En la Casa Rosada comenzó a instalarse una convicción: que el peor momento del escándalo que rodea a Manuel Adorni habría quedado atrás. Esa es, al menos, la lectura que —según reconstruye la columna de Eduardo van der Kooy en Clarín— comparten Javier Milei y Karina Milei, apoyados en una pausa en las novedades judiciales y en la idea de que el episodio estaría perdiendo centralidad. Pero esa percepción puede ser más una apuesta que una certeza.
La investigación, en rigor, sigue abierta. Según el artículo, el foco judicial continúa puesto en cómo el jefe de Gabinete afrontaría hipotecas por USD 270 mil con vencimientos este año, además del financiamiento de viajes todavía bajo examen. También se menciona la decisión de poner en venta un departamento en La Plata valuado en USD 95 mil. Son datos que indican que el caso está lejos de haber concluido.
Más que clausurar una crisis, el Gobierno parece haber pasado a una fase defensiva: resistir.
Esa estrategia tiene un cálculo político claro. El oficialismo cree que la ofensiva opositora, como el pedido de renuncia impulsado por la diputada Paula Penacca, ayuda a reforzar la narrativa de una “operación política”. En esa lógica, cuanto más partidizado se vea el caso, más fácil sería consolidar a la base propia.
Pero el problema del Gobierno no está solo afuera.
La columna de Clarín describe que el conflicto Adorni activó además una disputa interna entre sectores ligados a Karina Milei y Santiago Caputo, una tensión que se hizo visible incluso en redes sociales y en referentes del propio ecosistema libertario. Allí aparece un dato sugestivo citado por la politóloga Ana Iparraguirre: el caso Adorni habría generado 100 mil interacciones en redes, frente a 60 mil de la interna entre karinistas y caputistas. El escándalo, lejos de diluirse, seguiría dominando la conversación.
Eso relativiza la idea de que “lo peor pasó”.
Hay otra dimensión menos visible pero quizá más significativa: el costo de oportunidad institucional. Mientras el oficialismo concentra energías en blindar a Adorni, el programa legislativo aparece paralizado. Según recuerda el artículo, el Presidente había prometido 90 proyectos de ley —10 por mes durante nueve meses— y hasta ahora solo anunció el envío de la reforma electoral.
Ese dato es políticamente delicado.
Porque empieza a sugerir que una crisis defensiva está absorbiendo capacidad de gestión.
La próxima comparecencia de Adorni en Diputados puede ser un punto de inflexión. Si el oficialismo logra convertirla en una confrontación con “la casta”, como anticipa el artículo, intentará reencuadrar el caso como batalla política. Pero si la audiencia deriva en inconsistencias o nuevas preguntas sobre patrimonio, podría reactivar el problema.
Ese riesgo explica por qué la presencia eventual de Milei junto a su jefe de Gabinete tiene tanta carga simbólica: no sería solo respaldo personal, sino una decisión de asumir colectivamente el costo.
En paralelo, el Presidente buscó recuperar centralidad desde la política exterior, con su gira por Israel y gestos de alto voltaje discursivo. Pero también allí surgen interrogantes sobre si esa hiperexposición compensa o encubre la falta de avance doméstico.
La nota de fondo es que el Gobierno parece haber elegido administrar la crisis antes que resolverla.
Puede funcionar, si el caso pierde tracción y no aparecen nuevos elementos judiciales. Pero si la investigación avanza o la interna libertaria vuelve a emerger, esa estrategia podría mostrar límites.
Por ahora, en la cima del poder prevalece la idea de que resistir fue correcto. La pregunta abierta es si se trata de una pausa favorable o apenas de un intervalo antes de una nueva etapa del conflicto. En política, muchas veces confundir silencio con cierre es el primer error de cálculo.