Por Hugo Alconada Mon
La Justicia argentina intenta congelar y recuperar decenas de millones de dólares de corruptos, narcos, lavadores, evasores y ahorristas locales que los máximos responsables de Jonestur, una casa de cambio de Mar del Plata, fugaron del país durante años y colocaron en Andorra. Pero esos intentos no prosperaron por ahora y el dinero quizá jamás vuelva al país. ¿Por qué? Por obstáculos técnicos y legales en la cooperación bilateral… y porque el banco andorrano quebró y el dinero quedó atrapado dentro del procedimiento de liquidación.
El juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, ordenó el decomiso de todo el dinero que Jonestur remitió al Banco Privado de Andorra (BPA), al mismo tiempo que procesó a directivos de Jonestur y otra casa de cambio de esa ciudad, Transcambio, en septiembre pasado. En total, procesó a 29 imputados; entre ellos, a miembros de las familias García Navarro, Ramaglio, Vattuone e Irazoqui, además de conocidos operadores financieros como Oscar Rigano, Rubén Seret y Rolando Todaro, señalado como nexo clave entre ambas organizaciones.
La Cámara Federal de Mar del Plata confirmó, días atrás, los procesamientos de Oscar Rigano, Rubén Seret, Alfredo Blasco García y María Fernanda García Navarro, quienes quedaron a un paso de un juicio oral. Pero esa confirmación no fue uniforme: los restantes imputados se beneficiaron con una falta de mérito para procesarlos o sobreseerlos. La fiscal Laura Mazzaferri y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) analizan ahora recurrir esa decisión ante la Casación Penal, al igual que las querellas, mientras que desde Andorra llegaron malas noticias.
“El BPA quebró y todo el remanente quedó bajo el control de la agencia de liquidación [por la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias, AREB], además de que si no hay un tratado bilateral previo entre el país requirente y el Principado [de Andorra], las autoridades andorranas no admiten la repatriación de activos”, indicó una de las fuentes tribunalicias consultadas por LA NACION.
La situación se complejizó aún más este año. El Tribunal Superior de Andorra rechazó un recurso de los antiguos accionistas del BPA y ratificó la continuidad del proceso de liquidación administrado por la AREB, lo que reafirmó que todos los activos remanentes del banco siguen bajo ese procedimiento, incluidos los fondos cuya inmovilización busca la Justicia argentina.
Ese escenario dejó los fondos en una suerte de limbo jurídico. Tras descontarse la multa millonaria que las autoridades andorranas cobraron a los responsables de Jonestur para cerrar el proceso penal abierto en ese país, el dinero restante quedó sujeto al procedimiento de liquidación del BPA, bajo la órbita de la AREB y de los administradores concursales designados para conducir la quiebra del banco.
Dadas esas dificultades, la fiscal Mazzaferri, la Procelac y el juez Inchausti basaron su pedido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional -conocida como “Convención de Palermo”-, que prevé mecanismos de cooperación para inmovilizar bienes vinculados con delitos, aunque deja librada a cada Estado la restitución definitiva de esos activos. Desde entonces, los fiscales andorranos dictaminaron a favor de esa inmovilización y resta que el juez de Andorra defina si la ordena formalmente.
Uno de los abogados que representan a los ahorristas, Julián Vespa, confirmó que la situación es complicada, como mínimo. “El dinero es de la gente, pero para zafar de sus problemas, los directivos de Jonestur acordaron con la Fiscalía y la Justicia andorranas entregar la mitad en concepto de ‘multa’, unos 45 millones de dólares, y dijeron acá que iban a repatriar la otra mitad, ‘por ahora’. Pero ya pasó más de un año y el dinero no aparece porque quedó dentro del proceso de liquidación del BPA”.
Otros representantes de damnificados impulsan una estrategia complementaria. Procuran que las autoridades andorranas abran cuentas judiciales individualizadas a nombre de cada presunto ahorrista afectado, de modo que esos fondos permanezcan inmovilizados hasta que la Justicia resuelva quiénes son sus legítimos titulares y evitar así que regresen al control de quienes aparecen en las sociedades offshore utilizadas para canalizarlos.
