Según reveló Clarín, el actual jefe de Gabinete recibió transferencias mensuales por un total de $1.670.900 entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 por parte de una productora vinculada a Marcelo Grandio, con quien mantiene una relación personal. Los pagos —registrados en una cuenta bancaria a su nombre— presentan montos variables, desde $110.000 iniciales hasta un último envío de $605.000, con una secuencia casi regular a lo largo de ese período.
El dato adquiere relevancia judicial por dos razones. Primero, porque las transferencias se interrumpen cuando Adorni asume como funcionario nacional. Segundo, porque pocos meses después —en abril de 2024— la empresa vinculada a Grandio comenzó a contratar con el Estado, incluyendo acuerdos con medios públicos que dependían del área de influencia del propio funcionario.
Un vínculo bajo la lupa
La información surge del expediente por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes avanzaron sobre el levantamiento del secreto bancario del funcionario.
En ese marco, la Justicia intenta determinar cuál fue la naturaleza de esos pagos. Las hipótesis van desde una relación laboral o profesional previa hasta la posibilidad de ingresos no debidamente justificados. Para esclarecer ese punto, se analiza solicitar documentación fiscal que respalde las transferencias, en particular facturación vinculada a la actividad declarada.
El elemento que complejiza el cuadro es la secuencia temporal: ingresos desde el sector privado antes de asumir, seguidos por contratos estatales para ese mismo entorno empresario una vez dentro del Gobierno.
El viaje y las contradicciones
El caso no se limita a los movimientos bancarios. Forma parte de una investigación más amplia que incluye el viaje de Adorni a Punta del Este en febrero, realizado en avión privado junto a su familia. Según determinó la Justicia, los costos del traslado habrían sido cubiertos por el propio Grandio y su empresa, en contradicción con declaraciones públicas iniciales del funcionario, quien había asegurado contar con comprobantes de pago.
Ese episodio reforzó la hipótesis de los investigadores sobre la existencia de un vínculo económico estrecho y sostenido, más allá de lo estrictamente personal.
Patrimonio y nivel de vida
En paralelo, la causa por enriquecimiento ilícito examina la consistencia entre los ingresos declarados de Adorni y su patrimonio reciente. En ese punto, la Justicia puso el foco en la adquisición simultánea de bienes inmuebles junto a su esposa —un departamento en Caballito y una propiedad en un country bonaerense—, ambas operaciones financiadas con hipotecas.
Testimonios de prestamistas y vendedores ya forman parte del expediente, mientras se esperan nuevas declaraciones que permitan reconstruir la estructura financiera detrás de esas compras.
Además, se incorporaron otros movimientos, como viajes al exterior, entre ellos uno a Aruba en diciembre de 2024, que también son evaluados en función del nivel de ingresos declarado.
Un caso con impacto político
El avance de la causa introduce un factor de inestabilidad para el Gobierno. Adorni no es un funcionario más: su rol como jefe de Gabinete y vocero lo ubica en el centro del dispositivo político y comunicacional de la administración de Javier Milei.
Por eso, cada nuevo dato judicial trasciende el plano individual y se proyecta sobre la credibilidad del oficialismo, en un contexto ya marcado por tensiones económicas y desgaste político.
La clave, hacia adelante, estará en determinar si las explicaciones sobre esos movimientos logran cerrar el circuito entre ingresos, gastos y patrimonio. Porque en este tipo de investigaciones, más que los montos, lo que define el desenlace es la coherencia del relato financiero.
Y, por ahora, ese relato sigue bajo sospecha.