En apenas seis meses se presentaron 200 reclamos contra bancos y fintech por tasas excesivas, falta de información y hostigamiento. La cifra casi duplica la del año pasado, mientras millones de familias enfrentan crecientes dificultades para pagar sus deudas
Durante mucho tiempo, pedir un préstamo exigía entrar a un banco, presentar recibos, completar formularios y esperar una respuesta.
Ahora alcanza con tocar una pantalla.
El dinero aparece en la cuenta en pocos minutos.
La deuda también.
Lo que parece una extraordinaria facilidad tecnológica puede convertirse rápidamente en una trampa cuando el usuario desconoce cuánto terminará pagando, las tasas alcanzan niveles extraordinarios y la cuota comienza a consumir una parte cada vez mayor de sus ingresos.
Los primeros datos oficiales muestran que el problema dejó de ser aislado.
Durante el primer semestre de 2026, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial recibió 200 reclamos relacionados con las tasas aplicadas y la falta de información en servicios financieros.
La cantidad representa un aumento del 92 por ciento frente al mismo período del año anterior.
Pero detrás de ese número existen situaciones mucho más graves.
Familias sobreendeudadas.
Cuotas que se multiplican.
Llamadas insistentes.
Mensajes intimidatorios.
Contratos que nadie entregó.
Y costos financieros que, en algunos casos, pueden superar largamente el mil por ciento anual.
EL PRECIO ESCONDIDO DEL DINERO
Uno de los principales motivos de reclamo es la diferencia entre la tasa anunciada y el costo final del préstamo.
Para comprenderlo hay que distinguir dos conceptos.
La Tasa Nominal Anual —TNA— indica el interés básico aplicado al crédito. Pero no refleja necesariamente todo lo que pagará el usuario.
El Costo Financiero Total Efectivo Anual —CFTEA— incorpora intereses, comisiones, gastos administrativos, seguros, impuestos y la forma en que esos costos se acumulan durante el año.
Es allí donde puede aparecer la verdadera magnitud de la deuda.
Una oferta puede mostrar una cuota aparentemente accesible o destacar solamente la tasa nominal. Sin embargo, cuando se agregan todos los cargos, el costo final puede ser varias veces superior.
En el mercado existen préstamos personales bancarios con tasas nominales que pueden superar el 140 por ciento y costos financieros totales cercanos al 400 por ciento anual.
En algunas plataformas digitales, dependiendo del perfil del usuario y del riesgo que le asigne el sistema, el costo financiero total puede superar el 1.300 por ciento.
No se trata de un error de escritura.
Más de mil por ciento anual.
CUANTO MÁS NECESITADO, MÁS CARO
Las entidades sostienen que las tasas reflejan el riesgo de que el dinero no sea devuelto.
Una persona sin antecedentes crediticios, con ingresos inestables o con atrasos anteriores recibe un préstamo más pequeño y más caro.
Si paga correctamente, su calificación mejora, aumenta el límite disponible y disminuye la tasa.
La explicación tiene una lógica financiera.
Pero también encierra una paradoja social.
Quien posee ingresos estables, propiedades y buenos antecedentes consigue dinero más barato.
Quien necesita desesperadamente llegar a fin de mes debe pagar mucho más.
El riesgo puede justificar diferencias en el precio del crédito.
Lo que no debería justificar es la falta de información, el ocultamiento del costo total o condiciones que vuelvan prácticamente imposible cancelar la deuda.
RECLAMOS QUE CRECEN A GRAN VELOCIDAD
Dentro de las denuncias recibidas por Defensa del Consumidor, los reclamos por préstamos y tasas excesivas tuvieron un crecimiento interanual cercano al 400 por ciento.
También aumentaron fuertemente las presentaciones por hostigamiento, maltrato o acoso a los usuarios.
Y crecieron los casos en los que no se brindó información relevante antes de concretar la operación.
Entre las irregularidades denunciadas aparecen conductas recurrentes:
No informar claramente la tasa de interés.
Ocultar o presentar de manera confusa el costo financiero total.
No entregar una copia del contrato.
Omitir comisiones, seguros o impuestos.
Modificar las condiciones sin una explicación comprensible.
Y presionar al deudor mediante llamados o mensajes permanentes.
La legislación argentina obliga a los proveedores a suministrar información cierta, clara y detallada. En las operaciones de crédito también deben comunicarse las condiciones financieras esenciales.
