Una compleja red de casas de cambio, operadores financieros, vínculos políticos y expedientes bajo estricto secreto de sumario volvió a poner bajo sospecha uno de los circuitos más opacos del poder argentino: el entramado donde confluyen dinero, Justicia y política.
En una investigación publicada por La Nación, el periodista Daniel Bilotta reconstruye las derivaciones judiciales de las causas que investigan presuntas maniobras irregulares con dólares oficiales adquiridos al Banco Central y revendidos luego en mercados paralelos entre enero y agosto de 2023.
Según el artículo, las operaciones bajo sospecha habrían permitido apropiarse de cerca de mil millones de dólares provenientes del Tesoro nacional. La hipótesis central de la investigación judicial es que el esquema no podría haberse concretado sin algún grado de complicidad o permisividad desde las máximas autoridades económicas de ese período.
El expediente, que tramita en tribunales federales de Comodoro Py, permanece rodeado de hermetismo. La falta de información oficial y la existencia de múltiples investigaciones paralelas alimentan especulaciones sobre la magnitud política y financiera del caso.
La denuncia original del Banco Central es investigada por el fiscal Carlos Stornelli y quedó bajo la órbita de la jueza María Servini, quien prorrogó varias veces el secreto de sumario. En paralelo, el juez Ariel Lijo interviene en otra causa vinculada al financista Elías Piccirillo.
Bilotta sostiene que varias de las casas de cambio investigadas aparecen conectadas entre sí a través de operadores financieros y dirigentes políticos bonaerenses. Entre las firmas mencionadas figuran Megalatina, Stema Cambio, Multicambio, Centro de Inversiones Concordia, Argen Exchange y Gallo Cambios.
De acuerdo con la reconstrucción publicada por La Nación, algunas de esas sociedades tendrían vínculos indirectos con la trama de corrupción expuesta en el caso de “Chocolate” Rigau, el puntero político detenido en la Legislatura bonaerense con decenas de tarjetas de débito.
El informe detalla además cifras millonarias que llaman la atención de los investigadores: Megalatina habría comprado 413 millones de dólares en apenas ocho meses; Stema Cambio, 180 millones en dos meses; mientras Argen Exchange habría adquirido 67 millones en un período todavía menor.
La investigación intenta determinar quiénes fueron los verdaderos destinatarios de esos dólares y cuál fue el origen de los pesos utilizados para comprarlos.
Uno de los nombres que aparece repetidamente en el expediente es el de la contadora Valeria Fernández, señalada en el artículo como consultora externa del Banco Central y firmante de balances de varias de las casas de cambio bajo sospecha.
La nota también describe el trasfondo de internas judiciales y disputas de poder dentro de Comodoro Py. Bilotta menciona tensiones entre sectores alineados con Ariel Lijo y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, además de sospechas cruzadas sobre influencias políticas dentro de los tribunales federales.
En paralelo, la causa Piccirillo agrega un componente todavía más explosivo: un supuesto video grabado en Puerto Madero donde una mujer denuncia la desaparición de millones de dólares mientras muestra un placard repleto de efectivo. Según la versión publicada por La Nación, la difusión de ese material podría generar un fuerte impacto político y judicial.
El clima de incertidumbre se profundiza además por el silencio oficial del Gobierno. Bilotta sugiere que esa cautela podría estar vinculada a las relaciones políticas y financieras construidas durante los años en que Sergio Massa presidía la Cámara de Diputados y Javier Milei comenzaba a consolidar su figura pública.
Mientras continúan las investigaciones y persiste el secreto de sumario, la causa se transforma en un nuevo capítulo de las zonas grises del poder argentino: un territorio donde las fronteras entre finanzas, política y tribunales parecen cada vez más difusas.