Alberto Fernández envió ayer al Congreso el proyecto de legalización del aborto y el Plan de los 1.000 días, una iniciativa que busca garantizar la atención integral de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida.
La iniciativa autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y establece un plazo máximo de diez días para ser practicado desde su solicitud.
Si bien la iniciativa prevé la “objeción de conciencia” (a diferencia del proyecto impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito), aclara que los médicos deben derivar “de buena fe” a la paciente para que sea atendida por otra profesional para garantizar el acceso a la práctica.
El aborto deberá ser cubierto por las obras sociales y prepagas, ya que será incluido en el Plan Médico Obligatorio.
La iniciativa prevé la creación de asesorías o consejerías, un sistema similar al que aplicó Uruguay que funcionará como un “período de reflexión” de cinco días previos a la práctica del aborto. El texto reforma además el artículo 85 del Código Penal – que penaliza con uno a cuatro años de cárcel a quienes causen un aborto con consentimiento de la mujer – y establece que “no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer”.
Por su parte, la Campaña Nacional celebró el envío del proyecto al Congreso y exigió el tratamiento urgente a la par de la iniciativa enviada en 2019 que aún cuenta con estado parlamentario. Pidieron un “debate parlamentario, social y mediático a la altura de la historia”.
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