Las tarifas de los servicios públicos volverán a subir en noviembre y nuevamente lo harán con aumentos superiores al nivel de inflación del mes anterior.
Si bien el peso relativo de este costo fijo en la medición de la inflación del Indec no se actualizó como corresponde por una decisión política del Gobierno, y con el llamativo silencio de empresarios y referentes que en otras horas políticas protestaban por la manipulación del organismo estadístico, no es menos cierto que sus consecuencias llegan a todo el aparto productivo y comercial independientemente de que se lo mida o no, ya sea por inercia o por actualizaciones de costos obligatorias. Por supuesto que el traslado no es automático, pero el peso se siente y lo muestra -a pesar de todo- el Indec.
La contradicción es obvia, el Gobierno pregona a los cuatro vientos que todos sus esfuerzos se encaminan a reducir la inflación a cero, sin embargo mes a mes vuelven a autorizar aumentos que mueven la aguja inflacionaria hacia arriba.
Como asterisco hay que mencionar una tímida pero significativa reacción en las últimas horas. El Gobierno decidió por primera vez aumentar los subsidios al transporte público nacional (colectivos que entran y salen de CABA) para evitar un impacto en la inflación.
Por supuesto que no se trata de plantear que son las tarifas las únicas responsables de la inflación. Por lo que dice el Gobierno y contradiciendo su discurso histórico, la causa también hay que buscarla en el ruido político nacional e internacional y no sólo en las variables monetarias. La traducción literal es que «la inflación NO es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario», sino también «un fenómeno político».
Tampoco se trata de evaluar cuán atrasadas están las tarifas. El Gobierno debería blanquear claramente cuánto deben aún aumentar los servicios públicos y de esa forma plantear un piso realista de inflación para el último año y medio de Gobierno sin fantasear con números que comiencen con cero cuando los aumentos tarifarios arrancan con un dos, tres, cuatro o cinco.
Más presión para los hogares
Desde el primer día del mes de noviembre las facturas de electricidad subirán 3,57% en promedio para los usuarios de Edenor y Edesur, mientras que las de gas tendrán un ajuste promedio de 2,17%. A esos aumentos se agregan las subas de aproximadamente 3,9% en los colectivos de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, y en el subte porteño.
La evolución de los precios muestra que los rubros vinculados con los servicios avanzaron claramente más rápido que el nivel general. Según el INDEC, entre enero y septiembre de 2026 la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles acumuló un aumento del 35,6%, frente al 23,6% del IPC y en la comparación interanual, la suba llegó al 49,1%, contra el 33,4% del nivel general.
Los precios regulados, por su parte, aumentaron 31,5% en los primeros nueve meses del año y 43,3% en doce meses. En septiembre, la división Vivienda registró una suba mensual del 3,1%, frente al 1,9% del IPC general, mientras que los precios regulados avanzaron 2,3%.
Un relevamiento del Centro de Estudios en Finanzas Públicas (CEFIP), de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, informó en su último Boletín de Precios y Tarifas Públicas, que en septiembre los servicios públicos del AMBA acumularon un aumento real interanual del 16%, es decir, por encima de la inflación. Durante el tercer trimestre, el incremento real fue del 1,8% respecto del período anterior.
En la comparación entre septiembre de 2025 e igual mes de 2026, los mayores aumentos reales correspondieron a los colectivos, con 45,9%; el gasoil, con 27,1%; los ferrocarriles urbanos, con 26,8%; y el subte, con 23,1%. El gas residencial registró una suba real más moderada, del 8,8%.
El informe también muestra diferencias según el nivel de ingresos. Desde diciembre de 2015 hasta septiembre de 2026, el encarecimiento real acumulado de los servicios alcanzó el 249,5% para los hogares de menores ingresos que no reciben tarifa social. Para los sectores de ingresos medios fue del 190,6%, mientras que para los de mayores ingresos llegó al 144,2%. En los hogares con tarifa social, el incremento real acumulado fue del 26,4%.
El ingreso disponible
El aumento de las tarifas de servicios públicos no sólo tiene impacto directo en el nivel de inflación general, sino que afecta cada vez más la calidad de vida. Si la preocupación es que el aumento de precios actúa como un impuesto a los pobres y como una pesada piedra para las empresas, también lo hace la retracción del consumo generada por la drástica baja del ingreso disponible.
Según el dato de agosto, el último que publicó la consultora Equilibra, el ingreso disponible está un 5% por debajo del nivel de un año antes. En tanto, en julio, todavía se encontraba 16,1% por debajo del nivel promedio de los primeros nueve meses de 2023.
El indicador permite observar una dimensión que no surge de comparar únicamente salarios e inflación, sino de restar el componente de gasto fijo real al ingreso real de las familias y saldar, aunque sea sólo en parte, la crisis que generó la medición defectuosa del Indec de la incidencia real de las tarifas en la inflación.
La medición del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET para septiembre mostró que la canasta de electricidad, gas, agua y transporte público para un hogar tipo del AMBA sin subsidios llegó a $268.405 mensuales, equivalente al 14,6% de un salario promedio registrado, una porción demasiado elevada si se tienen en cuenta ingresos que no alcanzan a cubrir siquiera la canasta de pobreza que mide el Indec.
Según esta medición, entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, las tarifas acumularon un aumento del 46,3%, frente al 23,6% del IPC general. En la comparación interanual, la suba fue del 55%, contra el 33,4% del índice oficial.