Después de una extensa sesión, el Gobierno consiguió dos victorias legislativas en el Senado. La Cámara alta aprobó definitivamente el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que vuelve a establecer límites a la concentración de tierras rurales en manos extranjeras.
El tratado de patentes obtuvo 47 votos afirmativos y 22 negativos, mientras que la iniciativa sobre propiedad privada fue aprobada por 42 senadores contra 26. Ambos proyectos habían atravesado modificaciones durante su paso por Diputados y necesitaban el aval definitivo de la Cámara alta.
La jornada también dejó otra sanción por unanimidad: la denominada Ley Joaquín, que establece requisitos de seguridad para arcos, aros, postes y juegos instalados en espacios públicos y privados.
El Gobierno recuperó un compromiso del acuerdo con Estados Unidos
La aprobación del PCT representa un avance para la agenda comercial de Javier Milei. La adhesión al convenio internacional forma parte de los compromisos asumidos por la Argentina en el entendimiento con Estados Unidos y también aparece en las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea y el bloque europeo de la EFTA.
El tratado permite presentar una única solicitud internacional para iniciar el proceso de protección de una invención en los países que integran el sistema. Actualmente son 159 Estados miembros. El objetivo es simplificar los trámites para empresas, investigadores y emprendimientos tecnológicos que buscan registrar sus desarrollos fuera de la Argentina.
El proyecto tenía una historia parlamentaria extensa: el Senado ya lo había aprobado en 1998, pero Diputados introdujo modificaciones en agosto de este año y lo devolvió para una segunda revisión. La principal controversia giró alrededor del capítulo II, que finalmente quedó excluido del texto sancionado.
Ese apartado habilitaba un examen preliminar internacional de las solicitudes de patentes y generó resistencia entre los laboratorios nacionales. Desde ese sector advirtieron que el mecanismo podía facilitar prácticas de evergreening: modificaciones menores de medicamentos ya existentes que, sin aportar mejoras terapéuticas sustanciales, podrían extender la exclusividad comercial de las compañías farmacéuticas.
También plantearon reparos sobre la autonomía del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), ante la posibilidad de que informes elaborados por oficinas extranjeras condicionaran sus decisiones.
El senador libertario Francisco Paoltroni defendió la adhesión y sostuvo que permitirá a una pyme o una startup proteger su propiedad intelectual a escala global mediante un trámite simplificado. Guillermo Andrada y Flavia Royón también respaldaron el convenio por las ventajas que puede ofrecer al sistema científico y tecnológico.
José Mayans, en cambio, cuestionó el avance del acuerdo y vinculó la iniciativa con las concesiones comerciales que, según denunció, la Argentina realiza a Estados Unidos, incluidos beneficios para la industria farmacéutica.
Vuelve el límite del 15% para las tierras rurales en manos extranjeras
La otra victoria del oficialismo llegó con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que reincorpora las restricciones establecidas en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner. La normativa había quedado derogada por el DNU 70/2023 y ahora recupera sus principales límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
El nuevo texto establece que los extranjeros no podrán concentrar más del 15% de las tierras rurales del país. También fija un techo del 30% para personas o empresas de una misma nacionalidad y mantiene un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.
La iniciativa no se limita al régimen de propiedad rural. También modifica las condiciones para realizar expropiaciones y establece criterios más estrictos para justificar la utilidad pública de un inmueble.
A partir de la nueva regulación, el Estado deberá identificar de manera concreta el objetivo de la expropiación y demostrar que la medida resulta necesaria y proporcional. La indemnización tomará como referencia el valor objetivo de mercado del bien y los daños directos derivados de la operación. Quedarán excluidos los valores afectivos, las ganancias hipotéticas y otros conceptos que no puedan acreditarse.
El proyecto también incorpora disposiciones sobre desalojos por falta de pago. Antes de iniciar una demanda, el propietario deberá intimar formalmente al inquilino y concederle un plazo mínimo de diez días corridos para cancelar la deuda. Una vez vencido ese período, podrá recurrir a la Justicia.
Durante el debate, Mayans cuestionó el paquete de reformas impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y lo calificó como un “desastre legislativo”.
La Ley Joaquín se aprobó por unanimidad tras la muerte de un chico de 12 años
La sesión también dejó una sanción unánime para la iniciativa conocida como Ley Joaquín. El proyecto consiguió 68 votos y establece obligaciones de seguridad para la instalación, fijación y mantenimiento de equipamiento deportivo y juegos recreativos en establecimientos públicos y privados.
La norma lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años que murió el 5 de enero de 2026 en Junín de los Andes, Neuquén. Durante un campamento, un arco de fútbol que no estaba correctamente sujeto al piso cayó sobre él y le provocó lesiones que derivaron en muerte encefálica.
A partir de esta ley, las instituciones deberán garantizar que los arcos, aros, postes y demás estructuras cumplan con condiciones adecuadas de estabilidad, anclaje y protección. La obligación alcanza a clubes, escuelas, espacios recreativos y otros establecimientos que reciban a niños y adolescentes.
El senador radical Maximiliano Abad recordó el caso durante el tratamiento y respaldó la necesidad de establecer controles para evitar accidentes similares.
También avanzó la reforma del transporte fluvial de cargas
En la misma sesión, el Senado aprobó una modificación del régimen de cabotaje, con 42 votos afirmativos y 24 negativos. La iniciativa busca ampliar la participación de operadores en el transporte de cargas por agua, simplificar trámites y aprovechar la infraestructura portuaria argentina para reducir costos logísticos.
El proyecto recibió respaldo de legisladores de provincias del norte, que plantearon las dificultades que enfrentan sus economías regionales por la falta de alternativas competitivas para trasladar mercadería.
La senadora chaqueña Silvana Schneider advirtió sobre el costo del transporte y sostuvo que, en determinadas condiciones, trasladar una tonelada en barcaza hasta Rosario puede resultar un 24% más caro para el productor que hacerlo por vía terrestre.
La discusión se extendió durante más de doce horas y terminó con cruces entre legisladores por las modificaciones incorporadas al texto. Detrás de la disputa quedaron enfrentados los intereses de sectores vinculados al transporte camionero, las provincias y el Gobierno nacional.
