La polémica por los créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina escaló este miércoles al Congreso, donde legisladores de la oposición pidieron investigar préstamos millonarios otorgados a funcionarios, asesores y diputados vinculados al Gobierno de Javier Milei.
La discusión se reavivó a partir de una base pública de datos sobre endeudamiento, difundida por el sitio “¿Cuánto deben?”, que permitió identificar créditos de magnitud tomados por varias figuras del oficialismo. Entre ellos aparecen nombres como Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, con una deuda inicial superior a los $373 millones; Federico Furiase, con un pasivo de más de $367 millones; y Pedro Inchauspe, con una línea por encima de los $510 millones.
También figuran Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital; Emiliano José Mongilardi, director de YPF; y los diputados libertarios Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde, con deudas que oscilan entre los $230 millones y los $279 millones, según el período relevado.
El diputado socialista Esteban Paulón fue uno de los primeros en llevar el tema al Congreso. Presentó un pedido de informes y reclamó precisiones al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía, a la Jefatura de Gabinete y al directorio del Banco Nación. Además, impulsó un requerimiento de acceso a la información pública ante la entidad.
Desde la oposición cuestionan no solo los montos involucrados, sino también el contexto en el que fueron aprobados los préstamos. Señalan que varios beneficiarios son funcionarios de áreas clave del Gobierno o legisladores alineados con La Libertad Avanza, y que algunos créditos fueron otorgados después de su afiliación partidaria o de votaciones sensibles para la administración nacional.
Frente a la controversia, el Banco Nación salió a defenderse con un comunicado oficial. La entidad sostuvo que nueve de cada diez créditos hipotecarios del país los otorga el BNA y que su operatoria es uniforme, digitalizada y sin privilegios especiales. También destacó que ya concedió más de 27.000 préstamos desde el lanzamiento de su línea hipotecaria.
En su explicación, el banco remarcó además que cuenta con una línea específica para empleados del sector público, denominada “+Hogares sector público”, que financia hasta el 90% del valor de la vivienda, por encima del 75% que cubre la línea general. Según la entidad, los préstamos observados fueron otorgados bajo esas condiciones y con validación del scoring crediticio correspondiente.
El caso volvió a encender el debate sobre la transparencia en la banca pública y el límite entre beneficios laborales legítimos y eventuales tratamientos diferenciales para funcionarios con cargos políticos. Para la oposición, el tema merece una revisión urgente; para el banco, se trata de una operatoria masiva y reglada que no presenta excepciones.
Fuente: La Nación