Que las tasas sean libres no significa que la información pueda permanecer oculta.
SEIS MILLONES DE PERSONAS EN DIFICULTADES
El aumento de los reclamos coincide con un fuerte deterioro de la capacidad de pago de las familias.
Distintas estimaciones indican que cerca de seis millones de personas presentan algún grado de mora o atraso.
El problema comenzó a crecer después de la expansión del crédito registrada durante 2024 y 2025.
En aquel momento, bancos, tarjetas y billeteras digitales ampliaron sus ofertas. Muchas familias recurrieron al financiamiento confiando en una recuperación de sus ingresos.
Pero los salarios no crecieron al mismo ritmo que las cuotas y las tasas tardaron en bajar.
El resultado fue previsible.
Primero se utilizó la tarjeta para sostener el consumo.
Después se pidió un préstamo para pagar la tarjeta.
Más tarde apareció otro crédito para cancelar el préstamo anterior.
Así se construye la rueda del sobreendeudamiento.
Una deuda no reemplaza al ingreso.
Solamente permite postergar el problema.
LAS FINTECH TAMBIÉN EXHIBEN SUS ARGUMENTOS
Las empresas financieras tecnológicas sostienen que no son las únicas responsables de la morosidad.
Según datos aportados por el sector, alrededor del 8 por ciento del volumen total de crédito en mora correspondería a las fintech, mientras que aproximadamente el 74 por ciento se encontraría en los bancos y el resto en otros proveedores no financieros.
También reclaman mayor acceso a información crediticia para evaluar mejor a los solicitantes y reducir el riesgo.
Cuanto menos conoce una empresa sobre una persona, mayor es la tasa que aplica para cubrirse frente a un posible incumplimiento.
El argumento merece ser considerado.
Pero ampliar la información disponible no resuelve por sí solo el problema central.
Una empresa puede calcular perfectamente el riesgo de un cliente y, aun así, ofrecerle un préstamo que probablemente no podrá pagar.
La tecnología mejora el cálculo.
No necesariamente mejora la responsabilidad.
EL BANCO CENTRAL YA OBSERVA EL DETERIORO
El último informe disponible del Banco Central sobre proveedores no financieros de crédito confirmó una tendencia preocupante.
En febrero de 2026, la irregularidad de los préstamos personales otorgados por esos proveedores alcanzaba el 34,1 por ciento. En las fintech, la proporción de cartera irregular llegaba al 26,2 por ciento.
Entre las personas que también mantenían deudas con entidades financieras, la irregularidad había subido del 10,9 por ciento en agosto de 2025 al 16,1 por ciento seis meses después.
Además, unas 6,9 millones de personas poseían financiamiento de proveedores no bancarios y, al mismo tiempo, de entidades financieras. En conjunto acumulaban más de quince millones de asistencias crediticias.
Esto significa que numerosos usuarios no tienen una sola deuda.
Tienen varias.
Una persona puede deberle simultáneamente a un banco, una tarjeta, una billetera virtual y un comercio.
Cuando se mira cada crédito por separado, el riesgo parece manejable.
Cuando se suman todos, la situación cambia.
“SON TASAS ABUSIVAS”
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció públicamente que costos del 400 o 700 por ciento resultan abusivos.
Sin embargo, señaló que actualmente no existe una norma que impida cobrarlos y consideró que se trata de una relación entre privados.
Esa respuesta vuelve a colocar en el centro una discusión fundamental.
¿Hasta dónde debe llegar la libertad de las entidades para fijar el precio del dinero?
¿Y en qué momento corresponde que el Estado intervenga para proteger al consumidor?
Regular no significa necesariamente fijar una única tasa para todo el mercado.
Existen otras herramientas.
Obligar a exhibir el costo financiero total con el mismo tamaño y claridad que la cuota.
Prohibir cargos ocultos.
Exigir evaluaciones responsables de la capacidad de pago.
Sancionar el hostigamiento.
Establecer mecanismos de refinanciación.
Crear períodos de reflexión para determinados créditos.
Y garantizar que el usuario reciba el contrato completo antes de aceptar.
La libertad de contratar sólo es real cuando la persona comprende qué está contratando.
MÁS DE TREINTA PROYECTOS
El Congreso analiza numerosas iniciativas destinadas a regular el crédito, limitar determinadas prácticas o establecer mecanismos de desendeudamiento.
