El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) expresó su preocupación por la explosión y el posterior incendio ocurridos el 13 de noviembre en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en Remedios de Escalada. El hecho, que habría tenido origen en la rotura de una cañería de distribución de gas de media presión durante trabajos de renovación de la red, provocó la muerte de una persona y dejó varios heridos, además de importantes daños en la zona.
A través de un comunicado institucional, la entidad manifestó su solidaridad con las víctimas, sus familias, los vecinos y comerciantes afectados. También destacó el trabajo de los bomberos, Defensa Civil y los equipos de salud que participaron del operativo de emergencia.
Si bien señaló que corresponde a la Justicia determinar las causas y responsabilidades del siniestro, el Colegio puso a disposición de las autoridades su colaboración técnica y aprovechó el episodio para volver a advertir sobre lo que considera una problemática estructural: la falta de controles efectivos sobre las obras de infraestructura que se ejecutan en la vía pública.
Uno de los principales cuestionamientos del CIPBA apunta a la presunta ausencia de un ingeniero matriculado en la provincia de Buenos Aires que asumiera la responsabilidad técnica de los trabajos.
En ese sentido, la entidad cuestionó el procedimiento de Metrogas, al señalar que la empresa prestataria se limita a solicitar el número de matrícula del profesional interviniente, sin exigir el contrato profesional visado por el Colegio.
Según explicó, ese instrumento permite verificar que el profesional cuente con las incumbencias necesarias, tenga su matrícula habilitada y haya asumido efectivamente la responsabilidad técnica de la obra.
El comunicado también apunta contra EXGADET, empresa contratista que, según informó el CIPBA, había sido intimada mediante una carta documento el 3 de diciembre de 2025. En su respuesta, la firma habría manifestado que registró la tarea ante otra entidad, lo que evidencia que no había un ingeniero matriculado en la provincia actuando en esa intervención.
A su vez, el Colegio cuestionó la Ordenanza 1287 de la Municipalidad de Lanús, que regula este tipo de trabajos y que, según sostiene, exige la matriculación, pero no la presentación de los contratos profesionales correspondientes.
El reclamo del CIPBA no se limita a las empresas involucradas ni a las autoridades municipales. La institución también extendió sus críticas al ámbito provincial, particularmente al Tribunal de Cuentas bonaerense.
Según planteó, ese organismo debería verificar que los municipios exijan el cumplimiento de las leyes que regulan el ejercicio profesional de la ingeniería y los aportes previsionales correspondientes en las obras y permisos que autorizan o contratan.
En particular, mencionó la Ley Provincial 10.416, que regula el ejercicio profesional de la ingeniería, y la Ley 12.490, vinculada al régimen previsional de los profesionales de la ingeniería. Para el Colegio, la falta de controles sobre estas obligaciones puede derivar tanto en perjuicios económicos para el Estado como en un debilitamiento del sistema previsional profesional.
En el plano nacional, la entidad reclamó la aprobación de la norma NAG-225, denominada Sistema Integral de Matriculación para Instaladores de Gas, cuyo proyecto fue sometido a consulta pública mediante la Resolución ENARGAS 247/2019.
El CIPBA advirtió que, a siete años de aquella instancia, la norma continúa sin aprobarse y sostuvo que su implementación permitiría establecer con mayor claridad las incumbencias de ingenieros, arquitectos y técnicos en las instalaciones de gas, de acuerdo con la formación de cada profesión.
Para el Colegio de Ingenieros, las obras sobre redes de servicios públicos, especialmente las vinculadas con gas y energía eléctrica, requieren una intervención profesional acorde con los riesgos que implican.
Por eso, sostiene que deben contar con un ingeniero matriculado que asuma la representación técnica, con el contrato correspondiente visado ante el CIPBA y los aportes ingresados a la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires (CAAITBA).
La entidad remarcó que estos requisitos no representan simples formalidades administrativas, sino garantías para identificar a un responsable técnico, verificar sus competencias y asegurar que los trabajos contemplen las medidas de prevención, los protocolos de seguridad y la identificación de posibles interferencias con otras instalaciones.
Finalmente, el CIPBA recordó que viene realizando advertencias sobre situaciones similares ante organismos reguladores como OCEBA y empresas prestatarias como EDESUR y Metrogas, sin obtener, según afirmó, respuestas acordes con la gravedad de los planteos.
El comunicado concluye con un cuestionamiento directo a las prioridades de las empresas y del Estado: mientras las tarifas de los servicios públicos registran aumentos, la entidad considera que no existe una respuesta equivalente en materia de calidad, regulación y seguridad.