Milei, entre la interna con Bullrich y un conflicto universitario que vuelve a crecer

La crisis política que atraviesa el Gobierno por el caso que involucra a Manuel Adorni abrió una nueva etapa de tensión dentro del oficialismo y volvió a exponer las dificultades de la administración de Javier Milei para procesar demandas sociales que conservan legitimidad pública. A esa presión interna se suma ahora el resurgimiento del conflicto universitario, con movilizaciones de docentes y estudiantes que reclaman una recomposición salarial y mayor financiamiento para las universidades nacionales.

Según el análisis publicado por La Nación y firmado por la periodista Luciana Vázquez, ambos fenómenos —la rebeldía política de Patricia Bullrich y la resistencia universitaria— tienen un elemento en común: expresan reclamos que amplios sectores de la sociedad consideran razonables y que el Gobierno, hasta ahora, optó por minimizar o confrontar.

La nota sostiene que el caso Adorni provocó “el primer acto de rebeldía” dentro del esquema hiperpresidencialista construido por Milei y Karina Milei. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rompió públicamente el silencio oficial al exigirle al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que aclarara “de inmediato” su situación patrimonial, en medio de las denuncias y sospechas por enriquecimiento ilícito.

Para Vázquez, esa intervención alteró el equilibrio interno del mileísmo porque Bullrich “recuperó la bandera de transparencia anticasta” que había sido uno de los principales capitales políticos del oficialismo. La periodista remarca que el reclamo de transparencia quedó vacante dentro del Gobierno desde que estalló el escándalo y que Bullrich ocupó ese espacio, incluso adelantándose al propio Presidente.

La tensión no se limita a la interna oficialista. El conflicto universitario reaparece como otro frente sensible para la Casa Rosada. Profesores, investigadores y estudiantes volvieron a movilizarse ante la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios y científicos. El artículo señala que los salarios del sector acumulan una caída cercana al 40% desde la llegada de Milei al poder, convirtiéndose en el área más golpeada del empleo público.

De acuerdo con el análisis, el reclamo universitario tiene además una capacidad política particular: logra articular a sectores ideológicamente diversos, incluyendo franjas de clase media que acompañan el rumbo económico del Gobierno pero rechazan el deterioro del sistema universitario público. Esa transversalidad ya había quedado expuesta durante las movilizaciones de 2024 y 2025.

La autora recuerda que durante 2025 el oficialismo enfrentó derrotas políticas importantes luego de desatender conflictos sociales vinculados a universidades, discapacidad y el Hospital Garrahan. En ese contexto, la oposición encontró espacios para reorganizarse y recuperar iniciativa política.

El texto también cuestiona la estrategia oficial frente a las universidades. Si bien reconoce problemas históricos de transparencia y eficiencia en el sistema universitario, sostiene que en más de dos años de gestión el Gobierno no presentó una política universitaria integral basada en evidencia, diálogo institucional y objetivos claros de modernización.

La responsabilidad política recae especialmente sobre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuya gestión, según el artículo, “carece de sensibilidad” frente al deterioro salarial del sector. Además, la judicialización mantiene suspendida la aplicación de la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso el año pasado.

En paralelo, Vázquez advierte que sectores del kirchnerismo, el kicillofismo y la izquierda intentarán capitalizar políticamente la protesta universitaria. Sin embargo, subraya que el núcleo del reclamo excede a esos espacios partidarios y expresa una preocupación social más amplia sobre el futuro de la educación pública, la investigación científica y la movilidad social.

La nota concluye que el Gobierno enfrenta un problema político más profundo que el mero ajuste presupuestario: la dificultad para interpretar demandas sociales que conservan legitimidad ciudadana y que, lejos de desaparecer, reaparecen con capacidad de erosionar el apoyo político del oficialismo.