La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) atraviesa días de alta tensión institucional. Una resolución interna del Tribunal de Ética que determinó que Claudio “Chiqui” Tapia no encuadra dentro de la categoría de Persona Expuesta Políticamente (PEP) encendió una fuerte controversia no solo dentro del mundo deportivo, sino también en ámbitos judiciales y políticos.
El fallo, publicado oficialmente bajo numeración interna, sostiene que el presidente de la AFA no reúne los requisitos legales para ser alcanzado por el régimen, una figura creada para aplicar estándares de control reforzados en materia de prevención del lavado de dinero. La medida llega en un contexto sensible: la Justicia investiga movimientos financieros vinculados a una empresa privada cercana al dirigente, cuyo principal operador financiero fue denunciado por presuntas maniobras irregulares.
La condición de PEP no es simbólica. Quienes integran esa categoría quedan bajo la mira constante de los organismos de prevención de lavado, deben justificar con mayor rigor sus operaciones financieras y son sometidos a controles más exigentes por parte del sistema bancario.
Según fuentes vinculadas al proceso, el Tribunal basó su resolución en las declaraciones juradas presentadas por Tapia en años anteriores, donde el propio dirigente expresa que no se encuentra alcanzado por la normativa vigente. El punto que despertó mayores cuestionamientos es precisamente ese: la categoría fue determinada a partir de la palabra del propio beneficiado por el fallo, sin que trascendieran informes externos o evaluaciones independientes que reforzaran la decisión.
En paralelo, en despachos judiciales y bancarios aclararon que el pronunciamiento de la AFA no es vinculante para la Unidad de Información Financiera (UIF), que conserva la potestad de aplicar controles cuando detecte operaciones sospechosas, sin importar lo que resuelva una comisión interna de una asociación civil.
“El dictamen no anula los controles del sistema financiero ni impide que se investigue cualquier movimiento inusual”, indicó una fuente del sector bancario. Sin embargo, admiten que el fallo reduce el nivel de exposición administrativa de Tapia en el universo formal de la asociación.
La resolución no fue tomada por un tribunal técnico externo, sino por una comisión integrada por miembros con perfil jurídico, algunos de ellos con fuerte trayectoria en la Justicia federal. Este detalle profundizó la polémica, ya que varios actores del sistema consideran inusual que un organismo interno como el de la AFA avance sobre una figura regulada por normativa nacional e internacional en materia de prevención del lavado.
El fallo sostiene que ni el cargo actual de Tapia ni sus funciones previas lo convierten en una persona políticamente expuesta. Desde el tribunal argumentaron que la presidencia no constituye una función pública, y que su paso por organismos estatales no encuadra dentro de las categorías fijadas por la normativa de la UIF.
Sin embargo, distintos especialistas consultados remarcan que la definición de PEP no depende solo del nombre del cargo, sino de la capacidad de influencia, del poder institucional y del manejo de fondos relevantes. Bajo ese criterio, la conducción de una organización que administra recursos millonarios y mantiene vínculos con el poder político debería estar, como mínimo, sujeta a análisis más profundo.
En este escenario, también crecieron las miradas sobre la evolución patrimonial del dirigente. Entre las declaraciones juradas de los últimos años, se observan saltos significativos en los ingresos anuales, fundamentalmente por su rol en organismos vinculados al fútbol internacional y entidades públicas. Aunque desde su entorno aseguran que todos sus ingresos están justificados, fuentes cercanas a la investigación judicial admiten que la consistencia de esos números forma parte del análisis.
Desde la AFA intentaron bajar el tono a la polémica. Voceros cercanos a la conducción minimizaron la trascendencia del dictamen y aseguraron que no modifica la situación judicial de nadie. “Es una cuestión administrativa interna, no una resolución judicial”, repiten.