En un nuevo capítulo clave de la causa Vialidad, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió avanzar con la ejecución de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el resto de los condenados, con el objetivo de recuperar el dinero correspondiente al fraude contra la administración pública.
La decisión fue adoptada por mayoría por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes ratificaron el decomiso dispuesto en instancias anteriores y habilitaron la etapa de ejecución patrimonial. Se trata de una medida que apunta a efectivizar el recupero de activos derivados de hechos de corrupción ya juzgados.
El fallo consolida un criterio central en materia judicial: los bienes considerados de origen ilícito pueden ser decomisados incluso si fueron transferidos a terceros o integran herencias. De esta manera, la resolución amplía el alcance de las medidas de recuperación y refuerza la capacidad del Estado para avanzar sobre el patrimonio vinculado a delitos contra la administración pública.
En el expediente, el Tribunal Oral Federal 2 ya había dispuesto el decomiso de bienes hasta cubrir una suma millonaria que supera los $684.990 millones, monto actualizado del perjuicio económico. Entre los activos alcanzados se encuentran más de un centenar de inmuebles, vehículos y dinero en efectivo en cuentas bancarias y cajas de seguridad.
Las defensas de los condenados habían apelado la decisión, argumentando que varios de los bienes no estaban vinculados directamente con los hechos investigados o que habían sido transferidos con posterioridad. En particular, los abogados de los hijos de la expresidenta sostuvieron que sus propiedades no debían ser incluidas, ya que no formaron parte de la maniobra delictiva ni fueron objeto de condena.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal insistió en avanzar con el decomiso total, al considerar que esos bienes integraban el patrimonio original de los principales responsables al momento de los hechos. En ese sentido, los fiscales remarcaron que, pese a la sentencia firme, “todavía no han depositado ni un solo peso”, lo que motivó la necesidad de ejecutar los activos.
El fallo también establece que cualquier reclamo de terceros sobre los bienes deberá tramitarse por vías civiles o administrativas, sin frenar el proceso de decomiso. Esta definición busca evitar dilaciones en la recuperación de los fondos y garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia.
Cristina Kirchner fue condenada en esta causa a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta. Junto a ella, también fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros.
Con esta resolución, la causa entra en una etapa decisiva: la ejecución concreta de los bienes para resarcir al Estado. El proceso continuará con la identificación, tasación y eventual remate de los activos alcanzados por el decomiso, mientras la defensa podría intentar nuevas presentaciones en instancias superiores.
La medida marca un precedente relevante en la lucha contra la corrupción y en la aplicación de mecanismos de recuperación de activos, en un contexto donde la Justicia busca dar señales de cumplimiento efectivo de las condenas.