El Gobierno prepara un decreto de necesidad y urgencia para adecuar la normativa vigente contra el lavado de dinero que dispondrá que los abogados serán sujetos obligados a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes.
Actualmente, la lista de sujetos obligados incluye a los bancos, las financieras, las concesionarias de autos y las aseguradoras, entre otros responsables de reportar las operaciones de sus clientes cuando su perfil económico no se condice con sus inversiones.
El DNU será publicado antes del 6 de marzo, cuando un equipo evaluador del Grupo Internacional de Administración Financiera (GAFI) llegará al país.
Los enviados del grupo se reunirán durante los próximos 20 días con organismos públicos y privados, para valorar si el país cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
EL GAFI examinará las políticas antilavado del país y planteará estas modificaciones:
Reforma del tipo penal de terrorismo. Ampliación a comportamientos vinculados a la preparación, financiación y apoyo de actos y organizaciones terroristas. Esta reforma se puede realizar por DNU, sino que será incluida en una ley que se presentará en sesiones ordinarias.
Inclusión de un tipo penal de proliferación de armas de destrucción masiva. Tampoco puede disponerse por DNU y también está previsto aprobarlo por ley.
Inclusión como sujetos obligados de los proveedores de activos virtuales y abogados.
Creación del registro de proveedores de activos virtuales, que cuenta con apoyo del sector.
Creación del registro de beneficiarios finales (ya existe en todo el mundo y evita el abuso de las formas societarias)
Ampliación de las consecuencias jurídicas frente a infracción y actualización de su monto (Se amplía la multa hoy en 100.000 pesos).
Consolidación de la autonomía de la UIF con posibilidad de contar con mayores recursos propios.
La evaluación del GAFI de octubre será la cuarta desde su creación, en 1989. La decisión la tomará el plenario del organismo se reúna en París para resolver si aprueba o no el Reporte de Evaluación Mutua de la Argentina.