El Gobierno conserva un mérito que sería intelectualmente deshonesto desconocer. La Argentina que recibió Javier Milei estaba parada sobre una cornisa nominal inédita, con precios creciendo al 281% anual, déficit fiscal estructural y una inercia monetaria que amenazaba con derivar en un nuevo episodio hiperinflacionario. El ajuste fiscal, el freno absoluto a la emisión y la licuación acelerada del gasto permitieron una baja inicial de la inflación que, en perspectiva histórica, fue extraordinaria.
Pero la política económica rara vez fracasa en la primera curva. Su examen real aparece cuando debe transformar una corrección de shock en un proceso estable y sostenible.
Ese examen empezó ahora.
Marzo dejó al descubierto que el plan libertario choca contra la fase más compleja de cualquier estabilización argentina: la inflación que ya no responde solamente a la macro, sino a la psicología social de un país entrenado durante décadas para remarcar antes de perder. La memoria inflacionaria se convirtió en un actor económico tan determinante como la tasa de interés, el dólar o el equilibrio fiscal.
La explicación oficial volvió a refugiarse en la tesis monetaria pura: la dolarización de carteras previa a las elecciones, la caída transitoria de la demanda de dinero y el shock sobre combustibles. Todo eso influye. Pero ya no alcanza para explicar por qué, aun con ancla fiscal, tipo de cambio relativamente estable y actividad todavía sin desborde, la inflación encontró un piso mucho más alto del que el Gobierno había prometido.
El verdadero obstáculo es la última milla, ese tramo donde bajar de 3% a 1% exige mucho más que motosierra.
Hace falta credibilidad intertemporal, coordinación de expectativas, administración quirúrgica de tarifas, disciplina en precios regulados y, sobre todo, tiempo político. Porque la economía real sigue funcionando con una lógica defensiva: fabricantes, comercios, distribuidores y prestadores ajustan márgenes no sólo por costos presentes, sino por miedo al costo futuro.
Ese miedo es hoy más poderoso que cualquier discurso.
La paradoja para Milei es incómoda: el éxito rotundo de la primera fase generó una promesa de velocidad que la segunda etapa no puede cumplir sin costos adicionales. Cada décima que no baja ya no se mide como una mejora respecto del desastre heredado, sino como una frustración respecto de la expectativa oficial.
Ahí reside el problema político de fondo.
La inflación fue el gran legitimador social del ajuste. Mientras bajaba rápido, justificaba salarios rezagados, consumo deprimido y motosierra fiscal. Si ahora se estanca en una meseta del 2,5% al 3%, el Gobierno enfrenta el riesgo de perder simultáneamente alivio social y épica narrativa.
Por eso marzo fue más que un mal número: fue la irrupción de un límite.
La inflación no sólo desafía la eficacia técnica del programa de Caputo; empieza a poner a prueba la credibilidad de un Gobierno que hizo de la velocidad de la desinflación una bandera de superioridad moral frente a sus antecesores.
El certificado de defunción, al final, pareció llegar demasiado pronto.
Y en la Argentina, cada vez que la política económica confunde deseo con tendencia, la última milla suele convertirse en el primer síntoma del desgaste.