Columna publicada originalmente en La Nación
Javier Milei tuvo este martes una prueba de que la Corte Suprema de Justicia no tiene, al revés de lo que él supone, una actitud prejuiciosa y mal predispuesta con respecto de su gobierno. Todos los miembros de la Corte (raro en los últimos tiempos) firmaron dos fulminantes resoluciones por las que rechazaron planteos de inconstitucionalidad del monumental decreto de necesidad y urgencia firmado por el Presidente diez días después de haber asumido el cargo. El DNU es la herramienta que eligió Milei para implementar una profunda desregulación de la economía argentina. Los jueces supremos argumentaron en sus resoluciones que en ninguno de los casos planteados (la provincia de La Rioja y la Asociación Gente de Derecho) existe un agravio o un daño de parte de los demandantes como para que el máximo tribunal de justicia se aboque al expediente. Pero también la Corte señaló que el país está cerca de que se haya cumplido un plazo razonable para que la política resuelva los problemas de la política. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, había indicado públicamente que el procedimiento ideal era ese: que la política se ocupe de sus problemas y no los judicialice. Pero también existe el “tiempo razonable” para que se alcancen esas soluciones y, en el caso del DNU, para que la política adopte una posición con respecto de la decisión presidencial. Aquella declaración de Rosatti provocó un enorme malestar en Milei, según el testimonio de varios funcionarios que lo escucharon. Algunos aseguran que fueron esas palabras del presidente de la Corte las que explican la posterior nominación del juez federal Ariel Lijo como miembro del máximo tribunal. El juez de la Corte Ricardo Lorenzetti habría percibido el momento oportuno para colocar a un juez muy cercano a él, como lo es Lijo, en un tribunal en el que él está en franca minoría. Lorenzetti no se lleva bien con los tres restantes miembros de la Corte (Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda) y siempre encuentra una forma de incomodarlos. Los otros tres conformaron una mayoría que decide en la Corte. Pero Lorenzetti es el único de todos ellos que frecuenta a Milei desde hace un año, por lo menos.
Esta es la primera vez que la Corte decidió sobre el famoso DNU de Milei, que ya fue rechazado por el Senado y que ahora está siendo debatido en la Cámara de Diputados, con final incierto. El tribunal deslizó ayer que no rehusará el ejercicio de su rol institucional y, de paso, fijó qué condiciones tienen que cumplirse para poder cuestionar el DNU. La primera condición es que el demandante debe ser un perjudicado directo por esa decisión del Presidente y que, por lo tanto, no es necesario solo ser una provincia (que puede llegar directamente a la Corte sin pasar por las instancias inferiores), un ciudadano o cualquier asociación en desacuerdo con el decreto. La Corte Suprema no está para resolver las diferencias políticas, sino para velar por el cumplimiento de la Constitución. Esto es: independientemente de la envergadura individual, social o política del reclamante, debe haber un interés concreto afectado para que un planteo pueda ser atendido por la Corte. Es la ratificación de una vieja jurisprudencia de la Corte y también el cumplimiento de un mandato constitucional, según el cual la Justicia no puede hacer interpretaciones en abstracto o emitir pronunciamientos meramente teóricos o consultivos. La Corte estima que si hiciera eso, violaría el principio de la división de poderes.
La resolución de ayer anticipa al mismo tiempo que la Corte se expedirá en breve sobre el DNU si la política no resuelve rápidamente el caso, siempre, desde ya, que haya una demanda correctamente planteada. Al tribunal le queda en estudio solo el planteo de inconstitucionalidad del capítulo laboral del DNU que hizo la CGT. Un juez de primera instancia y la Cámara Federal del Trabajo coincidieron en que es inconstitucional. El fuero laboral está impregnado por el sindicalismo. El Gobierno apeló a la Corte Suprema, donde está ahora. Ese capítulo legislaba fundamentalmente sobre los despidos y las indemnizaciones, pero también ponía límites a los aportes obligatorios de los trabajadores a los sindicatos y creaba una nueva legislación sobre los enormes recursos de las obras sociales, el único asunto no negociables para la dirigencia gremial. Según el criterio esbozado ayer por la Corte, seguramente los jueces están analizando si existe en el caso laboral un daño cierto a quien planteó la inconstitucionalidad, la CGT, para decidir luego si se abocarán a la cuestión de fondo.
La Corte Suprema no interviene en la designación de los jueces que la integran; esa es una responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Senado, que debe darles el acuerdo a los candidatos con una mayoría muy especial de votos: los dos tercios de sus miembros. Está por comenzar el período de 15 días establecido por un decreto de Néstor Kirchner para que la sociedad impugne o apoye las candidaturas de Lijo y del académico Manuel García-Mansilla. Fue en ese contexto que trascendió una información que no es cierta. Se publicó que la Cámara Federal Penal se había pronunciado en respaldo de la candidatura de Lijo. Tres jueces de ese tribunal, integrado por seis magistrados en dos salas de tres cada una, desmintieron rotundamente que el cuerpo se haya manifestado de esa manera. “No recuerdo un caso en la historia en el que la Cámara haya hecho un pronunciamiento de esa naturaleza”, dijo uno de ellos. Hubo, sí, un par de esos jueces que se dirigieron, en forma personal, al Ministerio de Justicia para apoyar la polémica candidatura de Lijo, como es el caso del expresidente de la Cámara Martín Irurzun. Irurzun les dijo a sus pares que conoce a Lijo desde hace 30 años, cuando el actual candidato a juez de la Corte comenzó a trabajar en la Cámara Federal. Es, sobre todo, un compromiso personal. El propio Irurzun subrayó que su posición es esa: una actitud absolutamente personal, que no compromete al tribunal ni al resto de sus colegas en el tribunal penal. Hubo otros jueces de esa Cámara que desmintieron la información sobre una supuesta decisión del tribunal con evidente fastidio. “Fue una operación grosera”, dijo uno de ellos.
Por: Joaquín Morales Solá