La columna de Hernán Cappiello revela un proyecto en elaboración dentro del gobierno de Javier Milei que apunta a rediseñar la estructura de la Justicia federal, con impacto directo en los tribunales de Comodoro Py, donde se investigan las principales causas de corrupción.
El eje de la iniciativa es reducir de 12 a 8 los juzgados federales de primera instancia, dejando sin cubrir las cuatro vacantes actuales. Una lógica similar se aplicaría a la Cámara Federal de Casación Penal, donde el oficialismo evalúa pasar de 13 a 9 jueces, también sin completar los concursos en marcha. Según el artículo, no se trata solo de una decisión administrativa sino de una redefinición del equilibrio de poder dentro del sistema judicial.
El argumento formal del Gobierno se apoya en la caída del volumen de causas. De acuerdo con estadísticas de la Corte Suprema, ingresan unos 1602 expedientes por año a la Cámara Federal —alrededor de 70 por mes por sala—, lo que dejaría un promedio cercano a un centenar de causas por juzgado en primera instancia. A esto se suma, según fuentes judiciales citadas, una estructura sobredimensionada en algunos tribunales, con plantillas de personal muy dispares.
Sin embargo, el trasfondo es político e institucional. La nota recuerda que la actual configuración de 12 juzgados se originó en los años noventa, cuando el entonces presidente Carlos Menem duplicó la cantidad de tribunales para diluir el poder de los jueces que investigaban casos de corrupción. Ese proceso dio lugar a los llamados “jueces de la servilleta”, en alusión a una supuesta lista confeccionada por el exministro Carlos Corach.
Hoy, con varias de esas figuras ya fuera del sistema, el Gobierno busca una nueva reconfiguración. Pero la decisión de no cubrir vacantes genera resistencias, ya que implicaría concentrar aún más poder en los magistrados en funciones y bloquear el ingreso de nuevos jueces. “Es una deficiencia muy grande”, advierte una fuente judicial citada en la nota.
El mapa actual de Comodoro Py muestra un esquema fragmentado, sin liderazgos claros. Entre los jueces en funciones figuran María Servini, Ariel Lijo, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, entre otros. Según describe el artículo, actúan de manera bastante autónoma, en un sistema que algunos comparan con “singlistas” o incluso con una lógica de competencia interna.
En paralelo, el Gobierno también trabaja sobre la Cámara Federal, tribunal clave en la revisión de decisiones de primera instancia. Allí se abren vacantes relevantes, como la eventual salida de Martín Irurzun al cumplir 75 años, y la necesidad de definir reemplazos para Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. El oficialismo analiza impulsar nombres afines, en coordinación con el Ministerio de Justicia que encabeza Juan Bautista Mahiques.
El artículo también menciona factores informales de poder que históricamente influyeron en estos tribunales, como el rol de los servicios de inteligencia —con figuras como Antonio Stiuso— y las relaciones entre jueces y actores políticos.
En síntesis, la propuesta oficial combina argumentos de eficiencia con una clara intención de rediseñar la arquitectura judicial. La reducción de juzgados y la no cobertura de vacantes podrían simplificar la estructura, pero también concentrar decisiones en menos manos y reconfigurar el sistema de equilibrios que rige las investigaciones más sensibles del país.