MÁXIMA ALERTA EN EL OFICIALISMO POR EL CASO DE LAS TARJETAS DE LA CORRUPCIÓN Y EL IMPACTO EN LA CAMPAÑA

Ignacio Ortelli

Ante el riesgo de que se transforme en un cisne negro, justo cuando dicen estar atravesando el “mejor momento” en las encuestas post PASO, en el oficialismo siguen con extrema preocupaciónEl el impacto del escándalo por el caso de las tarjetas de la corrupción que protagoniza Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ platense al que la Policía detuvo hace dos semanas cuando sacaba dinero de 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense.

Con todo el arco político bajo la lupa por el sugestivo silencio al que se llamaron referentes oficialistas y opositores, en Unión por la Patria creen que puede beneficiar a Javier Milei, por ser el único que no cuenta con estructura en la Cámara de Diputados provincial: “Esto se la deja picando para el discurso anti casta, a nadie le conviene que escale”, concede una voz de peso en el búnker de campaña oficialista.

En el edificio ubicado en Bartolomé Mitre al 300 a metros de Plaza de Mayo, donde tras las primarias el massismo se adueñó de la conducción, buscaron despegar rápido al candidato a presidente, Sergio Massa, y también restarle responsabilidad al peronismo, más allá de los evidentes vínculos de Rigau con la política platense y sectores del massismo y el PJ tradicional.

Axel Kicillof, Federico Otermin y Marín Insaurralde, el poder peronista en la Provincia de Buenos Aires. Están en silencio.

Pese a eso, distintas fuentes que este jueves participaron de una reunión de la mesa de campaña, aseguraron que no fue motivo de debate interno: “Ni lo hablamos y Sergio no perdió un solo minuto en el tema. Es algo que debe investigarse en el marco de la Justicia y con el que no tenemos nada que ver”, indicó uno de los participantes.

Otro de los presentes lamentó que el escándalo pueda empañar un concepto que repiten en el entorno massista: “Es el mejor momento de Sergio en la campaña. Rompimos el techo (de UxP) en las encuestas y seguimos creciendo”.

“Pensar que un tipo que está con 48 plásticos sacando dinero responde a un solo sector político es una ingenuidad. Por algo se quedaron tranquilos todos, nadie está tirando piedras, ni siquiera los de Juntos (por el Cambio)”, planteó filoso un dirigente renovador, enojado por los señalamientos de supuestos vínculos de Rigau con operadores massistas y del oficialismo provincial, que se acumularon a partir de la polémica decisión de los jueces Juan Benavides y Alejandro Villordo, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones de La Plata, de declarar nulo el procedimiento hecho por la policía.

La reacción del oficialismo a las acusaciones por las dudas en torno a los magistrados fue al menos curiosa: “Que hayan volteado la causa sin investigar no nos ayuda para nada, al contrario. Es funcional a los que dicen que era un recaudador nuestro. Es imposible que les hayamos pedido eso, una locura por lo torpe”, razona un operador del peronismo bonaerense ante la Justicia sobre el argumento que utilizaron los jueces para liberar a Rigau: sostuvieron que la Policía no tenía una orden judicial para requisar al puntero.

El equipo de Sergio Massa, atento al caso de las tarjetas de la corrupción.

Benavides y Villordo, los jueces que quedaron en el centro de la escena, tienen dos trayectorias bien distintas. El primero fue designado en 2021, con el impulso del gobernador Axel Kicillof. Por otro lado, como contó Clarín, el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, lleva como candidato a concejal a Facundo Albini, un dirigente para el que trabajó el puntero Rigau.

En tanto, a Villordo se lo vincula con el massista Raúl “Cabezón” Pérez porque accedió a su actual cargo en 2009, cuando el dirigente manejaba el bloque del PJ en Diputados de la provincia y tenía influencia en las designaciones porque integraba el Consejo de la Magistratura de la Provincia: “Es un disparate, el Cabezón se fue de ese cargo en 2011 y en los ocho años que estuvo designaron 4 mil funcionarios. A (César) Melazzo también lo designó pero después lo denunció”, replicaron desde el entorno de Pérez.

Los más desconfiados dirigentes de Unión por la Patria refuerzan una teoría sobre la actitud de los jueces: plantean que se trata de “un vuelto” de la Justicia contra el oficialismo bonaerense en respuesta a que restan cubrir unos 800 cargos, entre las tres vacantes en la Suprema Corte de Justicia, cuatro en la Cámara de Casación y tres en la Cámara de Apelaciones de La Plata.

Quienes exponen esa teoría argumentan que al oficialismo “no le sirvió para nada” en términos electorales que los jueces pusieran el tema en la agenda de campaña. “Nos perjudica porque alimenta todas las operaciones que hace la oposición”, concluye, “con mucha bronca”, un importante referente de la campaña.

 

Fuente: Clarin