Los bancos y las fintech buscan evitar regulaciones rígidas que, según argumentan, podrían reducir la oferta y excluir del sistema a quienes presentan mayor riesgo.
La advertencia tampoco debe descartarse.
Si se fija una tasa máxima demasiado baja, algunas entidades podrían dejar de prestar a los sectores más vulnerables. Esas personas terminarían recurriendo a prestamistas informales, sin contratos ni protección legal.
El desafío consiste en evitar dos extremos.
Un mercado completamente desregulado, donde la necesidad permita cobrar prácticamente cualquier cosa.
Y una regulación tan rígida que termine expulsando del crédito formal a quienes más lo necesitan.
LA EXPERIENCIA DE LA CIUDAD
En la Ciudad de Buenos Aires se avanzó con un régimen de desendeudamiento que propone facilitar la refinanciación de obligaciones.
El esquema contempla que las entidades adheridas ofrezcan una tasa nominal fija máxima del 35 por ciento y un plazo no inferior a 24 meses, a cambio de determinados beneficios impositivos.
El mecanismo es voluntario y todavía deberá demostrar su alcance efectivo.
Pero introduce una idea interesante:
El Estado no cancela las deudas.
El deudor sigue obligado a pagar.
La entidad conserva el derecho a cobrar.
Pero se modifican las condiciones para que la obligación pueda ser cumplida sin destruir completamente el ingreso familiar.
LA MOROSIDAD FRENA TODA LA ECONOMÍA
El sobreendeudamiento no perjudica solamente al que debe.
Una familia que destina una parte creciente de sus ingresos al pago de intereses deja de consumir.
Compra menos alimentos.
Posterga la ropa.
Suspende reparaciones.
Reduce gastos médicos.
El comercio vende menos.
La pyme produce menos.
Y la economía pierde actividad.
Durante 2026, los créditos al consumo —incluidos préstamos personales y tarjetas— registraron caídas en términos reales.
Esto significa que el sistema llegó a un punto delicado.
Las familias no pueden seguir endeudándose al mismo ritmo.
Las entidades endurecen las condiciones porque aumenta la mora.
Y las tasas elevadas provocan nuevos incumplimientos.
Es un círculo que se retroalimenta.
UN RECLAMO NO ES TODA LA REALIDAD
Doscientas denuncias pueden parecer pocas frente a millones de deudores.
Pero los reclamos formales representan solamente una parte del problema.
Muchas personas no saben dónde denunciar.
Otras sienten vergüenza.
Algunas temen que el reclamo empeore su situación crediticia.
Y una gran cantidad simplemente acepta que fue su culpa, aunque nunca haya recibido información suficiente.
Por eso, el aumento del 92 por ciento funciona como una señal.
No mide toda la crisis.
Muestra su temperatura.
ANTES DE ACEPTAR
Frente a una oferta de crédito, el usuario debería exigir cinco datos fundamentales:
La cantidad total de cuotas.
El valor inicial de cada cuota.
La Tasa Nominal Anual.
El Costo Financiero Total Efectivo Anual.
Y la suma final que terminará devolviendo.
También debe conservar una copia del contrato y verificar qué ocurre en caso de atraso.
Si esa información no aparece o resulta difícil de comprender, la operación no debería aceptarse.
El problema es que estas precauciones suelen llegar cuando la persona ya necesita el dinero con urgencia.
Allí aparece la responsabilidad del Estado.
No para decidir por el ciudadano.
Sí para garantizar que nadie pueda aprovecharse de su necesidad.
EL CRÉDITO DEBE SER UNA HERRAMIENTA
El crédito cumple una función indispensable.
Permite comprar una herramienta de trabajo, reparar una vivienda, afrontar una emergencia o financiar un proyecto.
Pero cuando se utiliza para pagar alimentos todos los meses, algo más profundo está fallando.
Y cuando su costo hace imposible devolverlo, deja de ser una herramienta de progreso.
Se convierte en una trampa.
Las 200 denuncias del primer semestre son una advertencia.
La morosidad creciente es otra.
Los costos financieros superiores al mil por ciento completan el cuadro.
Bancos, fintech, Congreso, Banco Central y organismos de Defensa del Consumidor deben encontrar una respuesta antes de que el problema continúe creciendo.
Porque detrás de cada porcentaje no hay solamente una operación financiera.
Hay una familia que pidió dinero para solucionar una urgencia y puede terminar convirtiendo esa urgencia en una condena.