La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, resolvió este lunes suspender preventivamente, por 60 días, la aplicación de la Ley 27.801 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
La medida fue dictada en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, con el patrocinio de la abogada Patricia Liguori, en representación de los adolescentes privados de la libertad en la provincia.
La Ley 27.801 —conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil— amplía el universo de adolescentes que pueden quedar sometidos al sistema penal: incorpora a jóvenes de 14 y 15 años, elimina la exclusión que existía para delitos con penas menores a dos años y habilita la aplicación plena de las escalas penales del Código Penal. En la práctica, esto implica que más chicos pueden terminar detenidos, y por más tiempo.
Los argumentos de la jueza
Pascual explicó que no hace falta esperar a que se produzca una violación de derechos para que la Justicia intervenga: alcanza con que existan elementos que permitan prever razonablemente que esa vulneración va a ocurrir. Y, según su análisis, esos elementos están a la vista.
La magistrada viene monitoreando desde hace años las condiciones de detención en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, donde meses atrás tuvo que limitar el cupo a 60 adolescentes porque el lugar no cumplía con los estándares mínimos de alojamiento. Pese a las mejoras alcanzadas en cuestiones edilicias, de alimentación y agua potable, la jueza sostuvo que todavía no se garantiza un piso mínimo de derechos, y que persisten deudas en el acceso a la educación, la formación profesional y la reducción de los tiempos de aislamiento.
A partir de esas constataciones, consideró que la situación se repite en otros dispositivos de la provincia —algo que, señaló, también reconocieron las propias autoridades del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNYA)— y que aplicar de inmediato una ley que aumentará la cantidad de adolescentes detenidos, sin haber resuelto antes esas falencias estructurales, agravaría una situación ya crítica.
“Hacinar ‘menores’, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia”, advirtió la jueza, para quien las condiciones de encierro determinan el nivel de violencia con el que esos jóvenes, ya adultos, eventualmente volverán a la sociedad.
Alcance de la decisión
La resolución aclara que la jueza no se pronunció sobre el fondo del planteo —es decir, si la Ley 27.801 es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos del niño—, sino únicamente sobre el riesgo concreto que su aplicación inmediata representa para los adolescentes detenidos en la provincia. Esa discusión de fondo, señaló, deberá resolverse más adelante y caso por caso.
Además de suspender la ley, Pascual fijó una audiencia para el próximo 16 de septiembre, a las 10 horas, en la que citó a los responsables de las principales áreas del Poder Ejecutivo bonaerense —entre ellos el Ministerio de Seguridad, el OPNYA y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos— para que informen qué medidas tomaron o tienen previstas para implementar la nueva normativa.
La resolución se fundamentó en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niño, la Observación General N°24 del Comité de los Derechos del Niño y las Reglas de La Habana y de Beijing sobre justicia penal juvenil.