La investigación judicial por la distribución de fentanilo contaminado, asociada a la muerte de al menos 90 pacientes, ingresa en una nueva etapa que ya no se concentra únicamente en los responsables de los laboratorios involucrados. El foco comienza a desplazarse hacia quienes tenían la obligación de controlar la producción, habilitación y circulación de esos medicamentos.
Concluida la feria judicial, se espera un dictamen de la Fiscalía que podría impulsar la acción penal contra funcionarios y exfuncionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), organismos encargados de supervisar la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos que llegan al sistema de salud.
Una causa que cambia de etapa
Hasta el momento, la causa cuenta con 13 personas procesadas, entre ellas directivos y responsables de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
Sin embargo, la investigación avanzó sobre un interrogante cada vez más relevante: ¿cómo fue posible que un medicamento con tantas irregularidades llegara a hospitales y clínicas de todo el país?
Para los investigadores, la respuesta no depende solamente de las empresas involucradas, sino también del funcionamiento de los mecanismos estatales de fiscalización.
Controles que no alcanzaron
La documentación incorporada al expediente judicial expone una larga secuencia de inspecciones, observaciones técnicas y advertencias realizadas durante varios años.
Entre las irregularidades detectadas figuran:
producción de medicamentos en sectores no habilitados;
utilización de envases no autorizados;
ausencia de registros técnicos obligatorios;
fallas en los procesos de control de calidad;
elaboración de lotes sin la documentación correspondiente;
deficiencias reiteradas en las buenas prácticas de manufactura.
A pesar de esas observaciones, los laboratorios continuaron produciendo medicamentos durante un prolongado período.
Uno de los aspectos más cuestionados por la investigación es que varias recomendaciones técnicas que sugerían medidas más severas no se tradujeron en clausuras efectivas ni en la suspensión inmediata de las actividades.
Demoras bajo investigación
El expediente también analiza los tiempos con que actuaron los organismos de control.
Según surge de la causa, algunas inspecciones detectaron irregularidades consideradas críticas, pero las resoluciones administrativas demoraron semanas e incluso meses en completarse.
En ese lapso continuó la producción de medicamentos que posteriormente fueron retirados del mercado.
Los investigadores consideran que esas demoras podrían haber tenido consecuencias sanitarias de enorme gravedad.
El retiro del medicamento
Otro de los puntos que analiza la Justicia es el procedimiento utilizado para retirar del mercado las partidas contaminadas.
De acuerdo con la investigación, fue el propio juzgado quien impulsó gran parte del operativo destinado a localizar y retirar los lotes distribuidos en hospitales, clínicas y droguerías de distintas provincias.
Ese aspecto también forma parte del análisis sobre la eficacia de la respuesta institucional frente a una emergencia sanitaria.
Una cadena de advertencias
La documentación reunida durante la investigación refleja que las observaciones oficiales sobre los laboratorios no comenzaron con el episodio del fentanilo.
Desde años anteriores ya existían antecedentes vinculados con:
presencia de partículas en medicamentos;
contaminación microbiológica;
problemas en procesos productivos;
incumplimientos documentales;
deficiencias en sistemas de control interno;
observaciones reiteradas durante distintas inspecciones.
La Justicia busca establecer si esos antecedentes debieron haber derivado mucho antes en medidas más contundentes.
Posibles responsabilidades
La eventual imputación de funcionarios de los organismos de control no implica una condena ni determina responsabilidades penales.
Lo que la Fiscalía analiza es si existieron acciones u omisiones que permitieron la continuidad de actividades productivas pese a las reiteradas advertencias técnicas.
Será la etapa judicial la que determine si esas conductas constituyen o no delitos.
La mayor tragedia sanitaria de los últimos años
La causa es considerada una de las investigaciones sanitarias más importantes de las últimas décadas en la Argentina.
Además de establecer responsabilidades empresariales, intenta reconstruir toda la cadena de controles que debía garantizar que un medicamento destinado a pacientes críticos cumpliera con las condiciones de seguridad exigidas por la legislación vigente.
Las próximas decisiones judiciales podrían ampliar significativamente el número de personas investigadas y modificar el alcance institucional del expediente.
Cuando un medicamento llega a una sala de terapia intensiva, el paciente, su familia y el médico parten de una certeza: ese producto fue controlado por el Estado.
Toda la confianza del sistema sanitario descansa sobre esa premisa.
Por eso esta causa trasciende a un laboratorio o a una empresa. También obliga a preguntarse si los organismos encargados de proteger la salud pública actuaron con la rapidez, el rigor y la eficacia que la situación exigía.
La Justicia deberá responder esa pregunta con pruebas y no con presunciones.
Porque cuando falla un control administrativo puede haber pérdidas económicas.
Pero cuando falla el control sobre un medicamento, lo que está en juego son vidas humanas.
Y esa es una responsabilidad que ningún Estado puede permitirse descuidar.