Francisco Olivera
En el fragor de la discusión por los aumentos en las cuotas, y mientras el ministro de Economía los acusaba en las redes de estar librando una “guerra contra la clase media”, los empresarios de la medicina prepaga decidieron esta semana dar un paso atrás: ofrecerían congelar por dos meses los valores de los planes, tal como pedía Luis Caputo, y así se lo hicieron saber a Mario Lugones, asesor del Ministerio de Salud y negociador con el sector. Pero la propuesta no prosperó: “Ya es tarde”, les contestó Lugones, y agregó que las conversaciones al respecto estaban concluidas.
Raro. Fue la negociación más corta de la historia. A los empresarios también les llamó la atención. ¿El Gobierno estaba buscando realmente una solución para los aumentos? ¿O solo presentarlos como culpables frente a una sociedad agobiada por la inflación y la caída en los salarios? La pregunta no tiene todavía respuesta. Pero la actitud de la Casa Rosada se parece bastante a la de febrero con la “Ley de bases”: el día en que, al ver que la oposición le debilitaba el proyecto, el oficialismo prefirió devolverla a comisión y dejarla caer. Y casi con gusto. “Estamos felices”, le contestó entonces Karina Milei, que acompañaba en ese momento al Presidente en Israel, a un diplomático que le transmitía inquietud por la frustrada sanción.
Es como si, consciente de la gravedad de la crisis y de la debilidad política con que llegó, el Gobierno se esmerara en mantener vivo al menos lo que sabe tiene al alcance: el favor de una parte relevante de la sociedad cansada de su dirigencia. Gobernar es escrachar, sería el lema. Milei ya pasó el umbral de los tres meses de gestión, pero el debate sigue siendo a quién atribuir la tragedia argentina.
En las prepagas tomaron nota de lo que pasaba recién a mediados de esta semana y temieron una réplica furibunda. La Superintendencia de Salud anunció que la Comisión de Defensa de la Competencia las investigaba por presunta cartelización y la mayoría quiso entonces retroceder. En esa dependencia anticipan medidas para la semana próxima y dan otra versión del conflicto: dicen que, cuando les pidieron a las prepagas congelar precios por tres meses, algunas se negaron diciendo que recién podrían hacerlo a partir de junio o julio, no antes, y que ahí se cayó cualquier intento de acuerdo. “No quiero quilombos judiciales”, lo oyeron decir a Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, en una reunión con ejecutivos de Galeno, Omint, OSDE y Medifé. “A Claudio lo veo golpeado”, reflexionaron en una empresa. Están incómodos porque sienten que el Gobierno los eligió para confrontar. “¿Y los aumentos de nafta no perjudican a la clase media?”, protestó ante la nacion un histórico del sector. Les reprochan además a algunos prestadores haberlos presionado para poner la cara con los aumentos y hacer ahora silencio: centros de salud de Córdoba, Rosario y Neuquén que necesitaban urgente una recomposición en los precios porque están muy complicados, e incluso de Buenos Aires y sin tantas urgencias. Los hospitales Italiano y Austral, por ejemplo. “Ahora están todos escondidos”, se quejó un ejecutivo.
Es imposible pasar por alto el contexto en que se da este contrapunto y los protagonistas en cuestión. El Gobierno sabe que las prepagas fueron durante los últimos años el eslabón menos débil de una cadena de salud que, en el límite de la viabilidad, incluye damnificados múltiples: desde médicos con salarios miserables hasta prestadores que quedaron cerca de la quiebra. Y pacientes con turnos voladores, desde ya. Pero algunas prepagas han podido subsistir y hasta expandirse mediante una mecánica típica de tiempos inflacionarios: les cobran a sus afiliados del 1 al 5 de cada mes y les pagan a los prestadores, según el caso, con 30, 60, 90 y hasta 120 días de retraso. No hace falta explicar el fenomenal negocio que supone contar, en esa ventana de tiempo, con semejante cantidad de pesos a altas tasas de interés si se los invierte bien. “Pero eso ya no existe: se terminó el año pasado”, se defendieron en una de estas empresas.
