El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley para que las empresas que obtengan concesiones de rutas nacionales queden exentas del pago de impuestos, como parte de la estrategia oficial para atraer inversiones privadas y avanzar con el nuevo esquema de explotación de la red vial.
La iniciativa alcanzará inicialmente a unos 6.000 kilómetros de rutas distribuidos en distintas provincias, cuyos tramos serán licitados durante los próximos meses. Esa etapa se integrará posteriormente a un paquete mayor con el que la administración de Javier Milei pretende llevar hasta aproximadamente 12.000 kilómetros los caminos nacionales bajo concesión.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó los principales lineamientos del proyecto durante su participación en el encuentro “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso.
“Todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal”, explicó el funcionario.
La intención del Palacio de Hacienda es reducir los costos de los proyectos para incentivar la participación empresarial y acelerar las inversiones. De aprobarse el esquema planteado, las compañías encargadas de la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores nacionales comprendidos por las concesiones recibirían beneficios tributarios.
Sin embargo, el Gobierno necesitará acuerdos políticos para extender la iniciativa más allá de los gravámenes nacionales. La eliminación de cargas provinciales y municipales requerirá el acompañamiento de gobernadores e intendentes, cuyas administraciones cuentan con potestades tributarias propias.
Caputo se mostró confiado en conseguir esos respaldos al sostener que los mandatarios provinciales y jefes comunales coinciden con la Nación en la necesidad de mejorar la infraestructura vial.
El estado de las rutas constituye desde hace tiempo uno de los principales reclamos de las provincias. Incluso, algunas administraciones buscaron asumir el control de determinados corredores nacionales ante la falta de mantenimiento y de nuevas obras.
Menos recursos para Vialidad
El proyecto aparece, además, después de un marcado ajuste del gasto público destinado a infraestructura vial. Según un relevamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) cayó a su menor nivel en tres décadas.
El informe indicó que, sumados los recursos destinados a la DNV y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), hubo una reducción real del 70% entre 2023 y 2025.
Las partidas para mantenimiento de rutas nacionales, siempre de acuerdo con el estudio, disminuyeron un 60% en términos reales: pasaron de $826 mil millones en 2023 a $333 mil millones en 2025. Para 2026, la entidad proyectó que los recursos terminarían en torno de los $248 mil millones.
Una tendencia similar se registró en las obras de construcción vial, cuyos fondos bajaron de $1,054 billones en 2023 a $265 mil millones dos años después.
La ACIJ advirtió que el retroceso alcanzó a distintas provincias. En Buenos Aires, por ejemplo, el gasto devengado pasó de $468,5 mil millones en 2023 a $70,2 mil millones en 2025, mientras que Córdoba, Santa Fe y Mendoza registraron caídas de magnitud similar.
En ese escenario, el Ejecutivo apuesta ahora a que las concesiones y los incentivos fiscales permitan captar capital privado para financiar las obras y el mantenimiento de una porción creciente de la red nacional de rutas.