En 2027 se completará el calendario de la reforma de pensiones y se endurecerán las condiciones para retirarse. Subirá la edad legal, se exigirán más años cotizados para cobrar el 100% y cambiará el cálculo de la prestación.
“Los sistemas de reparto viven o mueren con la demografía”, resume una de las ideas más citadas en el debate previsional europeo, y 2027 será un punto de inflexión para miles de trabajadores. A partir de ese año se cerrará el calendario de la reforma de pensiones impulsada hace más de una década, con reglas más exigentes para acceder al retiro y para obtener el 100% de la prestación.
El próximo año marcará el tramo final del esquema gradual fijado por la reforma de 2011, según señalan desde BBVA. Tras años de ajustes progresivos, la edad ordinaria de jubilación quedará establecida en 67 años para quienes no hayan cotizado lo suficiente y en 65 años para quienes acrediten una carrera laboral extensa.
Los cambios impactarán en miles de personas que ya están planificando su retiro y obligarán a revisar con precisión cuándo conviene jubilarse y qué pensión terminarán cobrando. No solo se modifica la edad de acceso: también se endurecen los requisitos para alcanzar el 100% de la base reguladora y continúa evolucionando la fórmula de cálculo de la prestación.
Una nueva edad para jubilarse
El cambio más visible será el retraso definitivo de la edad legal de jubilación. Desde enero de 2027, quienes hayan cotizado menos de 38 años y seis meses deberán esperar hasta los 67 años para retirarse. Solo podrán jubilarse a los 65 años quienes acrediten al menos ese período de aportes.
En los hechos, esto supone un salto respecto de 2026, cuando la edad ordinaria será de 66 años y diez meses para quienes no lleguen a los 38 años y tres meses cotizados.
La modificación también arrastrará al resto de modalidades de retiro. Las edades mínimas para acceder a la jubilación anticipada o a la jubilación parcial aumentarán automáticamente, al depender de la edad ordinaria.
Más años cotizados para cobrar toda la pensión
La segunda gran modificación alcanza al porcentaje de pensión que corresponde según la trayectoria laboral. Hasta fines de 2026 bastará con acreditar 36 años y seis meses de cotización para cobrar el 100% de la base reguladora. Desde enero de 2027, ese umbral subirá a 37 años completos.
Quienes no lleguen a esa cifra seguirán teniendo derecho a una prestación, pero con un porcentaje menor. Con 15 años cotizados continuará correspondiendo el 50% de la base reguladora y, desde allí, el porcentaje irá aumentando de manera progresiva a medida que se sumen más años de aportes.
Así, por ejemplo, un trabajador con 30 años cotizados tendrá derecho al 84,2% de la base reguladora; con 35 años alcanzará el 95,6%; y solo quienes lleguen a los 37 años cobrarán el 100%.
Cambia el cálculo de la pensión
La cuantía final tampoco dependerá únicamente de los años trabajados. Desde 2026 rige un sistema transitorio que modifica de forma gradual el período de cotización utilizado para calcular la base reguladora.
En 2027 seguirá ampliándose esa ventana de cálculo. La Seguridad Social comparará dos fórmulas y aplicará automáticamente la más favorable para cada nuevo jubilado.
Por un lado, continuará vigente el sistema tradicional, basado en las cotizaciones de los últimos 25 años. Por el otro, se utilizará una fórmula alternativa que, para quienes se jubilen en 2027, tendrá en cuenta las 304 mejores bases de cotización dentro de los 308 meses previos al retiro.
El propósito de este esquema es suavizar el impacto que puede tener una caída de ingresos al final de la vida laboral, sobre todo en carreras con etapas de desempleo o con salarios más bajos en los últimos años.
La reforma seguirá desplegándose de manera gradual hasta 2044, cuando el cálculo se realizará únicamente con los 27 mejores años cotizados dentro de los últimos 29 años de vida laboral.
La jubilación anticipada también se retrasa
Las nuevas edades afectarán también a quienes quieran dejar el mercado laboral antes de tiempo. En la jubilación anticipada voluntaria, la edad mínima será de 65 años para quienes no alcancen los 38 años y medio cotizados y de 63 años para quienes sí superen ese período.
En el caso de la jubilación anticipada por causas involuntarias, como un despido, se podrá acceder desde los 63 años si no se alcanza el período de cotización exigido o desde los 61 años cuando sí se acrediten al menos 38 años y seis meses de aportes.
También se retrasará la edad mínima para acceder a la jubilación parcial con contrato de relevo, que quedará fijada en 64 o 62 años, según la carrera de cotización del trabajador.
Un sistema que busca adaptarse al envejecimiento
El endurecimiento de los requisitos responde a una tendencia observada en muchos países europeos desde la crisis financiera de 2008: elevar gradualmente la edad de retiro y ampliar los años de cotización para sostener la viabilidad del sistema. El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento poblacional presionan las cuentas públicas y obligan a repartir el gasto durante más tiempo.
En este contexto, la reforma española persigue dos objetivos a la vez: reforzar la sostenibilidad financiera y, al mismo tiempo, proteger a quienes han tenido carreras laborales irregulares mediante un cálculo más favorable de la base reguladora cuando las últimas cotizaciones no reflejan toda la trayectoria profesional.
Análisis y proyecciones
De cara a los próximos años, la principal consecuencia será una mayor necesidad de planificación individual. Quienes estén cerca de retirarse deberán hacer números con más precisión, porque pequeños cambios en la fecha de jubilación pueden alterar tanto la edad de acceso como el porcentaje final de pensión. También es probable que aumente el interés por prolongar la vida laboral, ya sea para mejorar la prestación o para evitar penalizaciones por jubilación anticipada.
En términos sistémicos, la reforma apunta a contener el gasto en pensiones en un escenario de fuerte presión demográfica. Sin embargo, el debate seguirá abierto: por un lado, se busca sostener el equilibrio financiero; por el otro, se plantea el desafío de no castigar en exceso a quienes han tenido carreras laborales discontinuas, especialmente en sectores más expuestos al desempleo o la temporalidad.
Cómo evolucionó el debate en los últimos años
En la última década, la postura de los actores principales fue cambiando de forma visible. El diseño original de 2011 apostó por retrasar la edad de retiro de manera escalonada, y con el paso del tiempo ese esquema se consolidó como referencia básica del sistema. Más recientemente, la discusión dejó de centrarse solo en cuándo jubilarse y pasó a incluir cómo calcular la pensión, qué peso dar a los últimos años trabajados y cómo proteger a quienes tienen trayectorias salariales más irregulares.
Así, 2027 no solo cerrará una reforma iniciada hace más de diez años: también consolidará un modelo que exige carreras laborales más largas para acceder a la prestación íntegra, en línea con el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población.
Aunque los cambios ya estaban previstos desde hace años, su entrada en vigor puede modificar la planificación de quienes tenían previsto jubilarse en 2027. La cuantía definitiva de la pensión seguirá dependiendo de múltiples factores: años cotizados, bases acumuladas a lo largo de la vida laboral, eventual jubilación anticipada o demorada y aplicación de coeficientes reductores o incentivos previstos por la Seguridad Social.
Además, el importe final continuará sujeto a los topes de pensión máxima y, en determinados casos, podrá complementarse hasta alcanzar la pensión mínima si se reúnen los requisitos correspondientes.
Con el calendario de la reforma prácticamente completado, 2027 quedará como un antes y un después para quienes entren al sistema de pensiones. La jubilación llegará más tarde para una parte de los trabajadores y exigirá carreras laborales más extensas para acceder a la prestación completa.