“Esa foto es música para mis oídos, no me sonroja decir que Bukele me copió lo que tengo en la cabeza”, dijo sin titubear el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, mientras en un programa de televisión le mostraban imágenes sobre cómo eran tratados en El Salvador los presos que pertenecen a las llamadas “Maras”, organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, sicariato, secuestros y otros delitos que azota ese país, y otros de Centroamérica, desde hace décadas.
No se trata de una investigación periodística, es un video promocional que publicó y difundió el gobierno de Nayib Bukele, el presidente que gobierna con mano dura El Salvador desde el 1° de junio de 2019. En esta filmación se muestra el primer traslado de delincuentes a una megacárcel con capacidad para 40 mil presos, nombrada como Centro de Confinamiento del Terrorismo. Las imágenes son brutales: los reos están rapados, cubiertos apenas con calzoncillos blancos para que su cuerpo quede expuesto y se puedan ver a simple vista todos sus tatuajes que hacen alusión a su pertenencia a determinados grupos de Maras. Los reclusos se agachan y corren bajo el asedio de los guardias, no pueden mirarlos a los ojos como marca de autoridad y de su sometimiento a la misma; se agrupan en filas indias, con las manos en la nuca y la mirada en el piso. No es una filtración, reitero, es un video institucional filmado con varias cámaras y planos cinematográficos que tiene toda la intención de mostrar hasta donde llegó la política de mano dura de Nayib Bukele en su país, que, vale reconocer, obtiene buenos resultados al haber bajado los indicadores de criminalidad.
Justamente es eso lo que Bukele exportó, logrando sumar simpatías en varios países de la región que sufren la calamidad de la inseguridad y el narcotráfico. El delito está presente en muchas ciudades de América Latina, como sucede hoy en nuestro país. Rosario es el punto de mayor concentración de hechos violentos, pero éstos se repiten también en otros lugares, especialmente en el conurbano, generando noticias que suelen verse como situaciones aisladas y no como un permanente problema de seguridad. Quizás porque allí no amenazaron, como hicieron en un barrio de Rosario, a Lionel Messi, siendo él y su familia también receptores de amedrentamientos delictivos. El mundo habló de su ciudad natal, sin proponérselo, y siendo una víctima más, el mejor jugador de fútbol de la historia logró lo que la demanda social no había podido hasta ahora, que después de tres años el gobierno nacional se ocupara de poner a Rosario dentro de sus prioridades en materia de seguridad.
Mucha gente apoya y pide que esas prácticas sobre cómo encarar el delito organizado adoptado por Bukele se lleven adelante en nuestro país. “Las víctimas también tenían derechos y están muertos, ¿por qué deberíamos tener consideración con este tipo de criminales?”, se suele escuchar o leer en las redes sociales. Según una encuesta de diciembre de 2020 realizada por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la UBA, 9 de cada 10 argentinos temen ser víctimas de un hecho de inseguridad. Otros trabajos señalan que 7 de cada 10 o fueron víctimas o tienen a alguien cercano que lo fue. Con ese nivel de preocupación, es comprensible que un sector de la sociedad esté dispuesto a resignar derechos para ganar seguridad, el miedo está entre nosotros, la política debe admitir ese dato de la realidad, no hacerlo es patear la pelota afuera.
El problema es la falta de convicciones sobre cómo encarar una política de seguridad. Eso parece sucederle al gobierno nacional y al gobierno bonaerense donde se exhiben grandes contradicciones. El kirchnerismo tardó años en entender que las pistolas Taser pueden ser una herramienta eficaz para neutralizar a un delincuente sin que peligre la vida de los agentes de seguridad, como sucedió hace poco con el asesinato de la policía Maribel Zalazar, que pudo ser evitado de contar con ese tipo de arma. También tardó demasiado en entender que las Fuerzas Armadas, sin necesidad de realizar trabajo policíaco, pueden ayudar a combatir el narcotráfico. Por ejemplo, la Fuerza Aérea puede controlar el espacio aéreo para detener la llegada de drogas por esa vía, pero no apoyaron en 2018 la “ley de derribe”, que era una herramienta necesaria para contrarrestar esa modalidad. Ahora deciden que las FFAA deben y pueden colaborar en Rosario. El kirchnerismo del 54% no habría permitido estas voces en su espacio, aún cuando el narcotráfico en Rosario y la inseguridad ya eran una realidad, como tampoco ayudaron a tomar las medidas que hoy toman contra el crimen narco cuando fueron oposición. Demasiada hipocresía para abordar un tema tan sensible, parecería que la posible debacle electoral los hace cambiar de posición rápidamente.
Sergio Berni dijo que “tiene en la cabeza” una política de seguridad como la que encara Bukele en El Salvador. No es un opinador o un analista, es ministro de Seguridad del gobernador Axel Kicillof, a quien jamás se escuchó ni remotamente decir que piensa tratar de ese modo a los presos. De hecho, en su gobierno fueron liberados miles al comienzo de la pandemia. Kicillof no desautorizó a Berni por estos dichos. A Berni se le sumó el general César Milani, que dijo esta semana que “hay que hacer algo parecido a El Salvador”. Milani fue tapa de la revista Madres de Plaza de Mayo en momentos que la justicia lo investigaba por violaciones a los DDHH durante la dictadura. ¿Coinciden con Milani los organismos de DDHH argentinos que lo defendieron como a ningún otro militar que fue parte del Proceso de Reorganización por el solo hecho de pertenecer al kirchnerismo? ¿Están de acuerdo La Cámpora y el kirchnerismo más duro con adoptar estas políticas de seguridad? Muchas de estas preguntas son pertinentes, porque para llegar a alojar presos en esa cárcel y mostrárselo al mundo como un ejemplo de política de seguridad exitosa, antes Bukele implementó un estado de sitio con todas las excepciones a la ley, habilitó detenciones arbitrarias, extendió los plazos de prisión preventiva, redujo la edad de imputabilidad, otorgó presupuesto y armamento a las fuerzas de seguridad, que además contaron con todas las atribuciones para violar derechos aun los que estaban garantizados por la Constitución. Pero también llevó adelante una campaña contra distintas Organizaciones de Derechos Humanos, hostigó a periodistas críticos y presionó a la justicia.
Por todo esto es que sería muy sano para el oficialismo y la política en general que, en un año electoral y en el afán de conseguir votos, en lugar de subirse fácilmente a las mieles que produce la empatía con un vídeo que transmite una sensación de seguridad a la sociedad, con los delincuentes presos y controlados para permitir un desarrollo normal de nuestras vidas, pero que tiene un trasfondo que esa imagen no cuenta, debatan una verdadera política de seguridad que evidentemente necesita revisar normas y hasta tomar decisiones que incluyan sanciones ejemplificadoras para aquellos funcionarios y miembros de las fuerzas policiales que se asocian al delito.
Es tan grande la desolación que siente una gran parte de la sociedad al ver como los propios vecinos hacen justicia por mano propia para vengar el asesinato de un niño -como sucedió en Rosario-, es tan penetrante el miedo que los invade al saber que existen muchas posibilidades de que cualquiera de sus familiares, amigos o ellos mismos sean víctimas de la inseguridad, que solo por sacarse esa angustia de encima estarían dispuestos a resignar derechos o al menos a debatir su legitimidad con tal de conseguir un nivel óptimo de seguridad. El fracaso rotundo de la política de seguridad y de la lucha contra el narcotráfico del gobierno es responsable directo de que ese debate hoy esté abierto entre nosotros.
Daniel Santa Cruz
Fuente: La Nación
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