Luego de dos semanas marcadas por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, el Gobierno anunció que enviará al Congreso el proyecto para penalizar a los legisladores que atenten contra el superávit fiscal.
Milei había anunciado la penalización de legisladores
La medida había sido anunciada a principios de agosto por el propio Milei, luego de que la oposición le diera un duro golpe al oficialismo en el Congreso y derribara una serie de decretos del Ejecutivo para reformar y disolver organismos y diera media sanción a dos proyectos que atentaban contra las metas fiscales de la Casa Rosada: la Ley de Financiemiento Universitario y la Ley Garrahan.
Los audios, que daban cuenta de una supuesta trama de corrupción en la Andis vinculada directamente a Karina Milei y su mano derecha, Eduardo ‘Lule’ Menem, pusieron a la defensiva al Gobierno, que decidió delegar la comunicación de la crisis en unos pocos voceros como Guillermo Francos y Martín Menem, hasta preparar el contraataque.
Escándalo Spagnuolo: «operación kirchnerista»
Finalmente, el vocero Manuel Adorni hizo alusión a los hechos, ratificando la versión de «una operación kirchnerista» y anunció el envío del proyecto de blindaje fiscal para recuperar el control de la discusión política.
La normativa en cuestión, según explicó el funcionario, tiene el objetivo de prohibir «la emisión monetaria innecesaria» y garantizar la vigencia del equilibrio fiscal. Entre sus principales puntos, establece que el Presupuesto nacional debe proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario y sostiene que en el caso de las prórrogas presupuestarias, estas deberán mantener – como mínimo – un resultado también equilibrado.
Además, la iniciativa prohíbe los gastos extrapresupuestarios y marca que los funcionarios no podrán ejecutar gastos no autorizados o sin recursos, debidamente acreditados. También establece los principios de disciplina legislativa e incorpora informes de impacto presupuestario para aclarar cómo se financian los proyectos que implican gastos o que implican más recursos.
«Todas las normas que violen lo dispuesto serán nulas, de nulidad absoluta, es decir, no podrá haber leyes que atenten contra el equilibrio fiscal y que no establezcan cómo se financia el gasto previsto», remarcó Adorni en su anuncio.
A su vez, el punto central de la norma dispone que «aquellos funcionarios públicos que incumplan esta normativa y que pretendan violar el equilibrio fiscal serán castigados con todo el peso de la ley». Para ello, el Gobierno buscará incorpora al Código Penal nuevas figuras destinadas a ese fin. «Estas reglas van a entrar en vigencia el día siguiente de su publicación y se van a aplicar al primer ejercicio fiscal completo de su entrada en vigencia», sentenció el vocero.