claudio Omar Balazic y Paulo Héctor Villegas, quienes “no pueden justificar gastos”.
En paralelo, se conoció que desde las cuentas del sindicato y su obra social se transfirieron unos $900 millones en 12 días a fideicomisos vinculados a Liliana Zulet, esposa de Moyano.
Desde ARCA negaron que los desplazamientos sean sanciones encubiertas y los calificaron como “procesos habituales dentro de la estructura administrativa del organismo”, asegurando que no afectan la trazabilidad de las investigaciones.
Sin embargo, otras fuentes advirtieron que la medida busca enviar un mensaje al resto de los funcionarios: “Ahora saben a qué atenerse si desobedecen, aunque las directrices sean ilegales”. La causa podría pasar al fuero federal si la pericia contable se amplía a las cuentas que el sindicato posee en Buenos Aires.