Según surge de la copia que obtuvo LA NACION de ese acuerdo, los máximos responsables de Jonestur, Oscar Rigano, Rubén Seret y Alfredo Blasco García, acudieron a los servicios jurídicos del exjuez español Baltasar Garzón. En ese acuerdo reconocieron haber canalizado hacia el BPA fondos de clientes de la casa de cambio por fuera del circuito financiero formal y aceptaron el pago de una multa millonaria para evitar un juicio oral completo en Andorra. Lograron así sustituir una condena a cinco años de prisión efectiva por lavado de activos y actividad financiera ilegal por el pago de 40 millones de euros —unos US$43 millones al tipo de cambio vigente— entre multas, comisiones y costas.
Pero el acuerdo, que también les impuso que no podrían pisar Andorra durante siete años y medio y la inhabilitación total para operar durante seis años en el circuito financiero del Principado, les permitió cancelar esos 40 millones de euros con parte de los aproximadamente US$92 millones que permanecían congelados dentro del BPA. Es decir, ese dinero nunca salió del banco: fue detraído directamente de los fondos inmovilizados en la propia entidad, mientras el remanente quedó sujeto al proceso de liquidación.
Perjuicio a los ahorristas
“Pero en la Argentina, los responsables de Jonestur prometieron devolver entre el 40 y 50 por ciento del dinero que está en Andorra”, remarcó Pedro Bove, que representa a una veintena de ahorristas, “la mayoría jubilados y todos con dinero blanco, cuyo origen pueden justificar, y que no sabían, ni dieron la autorización, para que fuera enviada a Andorra”, aclaró.
Según explicó Bove a LA NACION, buena parte de sus representados son jubilados o profesionales retirados que habían depositado en Jonestur ahorros provenientes de ventas de inmuebles, indemnizaciones laborales o décadas de trabajo. Afirmó, además, que toda esa documentación ya fue presentada ante la Justicia argentina para acreditar el origen lícito de esos fondos.
“Ahora, estamos intentando que las autoridades andorranas abran allá cuentas judiciales a nombre de cada ahorrista hasta que se resuelva la situación”, indicó. Y para eso, procura obtener el visto bueno de la Autoridad Financiera Andorrana (AFA), el organismo oficial de regulación y supervisión del sistema financiero y bancario en el Principado.
Bolsos de la corrupción
Para Rigano, sin embargo, Seret y Blasco García, la firma del acuerdo representó cerrar uno de los capítulos judiciales más complejos que afrontaban, mientras afrontan a la Justicia argentina, tanto en Mar del Plata como en Buenos Aires, donde aparecen involucrados en la “causa Cuadernos” a partir de las confesiones de al menos dos testaferros de Daniel Muñoz, el exsecretario de la familia Kirchner.
“En Mar del Plata enviaba dinero a través de Jonestur, con Oscar Rigano, el titular de la financiera”, confesó Sergio Todisco, quien admitió que movió decenas de millones de dólares a través del circuito ilegal para Muñoz y precisó que conocía a Rigano desde los 18 años. “Yo era totalmente consciente de lo que estábamos haciendo con mi exmujer [por Elizabeth Ortiz Municoy] y por eso me estoy arrepintiendo”, afirmó, y precisó que recurrieron a Jonestur para triangular fondos, vía el BPA, hacia el Caribe y Estados Unidos, para comprar propiedades en Miami y Nueva York.
“Los bolsos los cargaba en mi auto y le avisaba a la financiera un día antes de que al día siguiente iba a concurrir”, rememoró Todisco como “imputado colaborador”, y precisó que Jonestur y las otras “cuevas” con las que fugó dinero de la corrupción le cobraban una comisión de entre 1 y el 1,5 por ciento, aunque “hubo picos donde costaba hasta 6 por ciento”.
Esos porcentajes también aparecen en el acuerdo que Rigano, Seret y Blasco García firmaron con las autoridades judiciales de Andorra. Detallaron que los financistas cobraban una comisión de entre 1 y 5 por ciento, y que el volumen que pasó por sus cuentas del BPA entre 2004 y 2015 ascendió a un “importe total de unos 437 millones de dólares”.
La resolución que firmó el juez Inchausti dispuso además el decomiso definitivo y anticipado de los saldos de la cuenta en Andorra que perteneció a Francisco García Navarro -fallecido en 2018-, junto con las de sus hijas María Fernanda y Gabriela Raquel García, más la anotación de litis sobre los bienes en el proceso sucesorio que tramita en el Juzgado Civil y Comercial N°4 porteño; es decir, que el Estado buscó avanzar sobre la herencia.
Hugo Alconada Mon
Fuente: https://www.lanacion.com.ar