La discusión tiene además un costado político. La Casa Rosada le reprocha a Belocopitt no solo su cercanía con Massa, sino haber propiciado, sobre el final de la administración de Alberto Fernández y en plena campaña, acuerdos, desgravaciones tributarias temporales y subsidios que, a cambio de un congelamiento en las cuotas, le dieron al sector un alivio ficticio, que ya expiró. Las últimas reducciones impositivas, por ejemplo, acaban de vencer el 31 del mes pasado.
En La Libertad Avanza ven detrás de esos movimientos la mano de otro exmassista, Héctor Daer, líder del sindicato de la sanidad e integrante del triunvirato de la CGT, que acompañó aquel proceso hasta el final. Y en los sanatorios coinciden: lo acusan de haber tramitado esas compensaciones y, ahora, con otro gobierno, reclamar por fin aumentos de salarios.
Para Daer será imposible bajar el perfil. Aun si se lo propusiera, está condicionado también en otro frente, la CGT, donde debe tomar decisiones conjuntas con Pablo Moyano o Luis Barrionuevo, que prefieren ir al choque. La CGT anunció anteayer un paro para el 9 de mayo, motivado en parte porque el Gobierno se niega a homologar la paritaria de los camioneros. Como con las prepagas, quien se opone es Caputo: cuando Omar Yasin, todavía jefe de la cartera laboral, lo consultó hace varias semanas al respecto, el ministro de Economía se negó a avalar esos aumentos que, dice, representan inflación pasada. Esta semana, con Julio Cordero en la Secretaría de Trabajo, siguió inflexible.
Caputo rompe de algún modo con postulados libertarios para los cuales podría resultar contradictorio proponer que las prepagas compitan o no se cartelicen mientras, al mismo tiempo, se les cuestionan decisiones comerciales y se las exhibe en las redes. ¿Habrá interesados en invertir en un sector en el que subir precios equivale a declararle la guerra a la clase media? Y lo mismo podría decirse del involucramiento en una negociación salarial entre privados. ¿Por qué no homologan la paritaria?, le preguntó este diario a un funcionario que se autodefine como liberal. “Es un modo de mostrar que uno está dispuesto a todo”, contestó.
La respuesta parece estar más bien en el apuro por mostrar resultados. Milei no puede darse el lujo de bajar la inflación con interrupciones o traspiés. Tiene un test mensual: abril no puede dar más del 11% informado ayer por el Indec para marzo. Aunque la lógica indique que un apretón monetario tiene efectos entre 6 y 18 meses después. Los tiempos de la Argentina son más cortos. El índice urge entonces casi tanto como la inflación, y eso subyace en cada decisión. ¿Qué conviene para el transporte?, se preguntará seguramente Caputo: ¿más subsidios o nuevos tarifazos? Lo primero afecta el equilibrio fiscal; lo segundo, el IPC de abril.
Por eso para el Gobierno es vital el respaldo en las encuestas. Y su estética “anticasta”, aunque la realidad lo obligue a negociar. Un ejemplo: el acuerdo que Yasin intentó sin éxito en diciembre con Armando Cavalieri, objetado por Sturzenegger y Nicolás Posse porque incluía excepciones al régimen laboral del DNU, ¿no es bastante similar a lo que se propone ahora? Aquella foto que sacó personalmente Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, había sido interpretada en ese momento como una concesión. Es cierto que Yasin nunca terminó de hallarse del todo en el Gobierno. No bien asumió, durante una reunión con el jefe de Gabinete, hizo referencia a Pettovello como “la ministra” y se ligó hasta una corrección gramatical del ingeniero: “La ministro; ya no se habla más en inclusivo”, le dijo Posse. Son sobreactuaciones de cambio de época. Mientras se aguarda el verdadero objetivo, encaminar la macroeconomía, sin el cual cualquier batalla cultural perderá sentido.
LA NACION