Pese el anuncio de la ministra de Desarrollo social, Victoria Tolosa Paz, de dar de baja 2344 planes que registraron irregularidades, el fiscal Guillermo Marijuan inició una investigación de oficio para indagar por qué la funcionaria solo suspenderá dicha cantidad de los 250 mil que se encontraban bajo la lupa por diversas inconsistencias y que no deberían ser beneficiarios de la ayuda del estado.
La polémica surgió cuando un informe de AFIP detectó que entre 1.382.279 casos analizados 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales, 35.398 compraron divisas, entre otras irregularidades. Al respecto, Tolosa Paz minimizó el escándalo y aseveró que se trataba de una “mala interpretación periodística” ya que era información “estadística”.
Tras ello, dispuso la baja del 0,3% de las personas que eran beneficiaras del plan “Potenciar Trabajo”. La ministra de Desarrollo Social indicó que 145 personas que cobran Potenciar Trabajo compraron con tarjeta de crédito desde 100 dólares mensuales hasta 50.000 dólares acumulados en los últimos 26 meses analizados.
“A partir de este cruce de información, realizado sobre 1.362.579 titulares efectivos del programa, detectamos un 0.3% de casos que incumplieron las normas. Con esas personas, este ministerio va a ser inflexible. Potenciar Trabajo no es incompatible con ser propietario o propietaria de un inmueble, ni con tener una moto o un auto de más de 10 años de antigüedad. Pero sí es incompatible con la compra de divisas”, había explicado.
Ahora, según pudo saber Infobae, el fiscal Marijuan quiere indagar si la ministra cometió delito al limitar solo a unos pocos casos la baja de los beneficiarios de Potenciar Trabajo. Entre las bajas no se tuvo en cuenta los 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos o los 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.
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